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Por incurrir en vías de hecho, el accionante de la demanda a Martha Lucía Ramírez buscará revertir la decisión que le mantuvo la investidura a la dirigente, a través de una tutela.
El abogado Saúl Billar manifestó que la certificación expedida por el Banco de Comercio Exterior, Bancóldex, es muy clara en referir que el acuerdo contractual con la ex senadora se produjo el 30 de septiembre de 2005 y no antes, como lo expone la magistratura.
De esta manera, sostuvo, queda más que evidenciado que la condición de contratista del Estado que asumió Ramírez se produjo después del plazo que la Ley le concede para no quedar inhabilitada en el propósito de asumir cargos públicos de elección popular.
Para el jurista resulta muy sospechoso que un organismo que ha estado envuelto en numerosos escándalos de corrupción emita sentencias de esta naturaleza, aún cuando entiende que hay Consejeros de Estado que salvaron su voto, al no coincidir con la decisión de la Sala Plena.
"Los honorables magistrados cambiaron la Ley y la Constitución por vía jurisprudencial, al salvar a esta señora. Prueba de ello es que la Sección Quinta, con las mismas pruebas que yo aporté, le anuló la elección a esa señora", puntualizó.