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David Rabelo Crespo cargó durante 16 años el lastre de una investigación judicial en la que nunca tuvo nada que ver. Pasó de ser líder de derechos humanos en el Magdalena Medio a ser señalado de pertenecer a las Farc y vinculado al homicidio de un contrincante político. Pasó siete años en prisión y aguantó todo el peso de la injusticia de una condena en su contra, confirmada en segunda instancia. Aunque desde el comienzo del proceso ya existían dudas sobre los testigos que lo implicaron en un expediente por concierto para delinquir y homicidio agravado, solo hasta enero de 2025, la justicia hizo justicia. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) echó al piso toda la investigación en su contra y declaró, por fin, que es inocente.
La decisión la tomó la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, con ponencia de la magistrada Caterina Heyck Puyana, luego de estudiar el expediente desde 2018, cuando evidenció que había nuevas pruebas para revisarlo. Lo que constató la justicia transicional es que la sentencia contra el defensor de derechos humanos fue injusta y se basó en testimonios que no merecían la credibilidad que les dio la justicia ordinaria. Por eso, el tribunal tumbó la decisión en primera instancia emitida el 16 de noviembre de 2012 por un juzgado de Bucaramanga y la que luego confirmó el Tribunal Superior de esa misma ciudad al 10 de octubre de 2013. Además, dejó constancia judicial de que Rabelo nunca perteneció a las Farc.
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Para tomar la decisión, el Tribunal para la Paz tuvo en cuenta una decisión crucial de la Corte Suprema de Justicia que, en abril de 2018, absolvió al excongresista liberal, Aristides Andrade, acusado exactamente por los mismos hechos y testigos del caso Rabelo. Todo inicio en abril de 2008, cuando Mario Jaimes Mejía, conocido como El Panadero, se presentó ante Justicia y Paz. Para entonces, El Panadero llevaba nueve años en prisión sin haber aportado información relevante sobre sus actividades en el paramilitarismo, incluyendo su participación en la masacre de Barrancabermeja, ocurrida en mayo de 1998, donde siete personas fueron asesinadas y 25 más desaparecieron.
Con su cupo en Justicia y Paz, pronto sacó a relucir su habilidad para obtener dividendos de ese ingreso. En lugar de confesar sus crímenes como paramilitar, recordó que antes había sido guerrillero del frente 24 de las Farc y afirmó tener un episodio que contar: su participación directa en el asesinato del secretario de Obras de Barrancabermeja, David Núñez Cala, ocurrido el 5 de abril de 1991. El Panadero admitió que conducía la moto desde la cual un cómplice asesinó a Núñez Cala, y agregó que David Rabelo y Aristides Andrade participaron en la planeación del crimen. Aunque eran de bandos opuestos, pues Rabelo militaba en la Unión Patriótica, ambos compartían algo en común: su oposición al avance paramilitar en Santander.
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En julio de 2009, el fiscal William Pacheco, hoy procesado por desaparición forzada, tomó la declaración de El Panadero y arrancó la investigación contra el líder de derechos humanos y lo mismo hizo la Corte Suprema de Justicia contra el político. Lo que Rabelo y Andrade siempre insistieron fue en que la justicia nunca los escuchó y solo tuvo en cuenta el testimonio de paramilitares, como El Panadero y Fremio Sánchez, contra quienes ya había pruebas de que habían cuadrado sus versiones, incluso a cambio de dinero, en la cárcel de Itagüí. Sin embargo, a esas versiones acomodadas de los testigos, se les atravesó una movida judicial en 2011 que cambió por completo el curso de las investigaciones contra Rabelo y Andrade.
En 2022, la Ficsalía ordenó revisar el caso de la periodista Jineth Bedoya, que permanecía en la impunidad, y en febrero de 2012, El Panadero fue llamado a indagatoria por el secuestro, tortura y abuso sexual que vivió la periodista en mayo de 2000. Entre tanto, la defensa de Andrade denunció al paramilitar por falso testimonio y fraude procesal en mayo de 2013 por la declaración que había llevado a la Fiscalía y a la Corte Suprema a iniciar las investigaciones contra Rabelo, quien fue capturado y condenado, y contra Aristides, quien, al no ver garantías, decidió enfrentar desde la clandestinidad. Aunque El Panadero logró retrasar el proceso durante años, en febrero de 2016 aceptó su responsabilidad y fue condenado a 28 años de prisión.
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A partir de ese momento, la suerte de Rabelo y Andrade comenzó a cambiar. En junio de 2017, tras seis años y nueve meses en prisión, Ravelo se acogió a la JEP y quedó en libertad. Dos meses después, por faltar a la verdad, El Panadero fue expulsado de Justicia y Paz, mientras que el proceso por falso testimonio y fraude seguí varado por maniobras dilatorias. Luego, en abril de 2018, exactamente 10 años después de los señalamientos de El Panadero, Aristides Andrade fue absuelto por la Corte Suprema. El alto tribunal demostró que la reunión de la que hablaron los paramilitares en la que supuestamente Andrade y Rabelo participaron en la planeación del crimen contra David Núñez Cala, nunca existió.
Pese a que El Panadero enfrentó un proceso por fraude procesal y falso testimonio, precisamente luego de ser denunciado por Andrade, en ese expediente, la justicia también le falló a las víctimas. Sin explicación alguna, la Fiscalía y los jueces que conocieron el proceso se equivocaron a la hora de anexar las pruebas en su contra y, cuando llegó el momento de una sentencia, no hubo otra opción que absolverlo. En medio de dilaciones Mejía y su defensa, fue absuelto en primera y segunda instancia y el caso, entonces, llegó hasta la Corte Suprema. En febrero del año pasado, el alto tribunal evidenció esas equivocaciones y tumbó los fallos. Sin embargo, ya se había agotado el tiempo para seguir investigándolo y no hubo otra opción que declararlo prescrito.
Con la condena contra El Panadero por el caso de Jineth Bedoya; su expulsión de Justicia y Paz por mentiroso y las denuncias en su contra; la judicialización contra el fiscal que abrió el proceso contra Rabelo; la absolución de la Corte a favor de Andrade y la insistencia sin descanso de su defensa, por fin la justicia se pronunció. Además de tumbar la sentencia en contra del líder de derechos humanos, la JEP ordenó investigar a Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC y ahora gestor de paz del gobierno Petro. Según el Tribunal de Paz, el exjefe paramilitar, condenado por más de 1.500 hechos violentos ocurridos en Antioquia, Bolívar, Santander y Cundinamarca, habría tenido un interés particular en incriminar al líder.
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Al conocer su victoria, David Rabelo expresó: “Me hicieron ese montaje judicial siendo defensor de derechos humanos, me encarcelaron por siete años, cuando había evidencia de que paramilitares estaban mintiendo. Me condenaron y después de 16 años de una batalla por la verdad, donde nunca fallecí, mi familia estuvo apoyándome, las organizaciones de la ciudad apoyándome y siempre creyeron en mi inocencia. Hoy tengo que decirlo a la opinión pública: David Rabelo fue declarado inocente por cuanto la JEP, después de una exhaustiva investigación, demostró que su inocencia y que fue víctima de montaje judicial. Hoy la verdad sale a relucir”.
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