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Este lunes, 4 de septiembre, se presentó en el hotel Embassy Suits, en el norte de Bogotá, una alianza conformada por más de 80 organizaciones del sector de la salud, como farmacéuticas, pacientes, EPS y gremios económicos como la Andi o Fenalco. Entre otras cosas, la nueva alianza busca participar de la subcomisión que creó la Cámara de Representantes la semana pasada para discutir la reforma a la salud.
Pero, más allá de ese propósito, ese grupo tiene otro fin: afianzar una conversación en torno a otro tema que, creen, puede ser más “inmediato”: los cambios en la UPC, es decir, el dinero que gira el Estado a las EPS para la atención de cada ciudadano. A la par que se discute la reforma, estas empresas y el Gobierno debaten, a puerta cerrada, ese asunto. Ya se han realizado tres sesiones y están a la espera de la siguiente.
¿Por qué es tan importante esa discusión? Después de que las EPS Compensar, Sanitas y Sura enviaran una carta al Ministerio de Salud advirtiendo su “difícil situación financiera”, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo accedió a revisar la insuficiencia de la UPC, que cada año tiene un aumento. Para el 2023, se fijó en $1.289.246 para el contributivo y en $1.121.396 para el régimen Subsidiado. Como lo han reiterado en varias oportunidades, para las EPS ese monto no es suficiente. (Lea Plenaria de la Cámara definirá integrantes de la subcomisión de reforma a la salud)
“Como ejemplo, mire, el sistema de salud inglés: está hoy en crisis porque lo ‘desfinanciaron’ en los últimos diez años. El tema de la sostenibilidad no es menor. Es que las necesidades de los sistemas de salud van creciendo con el tiempo en la medida en que las sociedades maduran”, explica Augusto Galán Sarmiento, exministro y hoy director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud.
¿Qué esperar de las discusiones de estas semanas?
Si después de esos encuentros entre EPS y el Gobierno, la conclusión que surge es que ese dinero de la UPC no está alcanzando, el país se enfrentaría a una pregunta: ¿De dónde va a salir la plata que falta?
Incluso, el ministro Jaramillo abrió la puerta a esa posibilidad: “Esos recursos están sobre la base de nuevos impuestos; no hay más”, dijo. “Tuvimos tres mesas sobre UPC. Hay un ambiente positivo, por lo menos el Ministerio de Salud ha recibido la información que entregaron las EPS y desde luego eso tiene unas particularidades técnicas que se va a tomar unos días en revisar. El Ministerio nos dijo que en dos semanas nos volveríamos a reunir y estamos esperando que esto suceda”, explica, por su parte, Ana María Vesga, directora de ACEMI, el gremio de las EPS del régimen contributivo.
La idea es que lleguen a una conclusión antes de diciembre de este año, cuando se defina el incremento de la UPC para el 2024. Contrario a lo que dicen las EPS, el Ministerio de Salud ha defendido que la plata de la UPC sí alcanza y que el aumento que se definió para el 2023 (del 16,23%) es suficiente.
“La diferencia entre las cifras es bastante. A pesar de que el último incremento fue importante, no ha podido absorber el traslado de usuarios, la ampliación del Plan Básico de Salud, el poscovid y el aumento de las frecuencias… Estamos como 7 puntos lejos, pero a tiempo de dar la discusión para el 2024″, dice Vesga.
“Esas mesas tienen un valor grande para que nos sinceremos sobre las cifras. Aclarémoslas. Esa es una discusión que se ha evadido en los últimos. Y esto no es nuevo, no es de este Gobierno, pero a este Gobierno le tocó. Antes de definir de dónde viene la plata, un tema central es cómo lo vamos a hacer. Usted encuentra los estudios y dicen que vamos a tener que subir en los próximos 10 años tres puntos del PIB para salud. Y con dificultad levantamos en una reforma tributaria un punto y medio. Entonces hay que definir con precisión, antes, cuáles son los objetivos del sistema de salud”, señala Galán.
Para él, ese objetivo no se puede reducir solamente a prestar servicios de salud: “Hay que hacernos preguntas de qué queremos atender, esa planeación no está muy clara. Por ejemplo, ¿cómo se van a incorporar nuevas tecnologías al sistema?”. Paralelo a esta discusión, empezará a debatirse el martes 5 de septiembre la reforma a la salud, que busca cambios estructurales en el sistema. ¿Qué esperar?
Un debate con una nueva “subcomisión”
La semana pasada, por iniciativa de la representante Julia Miranda, la plenaria de la Cámara de Representantes votó a favor de conformar una subcomisión para discutir los pormenores de la reforma a la salud. Integrada por los partidos, este grupo deberá intentar llegar al consenso con relación al texto de la segunda ponencia. La creación de esta subcomisión no detiene el debate en la plenaria y, como señala Miranda, “servirá como un espacio paralelo de discusión”.
No está claro cómo funcionará esta subcomisión, aunque sus impulsores hablan de mesas de conversación con todos los sectores. “A nosotros nos sigue preocupando el tema de aseguramiento. Cualquier transformación, sin una estructura creada, nos va a poner en aprietos y no nos va a permitir atender las poblaciones más vulnerables”, señala Álvaro Molina Quiñonez, uno de los representantes de los pacientes presentes en el pacto. Para Molina hay acciones que se pueden realizar ya para atender departamentos como el Chocó o La Guajira, que no tendrían que esperar una reforma.
De hecho, esa es una posición que también defiende Acemi. “Hay temas -dice Vesga- que podríamos comenzar a implementar fuera de un escenario legislativo de reforma estructural. Podemos avanzar en el tema de territorialización, es decir, la distribución de la población en búsqueda de eficiencias. Podemos comenzar a fortalecer el tema de atención primaria desde ya con mayor nivel de resolutividad en los CAPS (Centros de Atención Primaria en Salud). Podemos implementar el giro directo. Hay cosas que están dichas en la reforma en la que todos hemos coincidido y que podemos comenzar a trabajar ya”.
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