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El martes 27 de junio de 2017 comenzó a destaparse el mayor escándalo de corrupción en la historia de la justicia colombiana. La vicefiscal del momento, María Paulina Riveros, anunció en una rueda de prensa, transmitida por todos los canales de televisión y replicada en periódicos y emisoras, la captura por corrupción del entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. Uno de los funcionarios más importantes de la rama Judicial quedó a punto de ser extraditado a Estados Unidos por cometer los mismos delitos que tenía el deber de perseguir. (Lea: ¡Ojo! Se abre convocatoria para que víctimas del conflicto accedan a la educación superior en Bogotá)
En su despacho reposaban las investigaciones contra Odebrecht, Reficar, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) o el cartel de la chatarrización. Viajaba por el país anunciando capturas de corruptos y promocionando un video en el que invitaba a la gente a denunciar los delitos con la promesa de que no quedarían impunes. Ante la opinión, era referente de ética y de lucha contra la injusticia, lideraba la campaña “Bolsillos de cristal” para promover transparencia, dictaba clases de derecho penal y había publicado un libro sobre falsos testigos. Pero resultó ser una ficha del cartel de la toga, dedicado a entorpecer y dilatar procesos a cambio de dinero.
Lo acusaron de recibir $500 millones de Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, para demorar su condena y $2.000 millones del senador Musa Besaile, a cambio de frenar una orden de arresto en su contra por parapolítica. Lo que parecía una paradoja de mal gusto terminó siendo la punta de una organización dolosa en la que participaban prestigiosos abogados. En particular, Moreno señaló a los exmagistrados de la Corte José Leonidas Bustos, Gustavo Malo y Francisco Ricaurte; hoy presos o investigados. La Fiscalía, además, ha procesado a más de cincuenta funcionarios de menor rango por el escándalo.
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Hace pocos meses, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura publicó en su página web un informe sobre las sanciones impuestas a abogados, funcionarios y auxiliares de la justicia, desde enero de 1992 hasta abril de 2019. Ese estudio sugiere respuestas a las preguntas de los ciudadanos sobre la crisis de la justicia y revela que, después de la Constitución del 91, han sido sancionados 20.734 abogados en ejercicio y 2.730 magistrados, jueces y fiscales por conductas inadecuadas, irresponsables, ilegales y antiéticas.
Los comportamientos sancionados más frecuentes son: aconsejar a los clientes la realización de actos fraudulentos contra particulares, apropiarse del dinero de los clientes sin realizar la gestión para la que fueron contratados y manipular indebidamente dineros o bienes que les fueron entregados en virtud de los procesos. Otras conductas sancionadas fueron incurrir en conductas dilatorias, apropiarse de casos que están siendo manejados por otros colegas y usar pruebas o poderes falsos. Como dice coloquialmente Juny Montoya Vargas, directora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes, “si los abogados, que son los llamados a defender los derechos de los ciudadanos, están dispuestos a vulnerarlos, apague y vámonos. El colmo de los abogados es llamarlos para que nos defiendan de un ladrón y sean ellos quienes terminen robándonos”.
Las sanciones impuestas por el Consejo de la Judicatura son cinco y dependen del tipo y de la gravedad de la falta. La censura, que consiste en reprobación pública al infractor por la falta cometida; la multa, que representa una sanción económica que no puede ser inferior a un salario mínimo mensual ni superior a cien; la suspensión, que prohíbe el ejercicio de la profesión por el término señalado en el fallo y oscila entre dos meses y tres años, y la exclusión, que implica la cancelación de la tarjeta profesional y prohibición para ejercer la abogacía. Antes de 2011 también se utilizaba la figura de la amonestación.
El análisis muestra que la sanción más común es la suspensión (11.761 abogados), seguida de la censura (7.914 abogados), la exclusión (580 abogados), la amonestación (320 abogados) y la multa (159 abogados). En cuanto a los funcionarios judiciales: 1.277 fueron suspendidos; 858, multados; 312, amonestados y 283 fueron destituidos (ver infografía). (Puede leer: Universidad Digital de Antioquia ofrece 2.000 becas profesionales completas)
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¿Son los abogados y funcionarios de la rama Judicial más propensos a la corrupción que otros profesionales? ¿Este fenómeno es específico del sector o afecta a toda la sociedad? ¿Es más grave que un abogado incurra en conductas antiéticas a que lo haga un médico o un ingeniero? ¿Cuál es el origen de estos comportamientos? ¿Es responsabilidad de la familia, del colegio o de las facultades de derecho? ¿Cuáles son las consecuencias de estas prácticas? ¿Qué alternativas se podrían poner en práctica para mitigarlas y reducirlas?
Las fuentes consultadas para el artículo coinciden en tres puntos: a pesar de lo escandaloso del informe, las conductas antiéticas afectan a la sociedad en su conjunto y no solo a los abogados. El hecho de que pase en todas las profesiones no es excusa para que ocurra en la justicia. Y finalmente, los abogados y funcionarios judiciales tienen una responsabilidad adicional porque sus conductas inadecuadas afectan el orden social y vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Augusto Trujillo Muñoz, vicepresidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y profesor de derecho constitucional desde hace más de veinte años, afirma que el problema de la ética en el derecho es indisoluble frente al problema de la ética en la sociedad. “Creo —dice Trujillo— que la sociedad entró en un proceso de descuadre ético cuando cambió su ética religiosa por una ética civil. El país abandonó la ética religiosa, pero no fue capaz de construir ética civil. Por eso quedó sumido en el peor de los mundos: un mundo sin ética”. Y agrega: “Con una mano soltamos la ética religiosa, pero con la otra no alcanzamos a coger la ética civil. Ese limbo, esa tierra de nadie, es el escenario ideal para que se reproduzcan comportamientos inadecuados”.
Esa sensación de orfandad fue tal vez la que llevó al polémico abogado Abelardo de la Espriella a decir, sin sonrojarse, que “la ética no tiene que ver con el derecho. El derecho —insistió De la Espriella— es una normatividad que busca regular la vida en comunidad, la ética es un código de conducta interno”. La distancia entre lo ilegal y lo antiético ha hecho que muchos profesionales olviden su deber con los ciudadanos. Como dice José Fernando Mestre, abogado litigante y doctor cum laude en Ciencias Jurídicas de la Javeriana, el deber ser es que los abogados estén haciéndose preguntas y juicios de valor para hacer cada vez más pequeña la brecha entre lo ético y lo legal. “Sin duda el ejercicio del derecho debe estar ligado a la ética profesional, al actuar dándoles sentido positivo a las situaciones y a la trascendencia positiva hacia el mundo”, afirma Mestre.
Para Helena María Alvear, exdecana de Derecho de la Universidad de los Andes y profesora titular de la misma facultad, al problema del vacío ético se suma una profunda crisis de valores. “Estas conductas indebidas son también producto de la cultura de la violencia y el narcotráfico. En Colombia se premia la plata fácil, el incumplimiento de las normas y el éxito a cualquier precio. No importa pasar por encima de los demás con tal de conseguir los propósitos propios. Ahí comienza el problema”, asegura Alvear.
Si bien en el país parece haber una crisis ética que afecta a todos los sectores de la sociedad, lo que pasa con los abogados es preocupante si se tiene en cuenta, por ejemplo, que, entre 1999 y 2017, el Tribunal de Ética Médica había sancionado a 2.000 doctores y a que, en la actualidad, solo hay 54 ingenieros sancionados por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. Para hacerse una idea de la magnitud del asunto vale la pena comparar los datos de 2016. En ese año sancionaron a 1.122 abogados, 106 funcionarios de la rama Judicial y solo treinta ingenieros.
Sin embargo, esta diferencia en las cifras no es concluyente y puede responder a varios motivos: el Consejo Superior de la Judicatura hace más fácil el acceso a la información, hay un registro más riguroso en las sanciones contra los abogados o efectivamente en las profesiones relacionadas con la justicia se refleja con crudeza la crisis ética y de valores que padece la sociedad colombiana. (Le puede interesar: Un experimento educativo del dalái lama aterriza en Tuluá)
A esto hay que sumarle otro ingrediente: a los funcionarios judiciales y a los abogados se les ha confiado no solo la defensa, sino también la promoción de los derechos humanos. Por eso se les exige un actuar apegado a los cánones legales y éticos establecidos en la carta política. Para Pedro Alonso Sanabria Buitrago, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, “los abogados constituyen el vehículo necesario para que el ciudadano acceda a la justicia; los profesionales del derecho están en la obligación de atender los deberes que garanticen la dignidad y el decoro de la profesión”.
De hecho, el Barómetro Global de la Corrupción revela que en Latinoamérica el 40 % de las personas creen que los jueces y magistrados son, en su mayoría o en su totalidad, corruptos. Además, la Gran Encuesta Elecciones 2018 publicó que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional tenían una imagen desfavorable del 52 % y el 56 %, respectivamente, ocupando los últimos puestos de la medición.
“Uno de los factores que explica el incremento de la percepción de corrupción tiene que ver con los escándalos en las altas cortes. Ni durante la Constitución del 1886, que yo recuerde, ni durante los primeros veinte años de la Constitución de 1991 hubo graves escándalos de indelicadezas o de corrupción en las altas cortes”, escribió Rodrigo Uprimny, abogado e investigador de Dejusticia, en la radiografía de la corrupción 2016-2018, realizada por Transparencia por Colombia.
Astrid Liliana Sánchez, directora del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, insiste en que el fenómeno de corrupción en el mundo judicial es más grande y complejo de lo que muestra el informe del Consejo de la Judicatura. “A pesar de que las cifras son escandalosas, el subregistro sigue siendo alto. La mayoría de estas conductas indebidas no son denunciadas, ni investigadas y mucho menos sancionadas”.
La postura de Sánchez tienen sentido si se tiene en cuenta que en Colombia hay aproximadamente 400.000 profesionales del derecho, es decir 355 abogados por cada 100.000 habitantes. Una cifra que sobrepasa a la mayoría de países en el mundo. En Francia, por ejemplo, solo hay 77 abogados por cada 100.000 habitantes.
Entonces ¿dónde está la causa del problema? Juny Montoya afirma que una de las razones de esta proliferación de comportamientos inadecuados está en el tipo de educación que reciben los abogados. “Creo que es una educación demasiado técnica, entendida como enseñanza de unas herramientas específicas de trabajo, sin reflexión sobre el sentido de la profesión, el servicio que presta a la sociedad y los deberes con sus clientes”.
Las palabras de Montoya son contundentes: “En ética profesional se habla de la figura del mercenario. Creo que parte del problema es que estamos formando mercenarios y no profesionales. La diferencia es que un mercenario actúa por plata, pone su saber, su conocimiento o sus capacidades al servicio de quien pague mejor, mientras que un profesional es alguien que obedece a unos deberes de la profesión y a una responsabilidad con la sociedad”. (Lea: Por sexistas, colegio retira de su biblioteca los libros de «Caperucita Roja» y «La Bella Durmiente»)
La profesora Helena Alvear está de acuerdo. “En derecho se enseña mucho a repetir y poco a pensar con autonomía. En muchos casos, la enseñanza actual del derecho es memorística, descontextualizada y autoritaria, sin pensamiento crítico. Hay que dejar de creer que las soluciones de los problemas jurídicos son inmediatas y empezar a entenderlo en su contexto social, histórico y político”, agrega. “Siempre he pensado que el derecho en un país como Colombia debe cumplir la función de transformar una sociedad inequitativa y excluyente”.
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