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Unos 800 policías de Ecuador fueron convocados por la Fiscalía para aportar sus datos personales y huellas dactilares y ser fotografiados, dentro de las investigaciones por la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010, que el Gobierno interpretó como un intento de golpe de Estado.
Los agentes debían presentarse en el regimiento Quito número 1, donde se inició la protesta policial, informó el diario público El Telégrafo en su edición digital.
Los datos de los policías serán incorporados a las indagaciones que lleva a cabo la Fiscalía y comparados con las fotos y vídeos de los acontecimientos.
Entre 400 y 500 de los agentes citados se presentaron en las instalaciones policiales, mientras que aquellos que no acudieron serán llamados de nuevo y deberán justificar su ausencia en la diligencia.
El 30 de septiembre de 2010, que en Ecuador se conoce como «30-S», una protesta de policías derivó en un alzamiento de proporciones en el que el presidente Rafael Correa fue agredido y se refugió en un hospital de la policía, donde estuvo retenido más de nueve horas.
El mandatario, que había acudido al lugar de la protesta para hablar con los agentes sobre sus inquietudes salariales, fue rescatado por una operación militar en medio de un intenso tiroteo.
Correa consideró que en esa jornada, en la que fallecieron unas diez personas, hubo un intento de golpe de Estado en su contra, instigado por grupos de oposición y «malos oficiales» de la Policía.
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