¿De regreso a las cavernas?

Basta con darle una mirada a la exposición de motivos del proyecto que busca prohibir y sancionar el consumo y porte de la dosis mínima de droga, el cual pasó a cuarto debate tras más de diez intentos fallidos del Gobierno en el Congreso de la República. En efecto, se trata de una amplia argumentación que, en criterio de algunos analistas, va en contravía de lo que en su momento la Corte Constitucional definió como “el libre desarrollo de la personalidad”, en 1994.

Y aunque la polémica se ha concentrado en que un adicto no es un delincuente, sino un enfermo, el Gobierno intentó blindarse de esta crítica con la propuesta de llevar a los drogadictos a “tribunales terapéuticos” para ser tratados. “Lo que buscamos es garantizar el derecho al tratamiento a las personas consumidoras y darle instrumentos al Estado colombiano para perseguir la comercialización de la droga a través de pequeñas cantidades”, dijo el representante Nicolás Uribe, ponente de la iniciativa. La oposición, mientras tanto, insiste en que se trata de un “atropello a la libertad personal”.

Pero si bien el proyecto de prohibir el porte y consumo de la dosis mínima de alucinógenos tiene mucha tela de donde cortar y la discusión da para profundas disertaciones a favor y en contra, hay otros que de entrada pueden llegar a pensar en un Estado sobreprotector y ultraconservador, como si estuviéramos regresando a aquellas épocas de principios del siglo XX o incluso más atrás, cuando la Iglesia Católica establecía las normas y amenazaba con excomulgar a las ovejas descarriadas.

Allí está, por ejemplo, la intención de imponer ‘toque de queda’ a los menores de edad en todo el país, entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, dentro de la actualización del Código de Policía. La medida, que se aprobó en primer debate el pasado martes, obliga a los padres que incumplan la restricción a pagar multas de entre 1 y 20 salarios mínimos legales diarios. Pero además de eso, el joven sorprendido en la calle por fuera del horario establecido será llevado a centros de recepción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mientras los reclaman sus padres.

Y con la llegada al mercado de productos conocidos como energizantes, al representante a la Cámara Jorge Morales Gil se le ocurrió presentar una iniciativa regulando su comercialización y publicidad, de tal manera que se prohíba su venta a menores de edad. Una de las consecuencias planteadas a quien incumpla la norma es el sellamiento del establecimiento por 15 días y las personas naturales tendrán que pagar tres salarios mínimos mensuales vigentes.

Hay proyectos que buscan prohibir la venta de licor en sitios cercanos a universidades y colegios, y hasta se ha intentado legislar en materia de las relaciones sentimentales de los colombianos. En la legislatura pasada, el congresista boyacense Édgar Espíndola propuso multar con 20 salarios mínimos a quien le fuera infiel a su pareja. Según explicó, su objetivo era motivar la reflexión sobre el hogar como núcleo fundamental de la sociedad: “Es preocupante para el país ver cómo se incrementa cada día la desintegración familiar, afectando primordialmente a los niños y adolescentes, siendo una de las principales causas la separación por infidelidad”.

Pero no sólo en el Congreso crece la ola prohibicionista. En los concejos municipales también se conoce de iniciativas en ese sentido, como la que aprobó en primer debate el Cabildo de Bogotá y que prohíbe el ingreso de perros y gatos a los parques con el argumento de que impiden que los niños puedan gozar con seguridad y total esparcimiento de ellos. Según su gestor, el concejal conservador Ómar Mejía Báez, “corresponde a la administración municipal garantizar que en los parques públicos se disfruten, libres de peligros, las atracciones y los juegos dispuestos para los niños y las niñas, por lo cual las autoridades de Policía deben velar por la vigilancia y el cumplimiento de las normas vigentes por parte de los demás ciudadanos”.

¿En retroceso?

Lo que está sucediendo en el país, según el ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria —responsable de la sentencia sobre la dosis mínima y el libre desarrollo de la personalidad—, es ni más ni menos un gran retroceso tanto en materia de Derechos Humanos como en las libertades ciudadanas. “Todo por un desconocimiento de la Constitución del 91, que se hizo para que el conflicto y las dificultades se superaran mediante las libertades. Gobiernos como el de Álvaro Uribe no creen en eso y quieren volver a la Constitución del 86”, señaló Gaviria, quien además cree que los colombianos tenemos una conciencia punitiva y siempre se piensa en endurecer las penas.

Otros, como el ex presidente Ernesto Samper, piensan que sería mejor enfocarse a pedagogías de la educación en vez de caer en prohibicionismos, porque “en términos generales la educación es mejor que la prohibición y la prevención mejor que el castigo. El camino del prohibicionismo va creando la  idea de un Estado autoritario en el que los ciudadanos se comportan bien no porque tengan convicción, sino por temor a la sanción, lo cual va creando una psicosis que no es conveniente”.

En criterio del constitucionalista Juan Manuel Charry, se trata de una tendencia conservadora para darles mayor peso a la autoridad y al orden que al ejercicio de las libertades. El jurista describió la situación como una especie de “inmediatismo” en el Legislativo que no tiene ningún análisis de fondo de regulación en armonía con el respeto de las libertades. Y claro, en la actual coyuntura no faltan las miradas desde el punto de vista político, como la del senador liberal Héctor Helí Rojas, quien asegura que lo que vive hoy Colombia es un simple reflejo del “autoritarismo y personalismo que existe en el poder”.

 Un claro ejemplo del nuevo Estado que quiere construir el uribismo se refleja en el famoso consejo que una vez diera el presidente Álvaro Uribe sobre las relaciones prematrimoniales entre  los jóvenes: “Es mejor aplazar el gustico hasta la familia”, dijo. El cuadro se completa, según Rojas, con la llegada al Congreso de “representantes de facetas religiosas, no propiamente católicas sino divergentes, que promueven una cultura del oscurantismo y de la represión”.

Filosóficamente, el liberalismo promueve las libertades civiles y el máximo límite al poder coactivo de los gobiernos sobre las personas. Asimismo, aboga por el desarrollo de las libertades individuales y, a partir de ésta, el progreso de la sociedad.

Curiosamente, si miramos la tendencia del Gobierno frente a las posiciones de la Corte Constitucional, es claro que acudimos en la actualidad a una tendencia prohibicionista. Hay quienes dirán que ante tanta pérdida de valores ese es el único camino que nos queda para enderezar el rumbo. Otros, que estamos volviendo a la época de las cavernas.