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“Nuestro sistema de financiación política está formado de mentiras; por ende, todo va a estar montado sobre mentiras”, dijo recientemente el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) César Lorduy, en un foro en la Universidad del Atlántico. Y a menos de dos meses de las elecciones regionales, el CNE, que acaba de pedir asignación presupuestal para los anticipos, también solicita independencia para el manejo de su presupuesto para 2024.
El tema de los aportes estatales a las campañas políticas no es menor. Para las elecciones legislativas de 2022, 10 organizaciones políticas solicitaron anticipos por un valor de casi $15.000 millones. En esa vía, el pasado 24 de agosto, el CNE radicó ante el Ministerio de Hacienda una solicitud de asignación presupuestal por la suma de $3.768.138.969 para cubrir los anticipos requeridos por 12 organizaciones políticas, entre ellas Fuerza de la Paz y Unión Patriótica.
La cifra corresponde a las solicitudes de las colectividades y se calcula sobre las reglas del artículo 22 de la Ley 1475 de 2011. Por ejemplo, si una campaña participó en las elecciones anteriores, el anticipo se proyecta sobre el valor pagado en esos comicios más el aumento del IPC. Cuando la cifra total de los solicitantes se calcula, el CNE le pide el dinero a Hacienda, ya que es independiente del fondo para el sostenimiento de los partidos.
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En ese contexto, la oposición se pronunció sobre los recursos que les da el Estado a los partidos con fines electorales. “¿Cuánto dinero estamos dispuestos a gastarnos de la plata pública para financiar una campaña política?”, dijo en Barranquilla la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. “Hay muchas cosas más importantes en Colombia por hacer, que gastar el dinero en campañas políticas”, agregó.
La situación de la financiación ha generado roces, incluso entre los mismos partidos. Juan Manuel Galán, jefe del Nuevo Liberalismo, se quejó de que la asignación de recursos para Comunes, constituido por excombatientes de las FARC, fuera superior a la de su colectividad. “Consideramos que hay un desequilibrio en cuanto a un partido víctima de la violencia que nunca le apostó a alzarse en armas”, le aseguró Galán a El Colombiano.
Más aún, este tipo de procedimientos de desembolsos pueden ser complicados, como aseguró también Lorduy: “Es imposible que la financiación estatal sea sobre la base de anticipos que se les entregan a los partidos, cuyos trámites resultan engorrosos, especialmente para las elecciones regionales y llegan faltando pocos días para las elecciones, cuando ya no hay nada que hacer”. Sobre la reposición de votos, el otro tipo de aporte estatal, aseveró algo similar: que hay candidatos que esperan hasta ocho meses para el desembolso de los recursos.
Lo cierto es que, en general y más allá del dinero específico para los anticipos, el tema del flujo de recursos entre el CNE y el Ministerio de Hacienda tiene varios reparos. Fuentes cercanas a la entidad electoral dicen que muchas veces estos “se entregan gota a gota”. La cartera dice que el Consejo no solicita de manera oportuna los recursos y el segundo afirma que suele haber requerimientos innecesarios por parte del Ministerio para pedir recursos.
El CNE busca independencia en el manejo presupuestal, además de la Registraduría Nacional, con la cual tiene lazos estructurales. Por eso, la presidenta de la entidad, Fabiola Márquez, fue al Congreso a solicitar que en el presupuesto de 2024 les dieran recursos propios. Y así quedó en el proyecto de ley, con una asignación de $77.802.425.932 para el próximo año. El rubro está separado del que se destinaría para la Registraduría.
Sobre esto Márquez aclaró que igual se están pidiendo recursos adicionales con ocasión del boom de partidos. Actualmente hay 35 de 36 colectividades participando en las regionales. “La democracia también implica gasto, entonces no podemos aumentar la participación democrática con los mismos recursos, eso es una cosa básica y elemental. No puedo repartir un millón de pesos para 15 y el mismo millón para 36, eso es incoherente”, afirmó la presidenta del CNE, quien le contó a este diario que aún no saben con exactitud cuánto dinero adicional van a solicitar.
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Por su parte, a la Misión de Observación Electoral (MOE) le preocupa lo que la multiplicidad de candidaturas implica para su labor. “En este momento tenemos más de 128.000 candidaturas en todo el país. Eso significa que hay una competencia muy grande por el poder político, en la medida en que contamos con una autoridad electoral que no tiene la capacidad de vigilancia y control de la financiación de estas campañas políticas”, dijo Alejandra Barrios, directora de la organización.
Exactamente hay 128.101 candidatos que aspiran a 20.137 cargos públicos (32 gobernadores, 418 diputados de asambleas departamentales, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.513 ediles).
Más allá de esto, algunos funcionarios argumentan que en materia de financiación electoral hay varias cifras desactualizadas, es decir, que no han contemplado ajustes proporcionales a los gastos reales que suponen las carreras a los cargos de elección popular. Una es la que corresponde al Fondo de Campañas, al monto por la reposición de votos -que se fijó en $4.590 para gobernaciones y asambleas, y en $2.766 para alcaldías y concejos-, e incluso a los mismos topes.
Es cuestión de tiempo para que el Ministerio de Hacienda responda a la solicitud de asignación presupuestal para los 12 partidos y grupos significativos de ciudadanos que pidieron anticipos y observar si, como indican algunos funcionarios, el flujo de recursos entre la cartera y el CNE necesita mejorar su agilidad. En todo caso, según la Registraduría, hasta el momento el censo indica que 38.998.290 colombianos podrán ejercer su derecho al voto en urnas el próximo 29 de octubre.
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