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En 1999, burlando todos los controles de seguridad, falseando documentos oficiales y engañando a un mayor del Ejército, los paramilitares ingresaron al país casi 7.000 fusiles de origen búlgaro que fueron repartidos entre los bloques Norte, Centauros y Capital. Eran los tiempos en los que El Caguán protagonizaba todas las noticias, durante los diálogos de paz con las Farc, mientras que las autodefensas de la casa Castaño se armaban hasta los dientes para asesinar a sus anchas. Y ocurrió que mucha de esa barbarie se cometió con las subametralladoras que llegaron a Colombia, aparentemente con todos los papeles en regla.
El mayor Orlando Alberto Martínez Ramírez, campeón nacional de tiro, representante de Colombia en diversas competencias internacionales y hasta entonces un curtido oficial sin tacha alguna, fue detenido el 15 de mayo de 2002 por este caso. De inmediato fue enviado al Centro de Reclusión Militar de Tolemaida, siendo el primer oficial superior en ser llevado allí. Casi siempre estuvo incomunicado. Su firma —en caso parecido al del almirante Arango Bacci— fue suplantada y la compra del armamento fue formalizada a través de una fotocopia. El oficial Martínez siempre se declaró inocente.
Pronto, el caso trascendió a los medios de comunicación y tomó ribetes de escándalo cuando el comandante del Ejército, general Jorge Enrique Mora Rangel, denunció que delincuentes también habían usado su firma en un certificado de uso final —una autorización oficial— en este episodio. La Fiscalía comenzó a indagar luego de que en diferentes operaciones contra las autodefensas en Bolívar, Santander, Magdalena, Valle y Caquetá, las autoridades decomisaran 70 fusiles AK-47 calibre 5.56. Más tarde se sabría que las armas fueron fabricadas en Sofía (Bulgaria) por la compañía Arsenal.
El contrato para la importación de los casi 7.000 fusiles fue firmado entre la compañía Arsenal y la empresa Equipos y Repuestos que entonces gerenciaba el capitán (r) del Ejército Jorge Ernesto Rojas Galindo. Debido a sus buenos contactos, Rojas Galindo se movía como pez en el agua en las instalaciones militares, comercializaba material de intendencia y fungía como representante de algunas fábricas estadounidenses. Después vino a saberse que era uno de los puntales de las autodefensas en Bogotá y que planeó junto con el mayor (r) César Maldonado el atentado que casi le cuesta la vida a Wilson Borja, en diciembre del año 2000.
La Fiscalía constató que con la firma suplantada del oficial Orlando Alberto Martínez, quien para esa época se desempeñaba como comandante de la Compañía de Instrucción Avanzada de Tiro del Ejército, el paramilitar Jorge Ernesto Rojas y su socio Humberto Agredo Espitia hicieron el negocio. Dos cargamentos que llegaron a Buenaventura procedentes de Varna (Bulgaria) traían las armas, que fueron reclamadas por empresas fachada de Rojas Galindo. En febrero de 2001 el paramilitar cayó detenido por cuenta de otro expediente.
Un año más tarde, cuando fue súbitamente retirado del Ejército, detenido y sindicado como el enlace de las autodefensas en esta transacción de armamento, el mayor Martínez se declaró desconcertado y dijo que Jorge Rojas lo había engañado diciéndole que le regalaría unos repuestos para 15 fusiles viejos que habían sido donados por el Departamento de Control y Comercio de Armas al club de tiro San Jorge, en la Escuela de Caballería del Ejército. Así logró que el oficial registrara su firma en el Ministerio de Relaciones Exteriores para tramitar esa importación.
Pero ya el daño estaba hecho. A pesar de demostrar la cadena de falsificaciones oficiales y de que en operaciones mercantiles de armas es obligatoria la verificación diplomática de una transacción —ni más ni menos que de 7.000 subametralladoras—, la Fiscalía acusó al mayor Martínez por el delito de tráfico de armas. Él insistía en su inocencia. La investigación descubrió que el paramilitar Jorge Rojas tramitó además ante el comando del Ejército una autorización para importar armas que tenían como destino supuestamente la exhibición Expomilitar 1999, donde hizo presencia la empresa Arsenal.
El drama familiar del mayor Martínez crecía día a día. Su esposa, Sandra, pagaba como podía las deudas y juntaba dinero para los abogados. Su hijo de cuatro años comenzaba a acostumbrarse a ver su padre tras los barrotes. Finalmente un juzgado de Bogotá lo exoneró de toda responsabilidad el 5 de agosto de 2004. Pasó 27 meses en Tolemaida. Creyó que todo había quedado atrás, que recuperaría su vida y prestigio militar, que volvería a consagrarse al deporte como campeón de tiro y récord nacional en rifle.
Antes de ese calvario judicial su nombre había trascendido como representante de Colombia en el campeonato mundial de tiro en Italia. También había participado en seis Copas Mundo: una en Italia y cinco en Cuba, y en juegos Bolivarianos, Centroamericanos y Suramericanos. Era medallista de oro en juegos nacionales. No tuvo mucho tiempo de volver a empezar, sin embargo. El Tribunal Superior de Bogotá revocó su absolución en septiembre de 2006 y lo condenó a 36 meses de prisión. Apeló, pero la Corte Suprema no revisó el caso. Devastado por la noticia, recordó las veces en que le imploro a Jorge Rojas que contara la verdad, que dijera cómo lo había engañado.
Con el inri de los condenados, una vez se abrió el proceso de Justicia y Paz, Martínez se acreditó como víctima de los paramilitares. Jorge Rojas sólo vino a hablar muchos años después. En audiencia de versión libre confesó que el mayor Martínez fue su víctima, que lo engañó para traer el armamento y que fue Humberto Agredo, su socio, quien falsificó todo. Reconoció que había conocido a Martínez en las prácticas de tiro y que “sus padres y los míos eran muy amigos”. En síntesis, dijo: “Yo no sé cómo reparar a esas víctimas, porque yo no sé cómo se le devuelve la honra a una persona”.
No obstante, Rojas dijo que tenía una asignación de retiro y que podía conseguir un préstamo de $7 millones para resarcir en algo la tragedia del hoy condenado mayor Martínez. De poco vale todo aquello. En eso coinciden víctima y victimario: la honra ya está manchada. “Es imposible recuperar la vida, no he podido acceder a ningún trabajo”, dice Martínez esperanzado en que, con esta confesión de Rojas, la Corte Suprema revise su caso y le devuelva, al menos, su honra judicial.