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El futuro del exjefe guerrillero de Seuxis Hernández, mejor conocido como Jesús Santrich, está en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Detenido desde abril de 2018 a petición de los Estados Unidos por hechos de narcotráfico, Santrich está pendiente de que la JEP verifique si los hechos por los cuáles es requerido se cometieron después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, o no. Y así definir si puede ser beneficiado con el requisito de no extradición que se pactó en los acuerdos.
En ese trámite, la Procuraduría General le solicitó formalmente a la Sala de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz que remita el expediente a la Corte Suprema de Justicia, para que allá se defina si el pedido de extradición de Santrich cumple con los requisitos formales. Y es que para la entidad, la garantía de no extradición no le puede ser aplicada al exjefe guerrillero por que los hechos por los cuáles es requerido,se habrían cometido después de la firma del acuerdo de paz, el primero de diciembre de 2016.
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El procurador general, Fernando Carrillo, señaló que «existen elementos de juicio suficientes para considerar que los hechos no se dieron con causa, ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, descartándose que se tratara de un delito de ejecución permanente». Cabe recordar que Santrich es solictado por su supuesta participación en un negocio de envío de diez toneladas de cocaína al exterior.
La posición de la Procuraduría dice que como los hechos no tienen que ver con el conflicto y se habrían cometido con posterioridad al acuerdo de paz, entonces debe ser la Corte Suprema la que defina el futuro de Santrich y no la Jurisdicción Especial para la Paz. Y recordó que la verificación que hace el alto tribunal en este tipo de casos no es una análisis de fondo sobre las pruebas, ni un análsis de responsabilidad, sino una trámite formal.
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«La extradición es un importante instrumento de cooperación judicial internacional, que tiene como fundamento el interés de los Estados por evitar la impunidad. El respeto a los mecanismos de trabajo conjunto entre los Estados para combatir el delito, es esencial para fortalecer la justicia», dijo el procurador. Ahora será la JEP la que deberá estudiar esta petición de la Procuraduría.
Cabe recordar que en días pasados Estados Unidos informó que no extragará las pruebas que tiene en contra de Santrich a la JEP porque considerar que se trata de una requerimiento contrario a sus prácticas de extradición. Y porque sería innecesario, ya que todas las pruebas están en el expediente que entregaron a la Fiscalía.
Lo que sí dejó claro la carta de respuesta de las autoridades estadounidenses es que los delitos por lo que es pedido en extradición el exjefe guerrillero sí ocurrieron después del 1º de diciembre de 2016. Es decir, luego de la firma del Acuero de Paz y por eso se le debería extraditar sin más aplazamiento.
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El debate por el caso Santrich está encendido desde que él fue capturado, y quienes están interesados en él —por una u otra razón— nunca han dejado de atizar ese fuego. El exjefe guerrillero, detenido en La Picota desde hace nueve meses, ha gritado a los cuatro vientos que es inocente, emprendió una larga huelga de hambre y sostiene que su caso no es más que un montaje para debilitar el Acuerdo de Paz. La DEA señala que él estaba listo para hacer negocios con narcos y que por eso debe ser condenado. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, asegura que las pruebas contra Santrich son irrefutables.