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El excongresista Germán Olano Becerra, uno de los testigos estelares en el expediente del carrusel de la contratación en Bogotá, prendió su ventilador desde el año pasado para desenmascarar a sus antiguos socios. Pero luego lo invadió el miedo. La filtración de sus declaraciones y los acuerdos a los que había llegado con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo sumieron en una gran preocupación por su seguridad y la de su familia. Sobre todo, por la posibilidad de que todos contra quienes lanzó su dedo acusador intentaran obstruir a la justicia, tergiversaran sus testimonios y lo enlodaran más en el escandaloso desfalco al Distrito.
Por eso dejó constancia ante la Corte Suprema de Justicia de las intimidaciones de las que fue objeto para silenciarlo a toda costa. Los señalamientos que hizo durante su declaración apuntaron directamente a cuatro personajes: el abogado e interventor Manuel Sánchez; el concejal de Bogotá por el Partido de la U Orlando Parada; Carlos Lizcano, gerente del Hospital Meissen, y el contratista Julio Gómez, otro de los que hoy negocia con la justicia una reducción de pena. Según dijo, ellos fueron los primeros en acceder a las copias de sus declaraciones. Entonces empezaron las intimidaciones.
Lo primero que denunció es que el abogado Manuel Sánchez —investigado por el carrusel de la salud— fue quien obtuvo el expediente de todo lo que le había confesado Olano a la justicia. Sánchez, de acuerdo con el excongresista, luego compartió esos documentos reservados de la Corte Suprema con el gerente del Hospital Meissen, Carlos Lizcano, y con el contratista Julio Gómez. Los tres habían sido mencionados como fichas de la burocracia manejada por los hermanos Samuel e Iván Moreno en el carrusel de la salud del Distrito. Por estos hechos la Fiscalía inició esta semana sendas investigaciones.
Germán Olano también narró que Manuel Sánchez le entregó todos sus testimonios al concejal Parada, quien luego los dio a conocer a varios de sus compañeros en el cabildo distrital. Todos, con los cuadernos completos de las diligencias, empezaron la tarea de enviarle mensajes a Olano para que se callara a como diera lugar. Las acusaciones que lanzó Olano contra ellos no son de poca monta: en esencia dijo que hacían parte de un entramado en el que se repartieron hospitales y contratos para ‘aceitar’ el cartel y cobrar jugosas comisiones.
Germán Olano fue más allá. En su testimonio refirió que, con el expediente de sus denuncias en mano, varios de estos personajes realizaron reuniones para ponerse de acuerdo en cómo enfrentar jurídicamente los llamados que les haría la justicia para responder por estos hechos. El concejal Orlando Parada —llamado a interrogatorio por este carrusel e investigado por el delito de filtración de documentos reservados— fue al parecer uno de los que les dijo a varios concejales que tenía en su poder los testimonios de Olano y que sabía de antemano las citaciones de la Corte.
Lo más grave vendría a continuación. El excongresista aseguró que uno de sus grandes amigos, el parlamentario Germán Varón Cotrino, fue abordado por personas supuestamente cercanas a los denunciados con el objetivo de que presionara a Olano para que guardara silencio y cesara su colaboración con la Corte Suprema de Justicia. Le dijeron que le podían dar una copia del expediente para que lo leyera y que, incluso, lo amenazaron diciéndole que si no colaboraba podría también terminar enredado en todo el escándalo. Varón se negó airadamente y les dijo que a él no podían intimidarlo de esa manera.
Los implicados estaban tan enterados de las minucias del proceso de Olano que sabían mucho antes que el propio procesado de las diligencias a las que debía asistir. Germán Olano señaló en su denuncia que Orlando Parada buscó al concejal Armando Gutiérrez para preguntarle si sabía qué más detalles le iba a entregar a la Corte el excongresista Olano. En esencia monitoreaban todos los avances de la justicia en este proceso. Y, como si fuera poco, comenzaron a configurar una estrategia para desacreditar su testimonio atacando a su familia.
Por ejemplo, dijo que conoció las intenciones de varios de los involucrados en señalar a su hermano Plinio Olano de actos de corrupción y, por esta vía, afectar la credibilidad de su ventilador. Incluso, según Germán Olano, al parecer pusieron a circular el rumor de que los primos Miguel, Manuel y Guido Nule —ya condenados por este escándalo— le dieron un dinero. Todo esto con el fin de debilitar sus declaraciones y ponerlo bajo sospecha. En síntesis, Olano le hizo saber a la Corte que se ideó un plan para impedir que su versión fuera investigada.
Hoy Germán Olano es piedra angular en este expediente. Su extensa confesión ante la justicia, sumada a la colaboración del exsubdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, y de otros testigos tienen a 19 concejales de Bogotá dando explicaciones de sus actos. La Fiscalía, así mismo, ordenó la semana pasada investigar al exalcalde Luis Eduardo Garzón, su exsecretario de Salud Héctor Zambrano, el abogado Manuel Sánchez y el contratista Julio Gómez. A pesar de que este último llegó a un preacuerdo con la Fiscalía por tres delitos relacionados con el desfalco en contratos de la malla vial y de valorización, este nuevo expediente podría enredarlo aún más.
Es decir, si en desarrollo de nuevos frentes judiciales, Julio Gómez resulta salpicado en otros delitos, éstos no están cobijados por el preacuerdo al que llegó. De igual manera, por orden de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía ya inició pesquisas para establecer la presunta responsabilidad de los gerentes de los hospitales de Meissen y Simón Bolívar, Carlos Lizcano y Luis Guillermo Cantor Wilches, en este escandaloso episodio. En el Fondo de Vigilancia del Distrito, la Empresa de Renovación Urbana y otras dependencias en los que habrían tenido influencia los hermanos Moreno también se profundizan las indagaciones.
Entretanto en una semana comenzara el juicio contra el exalcalde Samuel Moreno, acusado de los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concusión. La justicia busca desentrañar los entresijos del cartel que desfalcó a Bogotá.
El condominio de los Moreno
El Espectador, en su edición de ayer, reveló cómo gracias a la colaboración del excongresista Germán Olano Becerra, la Corte Suprema de Justicia pudo conocer que los dineros de los bogotanos posiblemente terminaron financiando la construcción de un proyecto inmobiliario en Miami, producto de la red de corrupción alrededor del Distrito. En esta obra supuestamente estuvieron involucrados los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, junto a Emilio Tapia y Julio Gómez. Se trata del condominio River Oaks Apartments.
El excongresista les contó a los magistrados que en 2009 el excongresista Iván Moreno contactó al empresario Luis Cárdenas para que él y su amigo Saúl Campanella invirtieran en el condominio. Moreno conoció al empresario gracias a Emilio Tapia.
Olano contó que Moreno y Cárdenas afianzaron sus relaciones y que en noviembre de 2009 comenzaron a concretar el negocio.
Olano explicó que cómo el tenía licencia como agente inmobiliario en EE.UU., les dijo que la figura del condominio tenía leyes especiales, porque el título de la propiedad funciona como una sociedad anónima, lo cual hace difícil establecer quiénes son los dueños.