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Iván Armando Celis Plazas, ex auxiliar de la Secretaría de la Sección Tercera de la magistratura, aseguró bajo juramento que fue el ex comandante de Caballería, Luis Alfonso Plazas Vega, quien lo interrogó en la Casa del Florero, luego de ser rescatado del Palacio de Justicia, en 1985, durante la retoma que adelantaba la Fuerza Pública.
Si bien el testigo, citado por la defensa del general (r) Iván Ramírez Quintero, cayó en varias contradicciones respecto a la hora y la presencia de personas dentro del edificio tomado por guerrilleros, dijo tener absoluta certeza de que fue Plazas quien lo sometió a un largo cuestionario, controvirtiendo la versión en la que se menifiesta que el ex uniformado no tuvo relación con el manejo de rehenes.
Aunque señaló no reconocer la presencia de uniformados del Comando de Inteligencia y Contra Inteligencia, Coici, dirigido por Ramírez, manifestó que sí notó la presencia de efectivos de la Caballería, que comandaba Plazas Vega, hecho que no había registrado en versiones anteriores, en las que tampoco hizo referencia al interrogatorio.
De la misma manera, destacó la supuesta presencia en el lugar de los hechos de quien fuera la esposa del administrador de la Cafetería que, según su dicho, estaba embarazada, cuando era un hecho que ella había dejado de asistir al Palacio desde hacía un mes, precisamente, por el nacimiento de su pequeña, que en aquel entonces contaba con no más de 30 días de vida.
Aún cuando en anteriores declaraciones entregadas a la Justicia, dijo que su salida del edificio se produjo hacia las 4:30 de la tarde del 6 de novimebre, durante este testimonio concluyó que no recordaba si había abandonado la infraestructura con la luz del día, al tiempo que señaló tener la absoluta seguridad de que sólo hacia las horas de la madrugada salió de la Casa del Florero, donde habría permanecido durante más de 13 horas.
Finalmente, dijo contar con unos videos VHS que había grabado su hermano con el cubrimiento que hacían los noticieros del acontecimiento, ese mismo día, cuando tales transmisiones televisivas habían sido suspendidas por orden del Ministerio de Comunicaciones y ese tipo de tecnología aún no se encontraba en el mercado para la época de la tragedia.
La declaración se produjo en el marco del juicio que enfrenta el general (r) Iván Ramírez Quintero, acusado de la desaparición de 11 personas que laboraban en la cafetería del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, cuando el edificio fue tomado por guerrilleros del M-19.
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