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Advierto orgullosamente que soy profesor del Externado y de los Andes, pues ahora que el gobierno anuncia que se propone reescribir la historia de la educación superior se desatará una ardua controversia de la que no seré indiferente, porque el proyecto de reforma a la actual ley 30 de 1992 ignora las universidades privadas. El gobierno pretende estatizar todo.
En efecto, el proyecto de reforma de la ley de educación superior es excluyente, pues ha marginado los actores privados. Lo que quieren Petro y su ministra Aurora Vergara es que la única educación superior sea la pública, por gratuita. Y por eso a la reunión en la que se divulgó este malhadado estatuto solo invitaron rectores de universidades públicas. ¡Qué desplante!
El proyecto de marras ni siquiera está bien redactado porque, aunque es evidente su interés en privilegiar la educación superior pública, no es del todo claro en lo que se refiere a si la formación de posgrado quedará en manos de entes privados. Adicionalmente, atribuir el carácter de derecho fundamental a la educación, que sería una conquista que podría contribuir en el cierre de brechas que históricamente ha registrado el país en el acceso a la formación superior, puede terminar siendo letra muerta o una quimera más. Alcanzar ese objetivo implica un enorme esfuerzo gubernamental técnico y presupuestal, que podría además tomar muchos años en generar resultados concretos. Pareciera más otra improvisación del Gobierno Petro que una política pública seria. Un esfuerzo panfletario por querer convertir una consigna manoseada sobre la educación pública en un peligroso cambio institucional.
Construir universidades públicas en diversas zonas del país, acreditar sus programas y asegurar su sostenibilidad operativa y financiera no son tareas sencillas o inmediatas, ni siquiera en Bogotá. Es equivocado no aprovechar la red privada de universidades a la que se le ha exigido condiciones de calidad, la cual registra hoy una capacidad instalada y no aprovechada, cercana al 30 %. Mientras el gobierno nacional mira con desdén ese esfuerzo, el programa “Jóvenes a la U” de la alcaldía de Bogotá sí ha reconocido esta realidad con resultados positivos.
Tampoco se ofrece coherente que se derogue la autoevaluación institucional, la cual respeta la autonomía universitaria consagrada en la Constitución, exponiendo el sistema de acreditación de calidad consolidado durante 30 años.
A la brava, el proyecto impone a las instituciones técnicas profesionales y las tecnológicas, la obligación de ofrecer ciclos básicos y anticipados de formación o propedéuticos. Esa propuesta debe ser discutida nacionalmente por la necesidad de una capacitación completa y de alta calidad que se plantee bajo referentes curriculares más complejos y mucho más pertinentes para las necesidades de transformación productiva que hoy demanda el país.
Y para que no quede duda de que al gobierno solo le palpita la educación superior pública, este proyecto incurre en la antipática solución de que la Universidad Pedagógica Nacional sea la única asesora del Ministerio de Educación en la definición de políticas relativas a la formación y perfeccionamiento de docentes no universitarios para la educación básica y media. Aunque, es innegable el prestigio de la Nacional en la formación de los maestros colombianos, Colombia cuenta ya con cerca de 100 facultades de educación, muchas de las cuales tienen una trayectoria larga en esta tarea. Asignar a una sola universidad este papel no contribuye a enriquecer el enfoque y la visión sobre el tema ni a su democratización.
La exclusión o el simple marchitamiento de la educación superior privada es un despropósito que ultraja la historia. Nuestro sistema de educación superior ha sido mixto, público y privado, y merced a ello se han formado múltiples generaciones de profesionales en todas las disciplinas. De no haber sido por los esfuerzos privados, no existirían el Externado –donde, al igual que Petro, muchos nos hicimos profesionales–, Andes, Libre, Javeriana y Rosario, para solo mencionar algunas universidades, las cuales no son el “síndrome de la última Coca-Cola del desierto”, como lo supone la retadora ministra del trabajo con todo lo que no huela a petrismo. Quien padece la enfermedad de la soberbia es el mismo gobierno.
Adenda: es legítima la queja de Petro con la morosidad de la justicia, pero es muy peligroso que pretenda ignorar y sustituir a los jueces, como lo ha hecho esta semana con sus agresivos discursos.
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