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Inseguridad, congestión vehicular y contaminación auditiva y ambiental son las quejas más frecuentes por el retraso de las obras que se adelantan en la capital. A esto ahora se suma la desconfianza en el Distrito, en especial por los problemas con las obras de valorización, las cuales ya las pagaron los ciudadanos, pero varias siguen sin ver la luz. Son un verdadero detrimento.
Según el director del IDU, Diego Sánchez Fonseca, al cúmulo de obras que se adelantan en la capital, actualmente hay 15 que se contrataron bajo la figura de valorización, de las cuales algunas tienen líos. “Unas van bien y otras no, pero no se pueden satanizar las de valorización por los problemas que hubo con tres contratos. El resto están avanzando bien”, señaló el director.
Una de esas tres que menciona es la del puente peatonal de la calle 112 con avenida novena. “Allí el contratista ganó la licitación en un proceso donde participaron cuatro empresas, de varias partes del país, todas con experiencia en trabajos similares. A pesar de haber cumplido los requisitos, al poco tiempo empezaron los problemas”, contó Sánchez, quien recientemente anunció que el Distrito tomó posesión del proyecto y promete terminarlo en noviembre.
Pese a lo dicho por el director del IDU, para el concejal Juan Felipe Grillo (Cambio Radical), las cuentas son otras. Él ha denunciado que en la capital hay 19 obras por valorización que presentan retrasos (ver gráfico), las que se habrían adjudicado en la administración de la alcaldesa Claudia López, las cuales generan molestias a los capitalinos.
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Movilidad
Y es que la cantidad de obras al tiempo, sumadas a los retrasos, crean malestar. Para Édder Velandia, profesor de la Universidad de La Salle y experto en movilidad, esto hace que la ciudadanía se sienta inconforme por la congestión vehicular y otros efectos colaterales como el ruido, la contaminación, la pérdida de tiempo y la siniestralidad.
Para él, hoy los corredores más afectados, en temas de movilidad, son: “Av. 68, Av. Boyacá, Américas, NQS y carrera séptima, por la salida del norte”, incluso dice que, en caso de implementarse el Corredor Verde, colapsarían las carreras 11 y 13, así como la Circunvalar.
“Hay un evidente deterioro en la calidad de vida y productividad. Y uno de los temas que generan mayor frustración es que algunas obras parecen no avanzar. Hay unas que están paralizadas y producen cuellos de botella y congestionamiento”, mencionó Velandia, quien agregó: “Molesta además pagar impuestos para inversiones gigantes en infraestructura y cobros de valoración por obras que aún no se entregan. Es allí donde la gente siente frustración y malestar”.
El experto afirmó que iniciar con la construcción de decenas de obras de alto impacto al tiempo no fue conveniente. “Si las obras no se ejecutan, si no hay participación ciudadana, si no hay un plan de trabajo con resultados a corto y mediano plazo, si no hay empresas idóneas ejecutándolas, si no hay información a la población, ni seguridad, ni transporte público. Todo esto llevará a Bogotá al inconformismo, al rechazo y al escepticismo”.
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Inseguridad
A la incomodidad hay un factor que se suma: la percepción de inseguridad. Así lo mencionó Pablo García, quien trabaja en una empresa cerca de la calle 94 con carrera 11 y viaja en motocicleta. Para él, la obra aledaña a su trabajo sí se presta para hechos delincuenciales. “Facilita que se camuflen o guarden armas en estos espacios”.
Lo mismo opinó Sebastián Herrán, trabajador de la misma zona, quien dijo que estos espacios de escombros y polisombras facilitan los delitos y el consumo de drogas. Una solución sería “la presencia de más policías y vigilantes permanentes en las obras”.
A estas opiniones se sumó la de Deysi Granados, ferretero en el norte de la capital, para quien la implementación de tantas obras al tiempo fue “lo peor que se pudieron inventar. Esto sí aumenta la inseguridad y no tienen control alguno. Faltó planeación”.
Ese sentir de la gente lo validan los expertos. Para Alberto Sánchez, investigador en temas de seguridad, los retrasos con las obras de valorización y la presencia de gran cantidad de estas en simultáneo aumentan la percepción ciudadana de que en la ciudad está ganando el desorden.
“No sé si pueda afirmar que por esto es que se están incrementando los casos de hurto, pero sí hay puntos en la ciudad que se han convertido en una trampa mortal a cualquier hora del día. Las polisombras no dejan caminar, hay escombros y herramientas, y eso sí termina incidiendo en que los delincuentes aprovechen estos espacios para cometer delitos”, agregó.
Asimismo, “las obras de carácter vehicular sí pueden tener un impacto en el transporte público, porque facilitan la actuación de gente que comete delitos de oportunidad en el SITP, quienes pueden subirse y bajarse rápido, porque el bus esta quieto. Lo mismo para personas que roban en moto, porque el flujo de los semáforos se demora mucho”, mencionó el experto, quien consideró que sin un adecuado plan las obras estarían facilitando el delito y terminan afectando los puntos donde están las construcciones, sino los corredores enteros, como la calle 100, la de la ampliación de la 12, la calle 26 y la NQS.
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Nuevo estatuto de valorización
Ante estos malestares, el Distrito llevó al Concejo de Bogotá la propuesta de modificar el Estatuto de Valorización de la capital, que fue creado por el Acuerdo 7 de 1987, y que a la fecha cuenta con más 30 de años de antigüedad. De acuerdo con el director del IDU, uno de los cambios del nuevo estatuto sería la contratación de empresas que realmente tengan experiencias en la implementación de obras, sobre todo que ya hayan llevado a cabo proyectos en Bogotá, “si no han hecho obras en Bogotá, no pueden participar”, mencionó.
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Otra de las modificaciones es mejorar el proceso de contratación. “Una de las reflexiones que nos quedan ante lo que está pasando es revisar cómo se contratan las obras y corregir. El objetivo ahora es que una obra no inicie si aún tiene temas por resolver, como lo son los estudios y diseños. “Eso genera un desconocimiento del costo y del plazo de ejecución. Por eso queremos que ahora se exija que las obras tengan esos pasos listos por las entidades a cargo. Además, que los proyectos estén incluidos en el Plan de Desarrollo. Que no sea cualquiera”.
Frente a la recuperación de la confianza de la ciudadanía, el nuevo estatuto propone “ejecutar primero la obra y después cobrarla, o cobrar cuando vaya en un 50 %. También está la opción de que se cobre antes, por ejemplo para las megaobras”. Todo depende de lo que decidan las entidades a cargo. Incluso, el estatuto habla de devolución del dinero para quienes se vean directamente afectados por la mala ejecución de proyectos.
A esto se suma la idea de “crear una especie de compensación para quienes tengan al frente de su negocio una obra. Como tendrán dificultades para el acceso a su negocio, sugerimos que a esos propietarios se les haga un descuento del valor de la obra”, agregó Sánchez.
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Por el momento, mientras se aprueba dicho estatuto, desde la ciudadanía se proponen soluciones para acabar con dichos malestares. El ciudadano Pablo García recalca que se necesita mejor planificación, que se cumplan los tiempos, para que cada mes se pueda llevar a cabo una obra distinta, y no todas al tiempo. “También veo que hacen falta control e información para la comunidad, por ejemplo, no conocemos a quiénes les dan esos contratos ni los responsables de dejarlas inconclusas”, mencionó.
Sebastián Herrán, de 23 años, dijo que esta situación “le hace pensar a la ciudadanía que se están desviando los recursos, por lo que aumenta la desconfianza en la alcaldesa y en el director del IDU, quienes son los que autorizan estos contratos”.
Finalmente, el profesor de la Universidad de La Salle, Édder Velandia resaltó que “la comunidad se cuestiona acerca de cuál es la hoja de ruta, cuáles son las propuestas desde la ciudad, qué se hace para seleccionar a los contratistas, qué pasa con los estudios y diseños de los proyectos, cuál es el control a los contratistas y cómo se piensa realmente en las personas y sus necesidades”.
Es decir, la socialización de dichos proyectos con la comunidad será un eje fundamental para calmar los malestares, así como la presencia de las autoridades en las zonas donde se han registrado delitos y, lo más importante, dar cuentas claras de quiénes son los responsables de que en Bogotá se abandonen o retrasen las obras de valorización.
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Por Sara Caicedo
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