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Una escuela de formación artística que aleja a niñas y niños de la violencia, una aplicación para que los campesinos puedan vender sus alimentos a los compradores en la ciudad sin pasar por intermediarios, una academia audiovisual que enseña a contar historias en comunidades golpeadas por la desigualdad, el desarrollo de productos para consumo humano y cosmético con frutos amazónicos que busca que la comunidad indígena recupere su vocación agrícola y, como ellos, más 200.000 emprendedores sociales trabajan a diario para cambiar realidades en sus entornos, en sus comunidades.
Pero no todos son formales, porque no saben cómo formalizarse o porque no les dan las ventas para pagarlo; no todos generan utilidades, no todos tienen acceso al sistema financiero, no todos han recibido apoyo del Gobierno Nacional. O por lo menos eso fue lo que encontró la “Radiografía del emprendimiento social en Colombia”, un estudio basado en 1.077 encuestas a emprendedores sociales del país, entre 18 y 65 años, de acuerdo con la organización Recon, que estuvo detrás de la investigación, especializada en este tipo de negocios en el país.
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¿Qué encontraron, en cifras? “El 66.66 % son microemprendimientos, empleando de una a cinco personas”, pero en el promedio general de toda la muestra se supo que trabajan 10 personas por cada negocio. El 73.21 % ya están formalizados (36.25 % como SAS y 20.48 % como fundaciones), un 14.76 % de los empresarios son víctimas del conflicto armado, “el 64.63 % considera que la falta de recursos financieros, la falta de apoyo del Gobierno y el acceso a educación limitan” su desarrollo, “65.09 % nunca han recibido recursos de apoyo”, el 78,18 % de los emprendedores sociales creen “que hace falta más apoyo por parte de consumidores finales” y, en línea con ello, “el 63,14 % considera la relación con el Gobierno como ‘regular’ y el 20,15 % como ‘mala’, reflejando la insatisfacción con el nivel de apoyo y las políticas implementadas”.
También se concluyó que “el 57,29 % de los emprendedores no se atreven a solicitar crédito financiero por los obstáculos. Solo el 19,12 % ha podido acceder y al 23,58 % se lo han negado”. Que “el 78,92 % de los emprendimientos sociales en Colombia mide su impacto social” y que “el 69,55 % obtiene sus ingresos de la venta de productos y/o servicios”, con tan solo un “10,03 % que los obtiene de donaciones”. “El 49 % se enfoca en construcción de paz”, el 7,52 % son afrodescendientes y el 2,97 % indígenas.
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Pero, más allá de estos números, ¿qué dice la radiografía sobre el talento y sobre lo que está pasando en las zonas rurales de Colombia? “Una tendencia fascinante: la alta tasa de jóvenes menores de 30 años liderando estos emprendimientos sociales. Este fenómeno no solo habla de una generación comprometida con el cambio social y la innovación, sino que también sugiere un prometedor futuro para el país en manos de líderes jóvenes, creativos y éticamente comprometidos”, le dijo a El Espectador Andrés Santamaría, director de Recon. “Más allá de las cifras y las políticas, lo que realmente está cambiando es la mentalidad de una nueva generación dispuesta a tomar las riendas del cambio social”, apunta.
Y respecto a la situación en las áreas rurales, dice Santamaría que “uno de los hallazgos más reveladores es el notable aumento de proyectos de emprendimiento social originados en zonas rurales y regiones periféricas de Colombia. Este fenómeno sugiere que, ante la percepción de una respuesta insuficiente o ineficaz por parte del Gobierno actual para abordar problemas sociales y ambientales, ciudadanos y comunidades enteras están tomando la iniciativa para generar soluciones desde el terreno”.
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En el documento se hace referencia a la necesidad de la reglamentación de la Ley 2234 de 2023 o Ley de emprendimiento social. ¿Por qué? “Para poder tener una política pública impulsada por el Estado que brinde garantías y oportunidades diferentes en cuanto a opciones de financiación, oportunidades para aplicar a licitaciones públicas enfocadas a generar que los emprendimientos no caigan en el valle de la muerte y puedan prosperar y crecer”, dijo Ricardo Alba Torres, emprendedor de Ekogroup H2O+.
“Es muy importante que los emprendimientos sociales tengamos un trato diferencial ante la ley, no se nos puede cargar con los mismos impuestos que una empresa que no está generando ese impacto positivo en lo social o ambiental”, agregó Ángela Herrera, de Manifiesta, Hecho en Colombia. “El primer paso para lograr la formalización es hacernos saber que no estamos solos, deben existir programas y estrategias desde el Estado que muestren los beneficios de ser una empresa formal y que los emprendimientos sociales estén acompañados de un trato diferencial en carga tributaria. No nos pueden medir y generar los mismos impuestos que a un negocio que solo genera utilidades. Se debe beneficiar a los emprendedores sociales que se formalicen, por ejemplo, para contratar con el Estado”.
Y ante estas peticiones, ¿qué dice el Gobierno? En conversación con El Espectador, Soraya Caro Vargas, viceministra de Desarrollo Empresarial, contó qué está haciendo el Ejecutivo: “Hemos venido trabajando los temas de emprendimiento y emprendimiento social de manera sistemática”. Aseguró que “la Ley de emprendimiento es bastante desarrollada y sobrepasa el límite de lo descriptivo, dice todo lo que tiene que decir”, “la propia ley hace referencia a que los instrumentos a través de los cuales se atiende al emprendimiento social pueden ser los mismos de la ley de emprendimiento general, que es la que venimos aplicando hace años y sobre la que se desarrollan todos los instrumentos de Innpulsa, Colombia Productiva e incluso de otros patrimonios que tenemos en el Ministerio”.
Caro habla de “un presupuesto en ejecución de $95.000 millones para emprendimiento social” y dice que se ha atendido población víctima, étnica, migrantes, retornados, reincorporados y mujeres, que han impactado a 23 departamentos. Reconoció que se debe trabajar sobre el diagnóstico que hizo esta “Radiografía del emprendimiento social en Colombia” y cree que, en cuanto a visibilización, “hay que darles mayor fuerza a las iniciativas del segmento para empezar a cerrar la brecha de acceso a los factores de producción”. El paso que sigue, tanto para Gobierno como emprendedores, es aquel en donde estos pequeños negocios puedan empezar a contratar con el Estado. De acuerdo con fuentes de El Espectador, esto ya está bastante avanzado y, si se logra, cambiaría la realidad de más de 200.000 negocios sociales que hay en el país.
Por Edwin Bohórquez Aya
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