En la mira por las ‘chuzadas’

La configuración del G-3 en el DAS, que entre 2004 y 2008 realizó seguimientos ilegales, solicitó interceptaciones de teléfonos y de correos, así como listas de residencias y datos personales o anotaciones de inteligencia —hábitos, debilidades, fortalezas, cuentas y créditos, propiedades y hasta el colegio de los hijos o residencias familiares— de defensores de Derechos Humanos, periodistas, magistrados y políticos de oposición, un año después de que estallara el escándalo, derivó en pliego de cargos contra casi toda la cúpula del DAS de entonces. Por extralimitación de funciones, el secretario general de Palacio, Bernardo Moreno, y el director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren, fueron cobijados con esta medida.

Las autoridades encontraron documentos del DAS en los que además se avaló emprender campañas de desprestigio en contra de los “blancos políticos”, obteniendo de éstos fotografías y un mapeo de sus contactos para controlar citas o fechas de eventos a los que asistían. Una vigilancia técnica que se ejecutó incluso en contra del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; la premio Nobel de Paz iraní, Shirin Ebadi; funcionarios de Naciones Unidas; magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema; ex comisionados de paz o el actual embajador ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos.

Con una particularidad: eran los propios detectives asignados a los esquemas de seguridad de estos personajes quienes dejaban consignados reportes sobre lo que hacían y dejaban de hacer. Espías, para más señas. El grupo era coordinado por Jaime Fernando Ovalle Olaz, un sujeto que durante 16 años estuvo al frente de operaciones de inteligencia y que falleció hace un mes. Según el expediente, el ex subdirector José Miguel Narváez propició estas prácticas respaldado por Jorge Noguera, ambos llamados a juicio, el primero por el escándalo de las ‘chuzadas’ y el segundo, por sus nexos con las autodefensas. A ellos dos, el Procurador les formuló pliego de cargos.

Los ex directores María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate también fueron afectados con la decisión. En el caso de este último se advierte que fue porque, presuntamente, omitió su deber de poner en conocimiento de las autoridades las irregularidades en el DAS. Algo paradójico, se diría, pues en el juicio contra Noguera declaró que una vez lo sucedió en el organismo, en octubre de 2005, se percató de que había sido uno de los “blancos”. En relación con Hurtado, el Procurador advirtió que, supuestamente, entregó información reservada al secretario Bernardo Moreno, abusando de sus funciones, y que ordenó seguimientos a magistrados de la Corte Suprema. Idéntico caso ocurrió con Mario Aranguren, quien entregó informes de análisis financiero sin órdenes que lo soportaran, en particular, uno denominado Caso Paseo.

Carlos Arzayús, Fernando Tabares y Jorge Lagos, asimismo, deberán responder disciplinariamente por el espionaje desplegado por el DAS. Enterado de la determinación, Bernardo Moreno, en un escueto comunicado, dijo que está dispuesto a aclarar su participación en la posible extralimitación de funciones “al solicitar información reservada relacionada con el señor Ascencio Reyes”, y destacó que no se formularan cargos en contra de Jorge Mario Eastman —hoy viceministro de Defensa— y César Mauricio Velásquez —secretario de prensa de la Casa de Nariño— “con relación a las presuntas interceptaciones ilegales”.

Uno de los documentos hallados por las autoridades es un memorando titulado “Seguimiento a organizaciones y personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales, con el fin de restringir o neutralizar su accionar”. De ese talante eran las órdenes de operaciones, y el Colectivo de Abogados José Alvear y otras ONG asociadas padecieron durante años operativos de inteligencia “a cubierta”. En seguimientos al periodista Hollman Morris aparecen documentos en los que se habla de casetes con conversaciones, y hasta se llegó a la desfachatez de crear un manual para amenazar a sus “blancos”. El caso de Claudia Julieta Duque es patético. Ella y otros colegas recibieron sufragios.

La Procuraduría precluyó la investigación en favor de 15 funcionarios, pero compulsó copias para indagar las responsabilidades de tres ex directores de inteligencia y cinco altos ex funcionarios por este asunto, y pidió al Consejo de la Judicatura que investigue qué funcionarios permitieron, desde la plataforma Esperanza de la Fiscalía, ‘chuzadas’ ilegales. De todos los encartados, el ex director de inteligencia Carlos Arzayús y el fallecido Fernando Ovalle han sido los únicos en aceptar su responsabilidad. Los demás se han declarado inocentes. Hace un mes, sin embargo, la Fiscalía acusó a siete ex funcionarios del DAS por estos bochornosos sucesos.