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En respuesta al editorial del 28 de agosto de 2023, titulado “El error de la tarifa diferencial para taxistas”.
Este asunto, como muchos de la historia actual —digamos de los últimos 80 años, aunque parezca precipitado referirse a temas históricos de los que hemos sido testigos—, es necesario plantearlo para intentar un aporte a su esclarecimiento.
Son varios los mitos que nos agobian: que el Frente Nacional, esa autocastración política que resultó de los pactos de Sitges y Benidorm, trajo la paz; que el precio de las cosas que a diario requerimos para sobrevivir resulta del libre juego de la oferta y la demanda o fuerzas del mercado, que llaman; que no importa si el país va mal con tal de que la economía vaya bien; que el precio del petróleo es el de las cotizaciones en el mercado internacional y no lo que le cuesta al que no lo tiene.
El precio de la gasolina en Colombia —que por incremento real de los costos de ponerla al alcance de cada consumidor final o por grosera especulación afecta a todos— no tendría por qué referirse y mucho menos establecerse en función de su precio internacional, porque Colombia es un país petrolero que cuenta con cinco refinerías donde se produce gasolina cuyo precio no puede sino resultar de la sumatoria de los costos de la materia prima, de la remuneración al trabajo, de la incorporación de tecnología, del transporte por oleoducto y de la utilidad razonable e insumos que se sufragan en pesos. Tal vez algunos insumos sean importados, pero que los economistas de petróleos me ayuden a calcular su precio y su incidencia proporcional en el de cada galón de gasolina.
Hace algunos años se decía lo contrario, a saber, que el precio de la gasolina tenía un fuerte ingrediente tributario, porque aquel resultaba de la suma de los costos de producción en pesos como acaba de verse, más el impuesto indirecto orientado a amortiguar la pérdida de Ecopetrol y de las multinacionales también productoras y exportadoras del crudo, por vender en el mercado interno un producto que en el mercado internacional tenía un precio muy superior.
También se ha terminado derogando la ley de la ventaja comparativa: “País 1, país 2; país 1 importa trigo, país 2 importa café”, se le aprendía al doctor Samuel Hoyos hace 60 años. O sea que toda sociedad debe procurar especializarse en la producción de aquellos bienes que por fuerza de la naturaleza o de su desenvolvimiento histórico le resulta más provechosa, pero más provechosa para todos y no para quienes distinguen el país de la población, como si se tratara de fuerzas contrapuestas.
No hay que confundir. El país ha venido a ser el conjunto sólido y orgánico de aquellas fuerzas que —como la banca privada, la pública, la Federación Nacional de Cafeteros en nuestro medio y tantos gremios— detentan y ejercen el poder real y la población siempre ha sido la que debería ser beneficiaria de la ley de la política y de la ventaja comparativa, es decir, todos.