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Un diálogo reciente y directo entre el presidente Gustavo Petro y el nobel de Paz y exmandatario Juan Manuel Santos pasó desapercibido para el grueso de la opinión, pero fue la clave para que el país volviera a entrar esta semana en el debate de una eventual asamblea constituyente que, sin duda, también será un tema definitivo para las presidenciales del 2026.
La cita fue la semana pasada y muy discreta. Y si bien el tema central no fue cómo hacerle una cirugía a la Constitución de 1991 –algunas fuentes dicen que, incluso, ni se tocó–, sí sirvió de base para que la Casa de Nariño reforzara su relato en torno a que hay varios aspectos, incluido el de la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, que están frenados y requieren de un impulso institucional que necesariamente pasa por ajustar la Carta Política.
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Ese encuentro, aplazado por varios meses debido a la distancia que existía entre Petro y Santos –que pasó por algunos desplantes del jefe de Estado con el expresidente–, tenía como eje precisamente la implementación del pacto de La Habana, que ha usado el actual inquilino de la Casa de Nariño para promover un supuesto impedimento desde las otras ramas del poder público, Legislativa y Judicial, a las acciones que se requerirían para llevar a buen puerto un acuerdo que solo en inversión proyectada a 15 años (desde 2016) se calcula necesitaría de al menos $200 billones.
Santos, por supuesto, enfatizó lo que ya le había dicho a El Espectador en cuanto a que su principal legado como mandatario no puede ser usado con fines constituyentes, así Petro y varios de sus alfiles insistan en que sí abre esa vía. Pero los dos saben que, más allá de esa discusión política y jurídica, sus vertientes ideológicas pueden volverse un contrapeso de esa otra corriente que hoy hace oposición y que también ya encendió motores para recuperar la Casa de Nariño en 2026.
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Y es justo ahí donde el relato constituyente, la implementación del acuerdo con las Farc y el aterrizaje de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior se conectan. De hecho, eso fue parte de lo que se habló a puerta cerrada y por cerca de dos horas entre el mandatario y su nuevo funcionario, en otra reunión clave que se realizó el pasado miércoles en el despacho presidencial.
En ese escenario, totalmente privado, se trazaron unas prioridades que se deben desempeñar durante los próximos meses, que incluyen la agenda legislativa oficialista que se echará a andar desde el próximo 20 de julio y las alternativas que hay de construir una nueva coalición que ayude a empujar el proyecto progresista que tiene la primera administración de izquierda pura y que poco ha avanzado en medio de las constantes polémicas que desata la propia Casa de Nariño.
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La génesis constituyente
En medio de esas definiciones fue que revivió el llamado acuerdo nacional como la primera etapa de un proceso que en Palacio esperan derive en la constituyente. Por eso, el propio Cristo –consciente de la polémica que se iba a desatar– salió públicamente a explicar que desde la segunda semana de julio comenzarán diálogos directos con todas las fuerzas políticas, incluyendo a la oposición, para encontrar consensos en torno a un proyecto que, según el mismo ministro, se concretaría con quien asuma el poder en las siguientes presidenciales.
De ahí que el petrismo y otras fuerzas de izquierda y de centro promuevan un anticipado debate electoral, aún sin candidatos fijos y con poca fuerza entre los que han despuntado, que permita que el país entre en modo campaña para pavimentar la vía que les permita seguir comandando la rama Ejecutiva.
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El ahora exministro Luis Fernando Velasco se lo confesó así a este diario cuando se le preguntó si se planteaban una reelección del progresismo: “Es nuestra aspiración; yo sí creo que una alianza de sectores de centro, centro-izquierda y el progresismo tiene una gran posibilidad si somos capaces de rematar bien el Gobierno”.
Y para “rematar bien el Gobierno” es que Petro ajustó su gabinete en las carteras del Interior, Justicia, Agricultura y Transporte –aunque aún se prevén más cambios–, haciendo énfasis en que quienes lleguen deben estar plenamente comprometidos con la ejecución del programa con el que en 2022 ganó en segunda vuelta con 11,2 millones de votos en su tercer intento por lograr la Presidencia de la República.
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Además, llamó al orden a los dos bandos en los que se le dividió la Casa de Nariño, pues esa puja interna por ser el círculo íntima más influyente en el oído del jefe de Estado derivó en acusaciones de “fuego amigo” –como lo bautizó Verónica Alcocer (la primera Dama)– y en expedientes penales por presuntas persecuciones entre los mismos miembros del Gobierno. Si bien estos episodios aún están por resolverse, también tocan a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia; al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González; y, entre otros, a la cabeza de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.
Pero mientras estos episodios se esclarecen, al igual que los escándalos de corrupción que han salpicado al Ejecutivo –siendo el más bochornoso el del saqueo a los recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres–, las fichas del ajedrez político se siguen acomodando. Y todo en medio de un discurso ambiguo, pues el propio Petro ha llegado a negar que propusiera una asamblea constituyente; también habló de “poder constituyente” y en otro momento hasta mencionó el camino de un referendo. Eso sí, la apuesta concreta es reformar la Constitución y apuntar a la convocatoria de la asamblea para mover una agenda amplia de cambios estructurales.
El Espectador confirmó que ya hay varios acercamientos entre los partidos que se auparon bajo la chapa de Pacto Histórico y cuyos voceros, según el intercambio de mensajes que este diario atestiguó, verían con buenos ojos hacer una sola colectividad de izquierda que promueva con más fuerza el relato constituyente y que compita por las mayorías para el Congreso en 2026. Esto último es clave, porque Petro siempre se queja en privado y en público de la forma en que, según él, el actual Capitolio le frenó el grueso de sus reformas; esto, de hecho, fue lo que esbozó en marzo pasado cuando en Cali, desde Puerto Resistencia, agitó por primera vez la convocatoria de una asamblea constituyente.
“Es posible sostener el proyecto político que permitió el éxito de Gustavo Petro si y solo si somos capaces de fusionarnos en un partido unitario y fortalecer el frente amplio”, confirmó recientemente Eduardo Noriega, delegado de Colombia Humana ante el Pacto Histórico. Incluso, fue más allá: “Claro que la Constitución Política se puede y se debe cambiar”.
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Aquí también juegan figuras como la senadora María José Pizarro y el representante David Racero, quienes vienen insistiendo en la necesidad de darle un nuevo aire al llamado transfuguismo para que los actuales legisladores –incluyéndolos a ellos dos– se puedan cambiar de partido sin ser sancionados o perdiendo sus curules. Esto cuenta con la bendición de Petro, pero aún no logra respaldo unificado en un Congreso que desde el 20 de julio tendrá en el Senado al conservador Efraín Cepeda como presidente, cada vez más contradictor del Gobierno, y en cuya Cámara se librará una dura batalla por comandar la institución entre las representantes Katherine Miranda, más cercana a la oposición, y Martha Alfonso, del ala petrista de Alianza Verde.
En los comités políticos que realiza Petro en las mañanas de los lunes este tema también se ha tocado e hizo parte de la cita privada que tuvo con Cristo, pues el Congreso es el escenario por el que debe pasar la convocatoria a la constituyente, un referendo o un acto legislativo si los acuerdos políticos no logran dar el suficiente apoyo para intentar las dos primeras vías. Además, la plenaria del Senado elegirá al procurador que reemplace a Margarita Cabello y la de la Cámara al sucesor de Carlos Camargo en la Defensoría; y ambas entidades, sin contar con los relevos que habrá en la Corte Constitucional y en la junta del Banco de la República, el jefe de Estado las quiere controlar.
La apuesta a largo plazo
Ahora bien, en todo ese tejemaneje constituyente y de disputas por el poder, hay actores que analizan si deben o no reincorporarse al debate electoral. Uno de ellos es el embajador en Reino Unido, Roy Barreras, quien no aceptaría aún ingresar al gabinete porque tendría que renunciar en marzo próximo para no inhabilitarse si se decide por buscar la Presidencia, pues, además, ya tiene partido propio: Fuerza de la Paz. Y, de hecho, el diplomático es otro de los funcionarios que, junto a Luis Gilberto Murillo (Canciller) Guillermo Rivera (embajador en Brasil) y Armando Benedetti (delegado ante la FAO), hicieron parte de la colación y del gobierno de Santos y que ahora están en la administración petrista.
Si bien Santos negó tajantemente tener cuotas en el actual Gobierno, su cercanía con estos funcionarios sí le permite tener cierta ascendencia sobre sus decisiones con impacto político. Una de ellas, por supuesto, la que se relaciona con la viabilidad de un acuerdo nacional –figura incluida en el Acuerdo de Paz que firmó con las FARC– que derive en una constituyente.
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Sus posturas, además, no son de poca monta. El Espectador supo que lo sucedido en 2014 cuando Santos se lanzó a la reelección para “salvar” el proceso de paz que en ese entonces iba a medio camino con las FARC, y lo que pasó en 2018 cuando infructuosamente intentó dejar sucesor para garantizar la continuidad de sus postulados, han sido parte de los análisis del tablero electoral que han hecho Petro y sus aliados para trazar su estrategia. La meta es no perder la comandancia de la Casa de Nariño en las siguientes elecciones.
Pero sus opositores, que van desde los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, y pasan –entre otros– por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, también tejen sus propios movimientos para intentar sacar al progresismo del poder en el 2026. No obstante, aún no logran acuerdo entre ellos y hasta difieren en sus posturas sobre una asamblea constituyente.
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Mientras que Vargas Lleras y una parte de Cambio Radical (su partido) sí se quieren montar en esa disputa, Uribe y Duque, junto al grueso del Centro Democrático, la rechazan de forma unánime y hasta advierten que sería la vía de Petro para buscar la reelección.
Sin embargo, una de las personas más cercanas al jefe de Estado, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, le dijo a este diario que ese fantasma no tiene por qué asustar a los opositores del Gobierno. “Petro siempre ha dicho que no es adicto al poder”, precisó y –de paso– advirtió que “descarto que Petro imponga autoritariamente la Asamblea Nacional Constituyente”.
Lo cierto es que ya hay al menos nueve puntos sobre los que Petro quiere que gire el acuerdo nacional que podría derivar en esa cirugía profunda a la Constitución de 1991 que, no obstante, en campaña prometió no tocar: garantía inmediata al derecho universal a la educación, la salud y las pensiones; nuevo ordenamiento territorial; desarrollo económico y social de los territorios excluidos; reforma agraria; adaptación a la crisis climática; reforma a la justicia; reforma política; pacto por una economía productiva; y verdad judicial y perdón social para una paz definitiva.
Aunque el camino a transitar no es sencillo ni en lo político ni en lo jurídico, lo cierto es que el relato constituyente de Petro, quien aún no cumple sus dos primeros años en el poder, fortaleció el polarizado y anticipado debate por las elecciones de 2026 y puede ser tal vez la apuesta más riesgosa de su carrera política por la necesidad –en momentos en que hasta a la prensa la terminó graduando de enemiga– de levantar una administración que no supera el 40 por ciento de aprobación y que así y todo quiere hacer reelegir como proyecto político.
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