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La reforma agraria del Gobierno ya arrancó. Uno de sus componentes que tiene es comprar tierras para redistribuirlas. Esto empezó a ser una realidad con el acuerdo de compra y venta de tres millones de hectáreas entre este, en cabeza del Ministerio de Agricultura, y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).
Recuperar el campo, la dignidad de la vida rural y “convertir a Colombia en potencia agroalimentaria, aprovechando sus ventajas comparativas, como su ubicación frente a los mercados, la disponibilidad de tierras y su condición de potencia hídrica y biodiversa” son propósitos comunes que ambos actores plasmaron en el documento que firmaron el pasado 8 de octubre.
Este acuerdo también establece que “tanto la compra de predios como las acciones que sobre ellos se desarrollen, deberán estar acordes con la realidad del cambio climático”, entre las que se encuentran las actividades de ganadería, por lo que se buscarán “sistemas amigables con el ambiente, especialmente de Sistemas Silvopastoriles Intensivos (SSPI)” para que el país reduzca su producción de gases de efecto invernadero.
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La adopción de los SSPI como modo de producción generalizado de la ganadería colombiana, “no solo representaría una verdadera ‘revolución ambiental’, sino que podría reducir la ganadería a 20 millones de hectáreas para la producción de carne y leche, y liberaría 14 millones de hectáreas para reforestación y producción de alimentos de origen agrícola”.
Además, con la compra de tierras se busca darle cumplimiento al punto uno de la Reforma Rural Integral (RRI) consignada en el Acuerdo de Paz. Este dice que “el Gobierno Nacional creará un Fondo de Tierras (FNT) de distribución gratuita” que dispondrá de tres millones de hectáreas durante sus primeros 12 años de creación.
El acuerdo añade que “la productividad de la tierra no depende solamente de su fertilidad” sino también de “las condiciones adecuadas de producción que se convierten en ‘ventajas competitivas’”.
El peso político
Lo estipulado en el documento ha sido calificado por ambas partes como histórico. El presidente Petro asegura que las tierras que comprará el Gobierno serán “de máxima fertilidad” y se le destinarán a los campesinos. Añade que “el pacto social y la paz son posibles”. Mientras que la ministra de la cartera, Cecilia López, ha destacado que “la reforma agraria es una realidad”.
Por su parte, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, afirma que el acuerdo “va a traer mucha tranquilidad al sector rural y, al mismo tiempo, la posibilidad de que ese sector consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país, que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria para el mundo”.
Y es que este hecho es calificado por los analistas como una muestra de voluntad política de Petro para buscar lograr una reforma agraria. Es importante porque representa “una gran esperanza de que se pueda resolver el problema de la tierra” en el país y va en la misma vía de lo que prometió en campaña, expresa Gabriel Tobón, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana.
Tobón añade que, por parte de Fedegán, se destaca “el giro político al estar dispuesto a vender sus tierras, aunque deberían ser un poco más solidarios”. Y mientras Petro “busca quitarse el estigma de la expropiación de tierras”, Fedegán “tiene intereses económicos y políticos de quitarse el imaginario de ser una institución permeada por el paramilitarismo”.
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Las claves del acuerdo de compra
Más allá de lo significativo que es este hecho, esto es lo que el Gobierno firmó al comprometerse a comprar tres millones de hectáreas:
- ¿Qué tierras se van a comprar? La ministra López ha sido enfática al decir que estas “no podrán tener ningún tipo de problema legal y deben estar listas para hacer los procesos”. Por eso, las tierras no pueden estar siendo cuestionadas por la institucionalidad de restitución ni tener abierto ningún proceso agrario. También deben cumplir las disposiciones ambientales, agrarias y ecológicas.
- ¿Dónde estarán ubicadas? Dependerá de las ofertas. El Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) evaluarán la capacidad productividad de estas. Preferiblemente, se elegirán tierras concentradas en número de hectáreas para facilitar la ejecución de proyectos productivos en escalas rentables.
- ¿Cómo será el proceso? “Cada ganadero que quiera vender tiene que hacer su oferta, no se compran tres millones de hectáreas en bloque ni a una ni a cinco ni a 10 personas”, le explicó López a este medio. La ministra añadió que están dispuestos a recibir otros ofrecimientos de compra de tierras por parte de otros sectores y estima que por año se comprarán máximo 500.000 hectáreas.
- ¿Cuál será el valor de compra? Se trata de un proceso voluntario mediado por los valores comerciales y catastrales de los predios. Estos los determinará el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) y dará precios mínimos y máximos de cada una de las ofertas, a los que se le sumará el resultado del catastro multipropósito que se hará en forma de piloto en esas zonas. Aunque el valor depende de lo anterior, el presidente Gustavo Petro estima que los tres millones de hectáreas pueden costar $60 billones.
- ¿Cómo se va a pagar? El documento dice que “el pago se efectuará con bonos de deuda pública u otra forma de pago que determine el gobierno”. Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo este martes que “tenemos claro que no se puede hacer. No se puede comprar tierras con Títulos de Deuda pública (TES). Eso no está autorizado”. Ante esto, queda la duda del financiamiento.
- ¿Quién asumirá los costos jurídicos del proceso? El Gobierno.
- ¿Qué va a pasar con la tierra comprada? Irá para el FNT para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo Final y se les entregarán a comunidades campesinas, pueblos afrocolombianos e indígenas. Aunque se deben hacer ajustes para asegurar la prioridad para mujeres. El Ministerio de Agricultura determinará la destinación de predio.
- ¿Cómo se va a redistribuir? “La Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene más de 39.000 demandas o procesos jurídicos de gente demandando tierra. Ellos están clasificados como personas sujetas a los beneficios de la reforma agraria. En esos listados está toda la gente que lleva años solicitando tierra. Claramente, están los instrumentos y la información para definir cómo se asigna, según la región y vocación productiva”, dice la ministra López.
- ¿Solo van a entregar tierra? Cecilia López ha enfatizado en que “no solo va a repartirse tierra, sino que se va a hacer acompañamiento desde la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) con proyectos productivos”.
- ¿Quién lo realizará y verificará? Las diferentes entidades públicas y los designados por Fedegán serán los encargados de materializar el acuerdo. El cumplimiento y verificación tendrá el acompañamiento del Banco Mundial y de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia.
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Las dudas que despierta
Los analistas consultados por este medio destacan la importancia del acuerdo entre sectores tan disímiles como la administración Petro y Fedegán. Pese a esto, les quedan varias dudas frente a la ejecución que tendrá y, sobre todo, la pregunta frente a cómo se van a pagar las tierras y de dónde saldrá el dinero.
Para Arturo García, socio de Econometría Consultores, lo más preocupante es que el acuerdo no cambia la dinámica global del uso de la tierra. “Hay una dinámica perversa de ocupación territorial que lleva a la gente hacia la frontera agrícola donde no hay bienes públicos, mientras que las otras tierras se usan para especulación. Eso no se está abordando”, afirma.
Otro de los interrogantes tiene que ver con el precio de compra. “La ausencia de un catastro en los predios y el valor que puedan tener los grandes latifundios, por su ubicación, pueden hacer que estas tierras que van a vender al Gobierno resulten siendo un fabuloso negocio para los terratenientes y grandes propietarios”, resalta Tobón.
Frente a los precios, García añade que “las tierras en Colombia están sobrevaloradas, especialmente las más cercanas de las ciudades. Que justamente son las que tienen más competitividad, bienes públicos y demás”. El analista defiende la idea de que se debe pagar por esa tierra en sitios emblemáticos así valga más.
Al final, vender las tierras puede resultar ser un buen negocio. Sin embargo, Tobón critica que “no se observa un compromiso solidario de los ganaderos con los marginados de la productividad del campo que son los que han sentido la pobreza con más fuerza”.
En esa línea va el cuestionamiento de Clara Inés Pardo, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. A ella le queda la incertidumbre de si las tierras adquiridas pueden “lograr que se conviertan en tierras productivas que cierren las brechas de pobreza en las zonas rurales”.
Más allá de las reservas de fondo que tienen los expertos, permanecen las dudas sobre la implementación del acuerdo y el costo monetario que tendrá para los colombianos.
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