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La violencia política en Colombia se mantiene como uno de los principales retos para la participación de las mujeres en la elección de cargos de elección popular. Así lo revelan no solo recientes informes, sino también testimonios directos de algunas de las congresistas que hoy en la actualidad tienen más relevancia en la escena nacional.
Según el estudio de ONU Mujer “3.000 voces por la democracia: experiencias de candidatas en Colombia para erradicar la violencia contra las mujeres en política”—realizado a más de 3.000 candidatas de las elecciones territoriales de 2023—, ocho de cada 10 mujeres en contienda sufrieron algún tipo de violencia política, y 2 de cada 5 aseguraron que no volverían a postularse. La representante adjunta de ONU Mujeres en Colombia, María Inés Salamanca, advirtió que esta violencia “limita la diversidad de las voces en espacios de decisión” y que solo 4 de cada 50 casos son denunciados, lo que confirma la magnitud del subregistro.
Pero lo cierto es que la violencia política no se limita a las campañas locales. Candidatas al Congreso también han denunciado ataques durante sus campañas y en el ejercicio de su cargo. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza señaló que la violencia no solo se manifiesta en amenazas físicas, sino también en agresiones sexuales y acoso verbal: “Estar en una posición de poder hace que el acoso sea mucho más común y frecuente”, afirmó.
Catherine Juvinao, también representante, denunció ataques constantes y comentarios ofensivos. “Me han llamado la ‘prepago del uribismo’ en varias ocasiones y he sufrido acoso. Estamos expuestas a violencias que afectan también nuestra salud emocional”. De manera similar, Katherine Miranda señaló que las formas de violencia son tanto simbólicas como institucionales, y la combinación entre estereotipos de género y prejuicios hacia las mujeres genera un entorno más hostil: “Hoy el miedo es constante, sobre todo para aquellas que hacemos oposición”.
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La senadora María Fernanda Cabal se sumó a las denuncias y expresó ser víctima de violencia política, proveniente principalmente desde el Congreso y las redes sociales: “He sido objeto de maltrato verbal (…) muchas veces he tenido que recurrir a la justicia, pero muy pocas veces avanzan esos procesos”.
Frente a este panorama, Pedraza subrayó que este tipo de violencia se amplifica en un país donde persiste la misoginia y los ataques sistemáticos contra las mujeres: “las mujeres somos los principales objetivos de la violencia política”.
Los tipos de agresión son variados. Según el estudio, el 4,6 % manifestó haber sufrido violencia física, el 25,4 % violencia sexual, el 40,6 % violencia económica y el 72,4 % violencia psicológica. A esto se suma que los casos afectan especialmente a mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Sin embargo, aunque el informe muestra una realidad preocupante en las regiones, la violencia política no se limita a las campañas locales. Candidatas al Congreso también han denunciado ataques durante sus campañas y en el ejercicio de su cargo. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza señaló que la violencia no solo se manifiesta en amenazas físicas, sino también en agresiones sexuales y acoso verbal: “Estar en una posición de poder hace que el acoso sea mucho más común y frecuente”, afirmó.
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Catherine Juvinao, también representante, denunció ataques constantes y comentarios ofensivos. “Me han llamado la ‘prepago del uribismo’ en varias ocasiones y he sufrido acoso. Estamos expuestas a violencias que afectan también nuestra salud emocional”. De manera similar, Katherine Miranda señaló que las formas de violencia son tanto simbólicas como institucionales, y la combinación entre estereotipos de género y prejuicios hacia las mujeres genera un entorno más hostil: “Hoy el miedo es constante, sobre todo para aquellas que hacemos oposición”.
La senadora María Fernanda Cabal se sumó a las denuncias y expresó ser víctima de violencia política, proveniente principalmente desde el Congreso y las redes sociales: “He sido objeto de maltrato verbal (…) muchas veces he tenido que recurrir a la justicia, pero muy pocas veces avanzan esos procesos”.
Frente a este panorama, Pedraza subrayó que este tipo de violencia se amplifica en un país donde persiste la misoginia y los ataques sistemáticos contra las mujeres: “las mujeres somos los principales objetivos de la violencia política”.
A esto se suman barreras económicas y de cuidado que dificultan aún más la participación femenina. Según el estudio de ONU Mujeres, el 29 % de las candidatas enfrentó obstáculos económicos por falta de apoyo de sus partidos, y el 93,1 % tenía cargas de cuidado no remuneradas. La Misión de Observación Electoral (MOE) complementó estos hallazgos: solo el 6 % de las candidatas al Congreso tenía hijos menores de seis años, frente al 35 % de los hombres en la misma situación, lo que refleja que la crianza constituye una barrera diferencial.
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“Las mujeres dedicamos 7 horas y 14 minutos a lavar, planchar, cocinar, criar (…) Eso es casi una jornada laboral”, señaló Pedraza, que además aseguró que estas tareas convierten la política en un desafío casi imposible para aquellas que deben asumir una doble jornada laboral no remunerada.
Para la representante Juvinao, las barreras del cuidado constituyen una forma de violencia política por la falta de adecuación de las infraestructuras físicas —tanto de los organismos legislativos como de las administraciones locales— que apoyen a las mujeres que son madres y que a su vez ejercen cargos de elección popular: “Hoy en día no se cuenta con zonas de lactancia, guarderías o zonas de cuidado infantil que cuiden a la primera infancia mientras las madres ejercemos nuestros puestos”. Según Juvinao, esto obliga a que las madres vean sacrificadas sus carreras políticas para ejercer las tareas de cuidado en sus hogares por la falta de respaldo estatal. “Las madres se ven tremendamente afectadas, pues no terminan haciendo bien ni sus tareas de cuidado ni su pleno ejercicio en los cargos”, agregó Juvinao.
Sin embargo, la senadora Cabal ofrece una postura contraria a las representantes y asegura que las condiciones están dadas y que la limitación no es estructural: “Yo no considero que haya ningún obstáculo para que las mujeres participen en política… todas las mujeres tienen la libertad de hacerlo”. Cabal considera que las tareas del cuidado no impiden competir y sostiene, incluso, que obligar la participación a través de paridades es un error: “Eso de la paridad y las listas cremalleras me parece un despropósito y una forma de cosificar a la mujer”.
Pese a que la participación femenina ha alcanzado niveles históricos en Colombia —el 30 % de las curules del Congreso 2022-2026 están ocupadas por mujeres— y a que crece el número de proyectos legislativos con enfoque de género, el informe de la ONU Mujeres y los testimonios de las representantes coinciden en que aún falta garantizar seguridad plena y reducir la violencia política.
Colombia tiene el reto de la implementación efectiva de la Ley 2453 de 2025 —que busca de manera prioritaria la prevención, atención y sanción de la violencia política hacia las mujeres— de cara a las próximas elecciones del 2026.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, enfatizó que “es urgente transformar la manera en que se aborda la participación política femenina. No se trata solo de que las mujeres hablen y legislen para las mujeres, sino de erradicar estigmas”. Por su parte, ONU Mujeres hizo un llamado a las instituciones a brindar garantías reales en las próximas elecciones y concluye que “ninguna mujer debería escoger entre sentirse segura o participar en política”.
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