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En una carta fechada el 26 de noviembre, 435 firmantes —entre ellos periodistas, políticos y ambientalistas— le piden al presidente Juan Manuel Santos prohibir “la construcción de instalaciones hoteleras en los parques nacionales”. Proponen, además, que dichas construcciones sean posibles en los alrededores de los parques, pero no dentro de ellos. Argumentan que el acceso a esta oferta turística no es “democrático” y que los parques naturales no deben ser utilizados como “instrumento” para lograr un progreso económico.
Sin embargo, en toda concertación siempre hay opiniones distintas. En este caso, Alberto Galán Sarmiento, director de Patrimonio Natural e interesado en la conservación de las áreas protegidas, no puso su firma en la carta.
Dos días después, Galán envió una misiva que señalaba algunos “vacíos” de la propuesta. Reconoce que la intención de los firmantes es buena, pero afirma que “con la propuesta central ustedes cierran las puertas al diálogo y a la exploración de opciones”.
¿Por qué no habría de ser acertado recuperar los parques nacionales, como señalan los firmantes, y prohibir las concesiones a empresas privadas? Hacia allí apunta el primer argumento de Galán, quien afirma que mediante las concesiones no se produce una “privatización” de los parques, pues cada empresa debe cumplir con un plan de manejo.
Además, que el Estado compre los terrenos privados es una tarea poco sencilla. “Esa meta —escribe— puede costar más de $500.000 millones, es decir, el equivalente a más de 14 años de los actuales ingresos anuales de Parques Nacionales”.
De modo que la solución no es prohibir las actividades ecoturísticas en los parques naturales —dice—, sino tener herramientas financieras para controlarlas. “La oferta de un amplio espectro de hospedajes dentro y fuera de los parques se debe dar (…), subrayando que la mayor parte de las ganancias obtenidas quede en el sistema de parques nacionales, así como en las comunidades locales”. Construir no es un “riesgo inevitable para la conservación”.
Galán también disiente en el acceso “democrático” a los parques. Afirma que es comprensible, pero quedan aristas por discutir, por ejemplo, el ecoturismo administrado por comunidades y las carencias en infraestructuras de los parques. “Nos tomaría cerca de 65 años garantizarles a los colombianos de hoy el acceso que ustedes desean y que yo comparto como propósito de país”.
Galán termina su carta con esta idea: es posible tener un ecoturismo “con los mayores estándares ambientales y sociales”. Y debajo, con un saludo cordial, está su firma.
¿Por qué no firmo la carta al Presidente sobre política de ecoturismo?