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Además de los entes gubernamentales, la Alta Corporación requirió a académicos y otros expertos en el tema de la salud para evaluar la viabilidad de la declaratoria de emergencia social, que le dieron el piso legal a os decretos a través de los cuales el Gobierno impulso la reforma del sector.
Facultades de medicina de las universidades, agremiaciones de trabajadores de la salud y otros grupos de trabajo inscritos en el tema, se sumarán a los conceptos, indicadores y estudios que rindan la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y los ministerios de Hacienda y Protección Social.
Esta petición se inscribe dentro del grupo de autos emitidos por la Corte Constitucional, con miras el estudio de exequibilidad de las disposiciones impulsadas desde el Ejecutivo, para poner fin a la crisis presupuestal de la Salud.
Entidades como la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, la Asociación Colombiana de Estudiantes de Medicina y la Universidad El Rosario, entre otras, fueron requeridas por la Corporación, para que aporten elementos procedentes para el estudio de constitucionalidad.
El martes pasado, se conoció el primero de estos documentos, firmado por uno de los magistrados ponentes, Jorge Iván Palacio Palacio, en el cual se conminaba, principalmente a la Presidencia de la República, para que expusiera los argumentos más relevantes que lo llevaron a tomar las determinaciones a través de las cuales se constituye la reforma a la salud.