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El pasado 30 de abril se acababa el contrato de concesión del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Desde hace ocho meses, El Espectador alertó sobre el peligro de que el sistema se quedara sin doliente, por falta de estructuración de un proceso de licitación que permitiera elegir a un nuevo operador. A las pocas semanas de posesionado el nuevo equipo del Ministerio de Transporte, se tuvo que buscar una salida al gigantesco problema heredado del gobierno anterior. La solución escogida, aunque menos atractiva, fue prorrogar por dos años y medio el contrato a la Concesión Runt S. A., a la que todavía se le deben $25.000 millones por causa de un litigio arbitral.
¿Por qué el RUNT, considerado el cerebro del transporte en Colombia, que anualmente realiza más de 20 millones de trámites, llegó a estar en crisis? Desde 2007, cuando se firmó el contrato para la creación y administración del RUNT, se estableció que la concesión duraría 10 años. Sin embargo, para octubre de 2016, cuando supuestamente ya se tendría que haber iniciado el proceso para escoger a un nuevo operador, la realidad era otra: el Ministerio de Transporte y la Concesión Runt S. A. estaban enfrentados en un Tribunal de Arbitramento porque contratistas alegaban que no se les estaban pagando algunos trámites.
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Pasó todo 2017 y, en vez de estructurar la licitación del RUNT, los esfuerzos se centraron en largas jornadas de conciliación que fueron infructuosas. Solo hasta que el Tribunal de Arbitramento falló a mediados de 2018 a favor de la Concesión Runt, a la que se le deben todavía $25.000 millones, se vislumbró la magnitud del problema que se causó al no haber aportado una sola coma al nuevo proceso de licitación. La decisión del gobierno Santos fue terminar su mandato y delegar el problema a la administración de Iván Duque, que fue notificada del fallo al día siguiente de su posesión.
“Cuando llegamos al nuevo gobierno encontramos solo un estudio de la Universidad Nacional, que era una buena intención, pero de poca utilidad. Con el agravante de que la vigencia presupuestal de 2018 la recibimos en agosto y no se podían hacer adiciones para conformar o contratar un equipo que realizara un estudio para estructurar el RUNT 2.0. Necesitábamos plata para lo técnico, lo jurídico y para garantizar la operación. El peor escenario era suspender la plataforma sin haber seleccionado al nuevo operador. No podíamos improvisar ni actuar con ligereza”, manifestó el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos.
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Hace ocho meses, cuando los pronósticos del futuro del RUNT no eran alentadores, el Ministerio de Transporte pensó en tres salidas, entre ellas prorrogar el contrato. La primera fue promover una asociación público-privada (APP) que permitiera acelerar la elección del nuevo operador. Pero la solución no era viable, pues no existía reglamentación ni piso jurídico para la creación de APP tecnológicas. “Ante el vacío jurídico, cualquier propuesta quedaba inválida, porque se trataba de un contrato con condiciones diferentes a las de infraestructura. No podíamos improvisar ni actuar con ligereza”, explicó el viceministro Ostos.
La segunda idea fue buscar un operador transitorio que asumiera la administración del RUNT mientras se terminaba de estructurar la nueva licitación. Pero también fue desechada de tajo. No solo porque algunas empresas que se acercaron al Ministerio tenían la intención de quedarse con el negocio -genera ingresos por más de $5.000 millones mensuales-, sino porque ninguna tenía la experiencia y pericia para operar la plataforma. Era un riesgo similar a que el RUNT cesara sus operaciones y dejara en el limbo unos 25 millones de transacciones, 14 millones de registros, 456 centros de diagnósticos y 729 centros de enseñanza.
La tercera, y escogida, fue prorrogar el contrato a la Concesión Runt S. A., porque era la única que conocía el funcionamiento del sistema. Sin embargo, el Ministerio de Transporte pensó en una estrategia de negociación, pues desde el litigio arbitral, el interés de la concesión era quedarse con el RUNT por cinco años más. Pidieron acompañamiento del Ministerio Público, que envió a un procurador delegado para supervisar el proceso. El Gobierno, a través de sus abogados, plantearon la posibilidad de prorrogar la operación un año más. La Concesión se negó e hizo una contrapropuesta por cuatro años. Finalmente, se acordó que sería por dos años y medio.
“La prórroga no surgió del capricho. Estimamos que el estudio que se necesita para montar los pliegos es profundo. Va a tomar seis meses la estructuración de los componentes técnico-jurídicos, para así saber a ciencia qué tecnología, hardware y software se quieren, y qué nuevos trámites hay que incorporar. Y, además, establecer condiciones contractuales para que no se vuelvan a presentar los problemas del pasado. Por eso, dos años y medio es prudente para estructurar el contrato, hacer el proceso de licitación, la adjudicación y el empalme”, señaló el viceministro de Transporte.
La prórroga del contrato, que se dio a través de la firma de un otrosí, llegó con nuevas condiciones. Una de estas es que la concesión renuncia a reclamaciones futuras y no volverá a demandar al Estado. Otra tiene que ver con la inversión, pues se estableció que al Fondo de Reposición del RUNT, de $47.500 millones, se le adicionarán $19.000 millones para actualizar el software del sistema, el cual es modelo 2009. Además, se van a digitalizar 45 trámites que hoy se hacían en papel. Frente a la deuda de $25.000 millones, el viceministro indicó que se pagarán por aparte y no se adicionaron a la prórroga por recomendación de la Procuraduría.
“La actual plataforma del RUNT articula importadores y ensambladores, entes certificadores, información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito, centros de enseñanza automovilística, centros de diagnóstico automotor, aseguradoras, centros integrales de atención, direcciones territoriales, entidades financieras, centros de reconocimiento de conductores, entidades gubernamentales, entre otras. De la misma forma, mantiene actualizada y centralizada la información sobre los registros de automotores, conductores, licencias de tránsito, empresas de transporte público, infracciones, accidentes de tránsito, seguros, entre otros”, explicó el Ministerio de Transporte.
Según el cronograma, los prepliegos de la licitación del RUNT 2.0 se deben publicar en diciembre, para que en junio de 2020 ya se tenga al nuevo operador. Que a su vez tardará un año haciendo el empalme, pues deberá recibir las bases de datos y toda la infraestructura tecnológica para evitar la caída del sistema. Entre las novedades que buscará incorporar el Ministerio de Transporte está redefinir los porcentajes de distribución de los ingresos del RUNT, pues actualmente la concesión recibe el 80 % y el Estado, el 6 %. El interés por el negocio es grande, tanto así que desde República Dominicana, Perú y España ya preguntaron por la que hoy sería la concesión de tecnología más importante del país.
Ya se contrató un equipo de expertos que adelantarán mesas de trabajo con quienes más interactúan a diario con el RUNT. Se buscarán las deficiencias para construir pliegos acordes a las necesidades y que solucionen errores del pasado. “No se podía trabajar a la ligera y condenar al país a otros 10 años de institutos de tránsito corruptos y trámites de tránsito ineficientes”, dijo Ostos. Dentro de dos años y medio se conocerán los resultados de un trabajo que debió hacerse hace más de un año y que es fundamental para garantizar el funcionamiento de uno de los sistemas que es un punto central para el desarrollo del país.
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