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Los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia realizan una brigada de salud en San Vicente del Caguán y La Macarena, antiguos santuarios de las Farc recuperados por las Fuerzas Militares bajo el esquema de cooperación del "Plan Colombia", creado en 1999 para combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales.
Estas brigadas de salud son una iniciativa del gobierno de Colombia y reciben el apoyo del Grupo Militar de la Embajada de Estados Unidos y el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos.
"Un grupo de 35 prestadores de salud, incluyendo ocho médicos estadounidenses, atenderá a los pacientes durante los 10 días que dura la brigada. Ellos realizan consultas en medicina preventiva, optometría, oftalmología, odontología, pediatría y vacunación", señalaron fuentes del Comando General de las Fuerzas Militares.
Como parte de la atención a la población, los médicos estadounidenses regalaron radios a los pacientes atendidos. Al final de las jornadas se habrán entregado 3.000 radios. El aporte estadounidense a las brigadas en ambos municipios fue de 125.000 dólares.
La visita de Brownfield a la Macarena se da en momentos en que el presidente de Estados Unidos Barack Obama prevé una bajada de la ayuda del departamento de Estado destinada a América Latina, en particular para México y Colombia, sus dos mayores receptores.
Aún así la suma que recibirá Colombia el próximo año, asciende a 51 millones de dólares.
Precisamente, la próxima semana el ministro de Defensa, Gabriel Silva, viajará a EE.UU. con el fin de presionar a líderes del Congreso estadounidense para que continúe la ayuda al "Plan Colombia".
Silva iniciará el lunes próximo una gira de tres días por Washington en la que prevé reunirse con representantes del Congreso de EE.UU. para hablar sobre los avances de la cooperación y sobre las acciones que está tomando el país para la cooperación regional en seguridad.
"La asistencia estadounidense para el año fiscal 2011 ayudará a mejorar las instituciones judiciales de Colombia, incluyendo mejoras en la protección de los derechos humanos y el desarrollo de la capacidad local para responder a casos criminales sensibles", indicó el documento del Departamento de Estado.
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