Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La advertencia es clara: las sanciones que impuso Estados Unidos a Colombia, incluyendo la suspensión de las visas de los funcionarios del gobierno Petro, quedaron en el aire, hasta tanto no aterrice el primer avión de deportados en Colombia. Si todo sale según el itinerario, en la madrugada de este martes 28 de enero llegará a Bogotá la primera aeronave proveniente de San Diego (California) con 110 colombianos expulsados por el presidente Donald Trump. Mientras sucede ese aterrizaje y el Departamento de Estado estadounidense lo verifica, hay dos temas que tienen a la comunidad internacional y expertos sentados sobre el borde de sus sillas.
Fuentes consultadas por este diario resumen así el problema: si la tensión entre Estados Unidos y Colombia sigue creciendo, a la velocidad y a la gravedad del domingo pasado, el tema que más consecuencias tendría sería la lucha contra el narcotráfico. “Creo que ninguno funcionario, ni en la Casa de Nariño ni en la Casa Blanca, hizo ese cálculo mientras los presidentes se cruzaban trinos y comunicaciones. La trascendencia de este tema es total para dos países que históricamente han sido socios fundamentales en el tema del tráfico ilícito de drogas”, expresó una fuente de la Fiscalía que pidió reservar su identidad, pero que conoce de primera mano la importancia de Estados Unidos en sus investigaciones a grandes capos.
Un rápido barrido a la historia de esa relación bilateral sirve para entender lo crucial del tema. El gobierno estadounidense, y sus agencias federales, no solo fueron piedra fundamental en las primeras investigaciones contra los grandes capos de la droga en los años 80, sino que esa cooperación siguió vigente, a través del Plan Colombia que arrancó en 2000, con una inversión inicial de más de US$7.500 millones de dólares del momento. El programa arrancó como un apoyo al gobierno de Andrés Pastrana y permitió financiar operaciones militares, erradicación de cultivos ilícitos y programas de desarrollo social. De ahí en adelante solo continúo el apoyo del país del norte.
Además, Estados Unidos participó en cientos de operaciones de fumigación aérea de cultivos ilícitos las cuales, aunque fueron suspendidas en 2015, fueron durante años una medida justamente para combatir el narcotráfico. El tema no para allí: la fuerza pública ha recibido donaciones de armamento militar y la capacitación de cientos de uniformados en esta misma lucha y, al sol de hoy, agencias federales, como DEA (que traduce la Administración de Control de Drogas) sigue apoyando operaciones de inteligencia del más alto calibre en contra de los jefes que hoy están al frente de los carteles de la droga y los cargamentos más pesados de sustancias ilícitas que siguen llegando a ese país y a costas europeas.
Por mencionar solo dos ejemplos de la historia reciente, el año pasado Estados Unidos donó cuatro helicópteros Black Hawk a la Policía y en octubre de 2021, la DEA participó en una megaoperación militar y policial que dio con la captura del quién fuera, hasta entonces, el hombre más buscado en el país: Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. “Es difícil pensar en la lucha contra el narcotráfico sin la alianza ya histórica entre Colombia y Estados Unidos. Por eso no entiendo por qué Estados Unidos se puso en esa posición. Quizás como una estrategia de demostrar su estrategia migratoria, pero a largo plazo puede salir muy mal para ellos también”, explicó Juan González, exasesor del expresidente Joe Biden sobre Latinoamérica.
Otro ejemplo de esta cooperación en la lucha contra el narcotráfico es la extradición. Aunque fue aprobada en 1980, fue suspendida durante casi 10 años, en plena arremetida sangrienta de los capos del Cartel de Medellín y de Cali, que se opusieron firmemente a su envío a una ceda en Estados Unidos. La fórmula solo revivió en 1997 y se mantiene vigente como un mecanismo clave para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Según datos del Ministerio de Justicia, entre 1999 y 2020, fueron extraditados más 2.300 personas, principalmente por delitos relacionados con el narcotráfico, y solo hasta mediados de 2023, Colombia ya había extraditado a 2.768 personas a ese país.
La extradición, no obstante, no ha escapado de polémicas. La principal está relacionada con una serie de órdenes del gobierno Uribe que llevaron a importantes jefes paramilitares a celdas de Estados Unidos en la década de los 2000, sin que hubieran solucionado sus procesos judiciales en Colombia, en especial, su aporte a la verdad. No obstante, la lista de capos y altos mandos de las autodefensas es larga. Por mencionar algunos: Carlos Lehder, del Cartel de Medellín; Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, del Cartel de Cali; y los exjefes paramilitares, Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego; Daniel Barrera, alias El Loco Barrera; Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón, y Salvatore Mancuso.
El apoyo financiero, técnico y militar de Estados Unidos a Colombia solo vino a tener cambios en marzo del año pasado, cuando la administración Biden recortó drásticamente los recursos de cooperación con Colombia y los dejó en US$413 millones de dólares, la cifra más baja en la historia. Pero, según los cálculos más con conservadores de organizaciones sociales que le siguen la pista a la cooperación binacional, el país del norte ha invertido en el país aproximadamente U$10.000 millones de dólares desde 2000, es decir, unos $42 billones de pesos. Ante la escalda de tensiones diplomáticas del domingo pasado, ningún portavoz se atrevió a mencionar el tema de las drogas.
“El asunto fue tan sensible que nadie se atrevió a tocar el tema más complicado. Colombia, sin el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, no tiene nada que hacer en esa guerra”, agregó la fuente de la Fiscalía. “También hay que ver lo que pasó bajo la óptica de que Estados Unidos quería mandar un mensaje muy claro y es que, si trata así a Colombia, que ha sido el país históricamente más leal en la región, pues puede hacer lo mismo con cualquier otro. Sin embargo, Estados Unidos tiene también mucho qué perder. Y uno de esos puntos débiles es, precisamente, la lucha contra las sustancias ilícitas, agregó Juan González.
El exasesor de Biden concluyó en la importancia de fortalecer la ruta diplomática, pues considera que, sin importar quién esté en la Casa Blanca, Estados Unidos “tiene intereses muy grandes en Colombia”. A la expectativa de lo que pase con el primer vuelo de deportados y de las reacciones impredecibles de ambos presidentes, están los expertos en la materia, no solo los que conocen de primera mano las ventajas de la cooperación entre agencias federales, sino también los que llevan años dependiendo de los apoyos logísticos y técnicos para operaciones militares. Todos, sin excepción, hacen un llamado a echarle un vaso de agua fría a un tema tan candente como la persecución de grandes capos y a sus cadenas de producción de sustancias ilícitas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más