Fiscalía crearía unidad contra el desplazamiento forzado

La precaria situación de los desplazados, que en el último cuarto de siglo suman en el país casi cinco millones; la orden perentoria de la Corte Constitucional que  hace seis años conminó al Estado para que le ofrezca a esta población una política seria, seguimientos a sus necesidades y un presupuesto mayor para sortear la catástrofe social, y los escasos avances judiciales en cientos de expedientes sobre desapariciones forzadas llevaron a la Fiscalía General a elevarle una propuesta al Gobierno para que se cree de inmediato la Unidad Nacional contra los delitos de Desplazamiento y Desaparición Forzada.

En reuniones de alto nivel entre delegados de la Fiscalía, la Agencia Presidencial para la Acción Social y funcionarios de la Casa de Nariño se ha venido ventilando el proyecto que pretende resolver con celeridad miles de procesos que caminan rumbo a la impunidad en relación con dos delitos que han sido insuficientemente investigados, bien por la congestión en los despachos de los fiscales, o bien porque escasean los recursos para desarrollar las pesquisas y aclarar tantos episodios de violencia en Colombia. Asfaddes calcula que existen cerca de 15.000 desaparecidos. Codhes, por su parte, advierte que entre 2002 y 2009 fueron desarraigadas 2’412.834 personas.

Un fenómeno estructural derivado del conflicto que en el caso del desplazamiento ha sido dimensionado por la Corte Constitucional en 80 decisiones y 10 audiencias públicas de seguimiento desde 2004. Con estos antecedentes, cifras en mano, como que en 2009 más de 286.000 personas se vieron obligadas a salir de sus tierras, abandonar sus propiedades y oficios y engrosar los cinturones de miseria de las capitales —de acuerdo con los estudios de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes)— o que, según Acnur, Colombia es el segundo país en el mundo con mayor población desplazada, apenas superado por Sudán, Fiscalía y Gobierno buscan ponerle coto a este círculo vicioso de impunidad y emergencia.

Por ahora se estudian presupuestos, se ajustan proyecciones y se configuran alianzas estratégicas para darle vía libre al proyecto. Fiscales especializados serían asignados únicamente para indagar qué ha venido ocurriendo con el desplazamiento y las desapariciones forzadas que dejaron a su paso la barbarie paramilitar, las sanguinarias incursiones de la guerrilla y la ola de desolación del narcotráfico. Agentes de Policía Judicial, así como fiscales de distintas áreas serían reubicados para configurar la nueva unidad en ciernes. La última unidad creada en el ente acusador se dio en virtud de la promocionada ley de Justicia y Paz en 2005.

Hoy se preve un encuentro informal entre el director nacional de Fiscalías, Germán Enciso, y el vicepresidente, Francisco Santos, para tratar el asunto. Y es que las confesiones que han venido entregando a cuentagotas los desmovilizados de las autodefensas sobre desplazados y desaparecidos empiezan a esclarecer el sombrío panorama de la violencia en determinadas regiones del país, pero los mecanismos para restituir las tierras a las víctimas o identificar plenamente a los desaparecidos sigue siendo una labor titánica. No sólo porque buena parte de las escasísimas entregas de bienes de los ‘paras’ resultan con problemas jurídicos o en poder de testaferros que se niegan a devolverlos, sino porque hacen falta fiscales e investigadores que se dediquen de tiempo completo a resolver los entuertos de estos crímenes.