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En un comunicado público, divulgado ayer, titulado “Sobre prisioneros y retenciones”, las Farc manifestaron su decisión de liberar a los 10 miembros de la Fuerza Pública secuestrados que aún mantienen en su poder y, tras insistir en la necesidad de conversar para hallar una salida civilizada al conflicto y que no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones, anunciaron el fin de la práctica del secuestro extorsivo como método de financiación de su lucha armada.
“Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las Farc a objeto de sostener nuestra lucha (…) anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria. La parte pertinente de la ley 002, expedida por nuestro Pleno de Estado Mayor del año 2000, queda por consiguiente derogada. Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia”, señala el comunicado del grupo guerrillero.
En el mismo hablan de la postura del Gobierno de incrementar el gasto militar, el pie de fuerza y las operaciones, advirtiendo que ello implicará la prolongación indefinida de la guerra con “más muerte y destrucción, más heridas, más prisioneros de guerra de ambas partes, más civiles encarcelados injustamente”. Y, en este sentido, las Farc hablan de la necesidad de recurrir a otras formas de financiación o presión política de su parte, planteando un acuerdo de regularización de la confrontación y, una vez más, la liberación de todos los prisioneros políticos.
El anuncio tuvo respuesta inmediata por parte del presidente Juan Manuel Santos, quien a través de la red social de Twitter se refirió inicialmente al tema del fin de la retención de personas con fines extorsivos con el siguiente trino: “Valoramos el anuncio de las Farc de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario, pero no suficiente en la dirección correcta”. Y sobre la liberación de los militares y policías escribió: “Nos alegramos mucho por ellos, los 10 secuestrados que van a liberar y por sus familias. El Gobierno dará garantías sin circo mediado”.
Fue el 26 de abril de 2000 cuando en plenos diálogos de paz del Caguán, en un comunicado leído por el Mono Jojoy, las Farc expidieron su insólita ley 002 “sobre tributación”, en la que establecían que cualquier directivo de empresa o persona natural con un patrimonio mayor a un millón de dólares debería pagar un equivalente al 10% de dicho patrimonio bajo la amenaza de secuestro. Ello provocó en su momento un éxodo de colombianos hacia el exterior.
Sin embargo, no es la primera vez que las Farc hablan del fin del secuestro. “En la época de las conversaciones de la Uribe, Meta, (en 1984) con el gobierno de Belisario Betancur ya habían renunciado a ello. Lo de ahora lo veo como un mensaje al presidente Santos de que están dando pasos para crear condiciones para un proceso de conversaciones. Habrá que exigir que la renuncia sea de todo tipo, es decir, el secuestro como arma de guerra”, señaló el analista político Alejo Vargas.
Mientras unos reciben la postura de la guerrilla con optimismo, otros prefieren dejar espacio para la duda, más aún teniendo en cuenta que las Farc mencionan la liberación de 10 uniformados y las cifras oficiales habla de 12. Para el expresidente Álvaro Uribe se trata de un “anuncio engañoso” y para el también exmandatario Ernesto Samper, el Gobierno tiene que valorar el comunicado como un gesto de los que estaba pidiendo: “Sin duda, es algo significativo que debería ser respondido con generosidad. Pues si bien no podemos hablar de que sea el inicio de un proceso de paz, al menos sí es un escenario que debe empezar a construir un ambiente de confianza entre las partes en dirección a encontrar una salida política al conflicto”.
El excomisionado de Paz José Noé Ríos cree que se trata de un anuncio que la sociedad colombiana estaba esperando desde hace mucho tiempo y que, efectivamente, el gobierno Santos tendrá que evaluar para buscar la forma de aproximarse a la negociación: “Todos los actos unilaterales hay que estudiarlos juiciosamente y buscar los espacios es una responsabilidad que tiene el Ejecutivo. Hay que encontrar cómo superar tanto tiempo de tragedias”.
Sin embargo, el analista Alfredo Rangel considera que hay que esperar a que las Farc cumplan su palabra, teniendo en cuenta los hechos del pasado. En su concepto, lo que está haciendo la guerrilla es “calculando” si un mensaje de estos es suficiente para que el Gobierno busque un acercamiento, “pero el presidente Santos ha sido claro en que tendrán que abandonar no sólo el secuestro, sino todo tipo de ataque a la Fuerza Pública. El Gobierno debe mantenerse en estas exigencias”.
Lo claro es que después del reconocimiento del conflicto armado que hizo el gobierno Santos se trata de la primera respuesta de paz de la guerrilla, aunque el país espera que los hechos se concreten. Como lo dice el analista Luis Carvajal: “Por parte de la guerrilla es el primer paso para renunciar al suicidio político que para esa organización significó la práctica del secuestro y la degradación del conflicto. El país queda a la expectativa ahora de la respuesta del Gobierno que obtiene un primer resultado político, y no sólo militar, en su propuesta de apaciguamiento”.