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Cada vez que se inicia un nuevo mandato presidencial, Gobierno y Congreso comienzan a debatir el tema de la reforma política. Son reiterativos en el asunto desde hace muchos años y jamás logran llegar a un acuerdo convincente.
En el gobierno de Mariano Ospina Pérez, cuando en el conservatismo se hablaba de candidaturas, visitaron a Laureano Gómez los ministros José Elías del Hierro, Jorge Leyva y Víctor Archila Briceño para buscar fórmulas de acertamiento, con el fin de lograr el triunfo del partido. Entonces les dijo que en su nombre le comentaran al presidente Ospina que en vista de que él no había podido imprimirle un acento fuerte a su Gobierno, estaba dispuesto a cerrar El Siglo, renunciar a toda posibilidad de aceptar una candidatura y viajar al exterior.
Conocido el mensaje, el presidente Ospina, herido en su propia dignidad, montó en cólera y declaró a sus colaboradores que él era el jefe del Estado, que estaba dispuesto a hacer respetar sus prerrogativas constitucionales y que no aceptaba presión política de nadie. Pero al amanecer del lunes, cuando se vencía el término de la amenaza, Luis Ignacio Andrade, hombre fuerte del laureanismo y quien sí sabía hacer elecciones, se posesionó como ministro de Gobierno. De esa manera ayudó a imprimirle al Gobierno el acento fuerte que esperaba Gómez. Pocos días después se expidió un decreto nombrando a seis nuevos gobernadores “beligerantes”: Antioquia, Eduardo Berrío González; Atlántico, Alfredo Carbonell; Cundinamarca, Jorge Leyva; Magdalena, Antonio Escobar Camargo; Norte de Santander, Lucio Pabón Núñez, y Valle del Cauca, Nicolás Borrero Olano.
En noviembre, Ospina Pérez cerró el Congreso, se hicieron las elecciones y Laureano Gómez fue elegido presidente. El liberalismo se abstuvo de participar y, ante el cierre de las cámaras, el nuevo mandatario debió posesionarse en la Corte Suprema de Justicia.
Esa sí fue una reforma política, de acento fuerte, con votos y vetos.
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