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Desde hace varias semanas se venía poniendo en duda la labor que estaba llevando a cabo el Congreso. El ritmo no era tan intenso como se habían comprometido los legisladores y ya se comenzaba a hablar de que la agenda de gobierno podía quedarse sin discutir. Sin embargo, en cuestión de dos días, Cámara y Senado le dieron el sí a varios proyectos de suma importancia. Aunque aún faltan varias iniciativas, se puede decir que ha sido una de las semanas más activas de lo que va de gobierno.
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Ante la avalancha de proyectos, es posible que se encuentre confundido por la cantidad de noticias sobre el tema en las que se habla de primer, segundo y hasta tercer debate, de hundimientos de proyecto y hasta de radicaciones nuevas. Ante la oleada de noticias en el Congreso, El Espectador reunió en un solo espacio los proyectos más importantes que se han movido en esta semana y le cuenta en qué van de qué trata y en que lo afecta en su vida diaria.
Prórroga de la ley 418 de 1997 (ley de orden público)
Estado: aprobada en primer debate en Comisiones Primera de Cámara y Senado
La ley de orden público data del gobierno de Ernesto Samper Pizano. Fue aprobada con la intención de crear un marco para la búsqueda de paz con los grupos guerrilleros y alzados en armas. Inicialmente la ley fue aprobada por dos años, pero ha sido prorrogada en distintas ocasiones hasta la actualidad.
En cada prolongación se le han modificado algunos puntos para adaptarla a los procesos de negociación y conflictos que hay en el país. Los mayores cambios hasta el momento los habían introducido Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. El primero usó las reformas para abrir la puerta a las negociaciones con los paramilitares y el segundo reconoció a través de esta el conflicto y estableció las condiciones para los diálogos de paz con las extintas Farc.
Pronto se cumple la vigencia de la última prórroga de la ley 418 y el gobierno Petro pretende extender su mandato, haciéndola una de las bases de su proyecto de paz total. Para este último fin, se ingresaron varias reformas al texto. Los cambios incluyen la distinción de los acercamientos entre el Eln y los grupos armados organizados. Aún así se extiende la aplicación de esta ley a estas últimas organizaciones criminales, para esto se establecen los criterios de sometimiento y los posibles beneficios judiciales que recibirán.
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La reforma planteada por el gobierno también busca deshacer algunos temas hechos por el gobierno Duque y pasar a la creación de regiones de paz, en la que se establecerá la figura de comisionados de paz regionales. Uno de los puntos controversiales en el del servicio social para la paz, que sería una figura que entraría a reemplazar el servicio militar obligatorio. Fue precisamente este tema en el que más hubo discusión este lunes.
Ley de presupuesto para el 2023
Estado: presentación de la ponencia para segundo debate
Mientras la Comisión Primera discutía la ley de orden público, las comisiones económicas de Senado y Cámara se reunieron con el ministro de Hacienda para terminar de darle los toques finales al proyecto de ley de presupuesto que se presentará en plenarias. El producto de este encuentro fue radicado en la noche de este martes.
La propuesta es de $405,6 billones e incluye varios puntos como una adición de $2,9 billones pedida por el presidente para gastos de funcionamiento. De esta forma, será $253,6 billones los destinados para este rubro. En cuanto al pago de la deuda, se destinarán $77,9 billones. La propuesta del gobierno Petro también busca una partida de $300.000 millones para cubrir el déficit de los sistemas de transporte del país.
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En cuanto a la adición pedida por el gobierno Petro, esta irá principalmente al sector de educación, salud, defensa y hacienda. El debate del presupuesto debe hacerse en los próximos días debido a que se acerca la fecha límite para que este pueda ser aprobado y cobre vigencia para 2023.
Ratificación del Acuerdo de Escazú
Estado: Aprobado en cuarto debate por la plenaria del Senado
A pesar de que hubo demoras en la aprobación de la prorroga de la ley de orden público, la plenaria del Cámara sesionó en la noche del lunes con el único fin de sacar adelante la ratificación del Acuerdo de Escazú. Como es un tratado internacional, firmado por Colombia en 2019, su ratificación para pasar al bloque de constitucionalidad estaba a cargo del Congreso.
A pesar de que fue un acuerdo firmado por el gobierno de Iván Duque, su administración nunca lo impulsó verdaderamente en el Legislativo y se terminó hundiendo su ratificación debido a la falta de trámite. El mismo gobierno radicó un nuevo proyecto para aprobación del tratado a finales del 2021, pero solo se comenzó a moverse durante la época electoral presidencial de 2022. El primer debate fue a finales del anterior Congreso y las tres siguientes discusiones se dieron con el nuevo legislativo y con un claro impulso del gobierno de Gustavo Petro.
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A pesar de que la ratificación normalmente es una cuestión de mero trámite, Escazú generó controversia debido a supuestas afectaciones a la libre determinación del sistema judicial colombiano y otros reparos presentados por distintos gremios económicos. Lo cierto es que este tratado tiene como fin principal impulsar la protección de los líderes ambientales en el país, permitir un mayor acceso a la información en temas medioambientales y fortalecer las políticas ambientales de América Latina. Tras el sí del Congreso, solo falta que la Corte Constitucional dé el visto bueno al tratado para que Colombia se adhiera oficialmente a este.
Reforma política
Estado: Aprobado en segundo debate en la plenaria del Senado
La reforma política es una de las banderas de este gobierno. Es más, es el único proyecto de acto legislativo de origen gubernamental cuyo trámite está bastante avanzado: va para el tercer debate de los cuatro que tiene que tener este semestre. Este martes, después de cinco horas de discusión, la plenaria del Senado le dio el sí a la gran mayoría del texto de la reforma política, tal como venía de la Comisión Primera del Senado.
Entre los puntos básicos del proyecto de reforma constitucional está la lista cerrada obligatoria para las elecciones legislativas por dos periodos. Igualmente se cambia la financiación de las campañas para que sea predominantemente por el Estado y que los privados solo puedan donar a los partidos y no a una campaña en específico. Hay otros puntos controvertidos como acabar con la incompatibilidad para que un congresista pueda ser de inmediato ministro o ocupe otro cargo en el Ejecutivo.
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En este mismo sentido se ha cuestionado que la iniciativa elimina el conflicto de intereses por financiación. La lógica de este punto es que al no haber donaciones directas, ningún congresista puede declararse impedido por sus donantes. A pesar de la controversia, todos estos puntos fueron aprobados sin mayores cuestionamientos por el Senado. El único punto que cambió de la reforma fue el voto obligatorio. Aunque se había aprobado en primer debate, la totalidad del Senado le dijo que no.
Con el sí de la plenaria del Senado, el proyecto debe pasar este año por la Comisión Primera de Cámara y la plenaria de esta corporación. Como es un acto legislativo, es decir una reforma a la Constitución, el próximo semestre nuevamente deberá ser debatido en cuatro ocasiones, dos en Senado y dos en Cámara. En estos siguientes cuatro debates no podrá recibir adiciones en su articulado, sino que se irá depurando aún más el texto.
Jurisdicción Agraria
Estado: aprobado en su primer debate en la Comisión Primera de Cámara
La jurisdicción Agraria es un tema básico para la reforma agraria que propone este gobierno. Esta reforma constitucional plantea que se cree toda una célula especializada en la justicia para los temas de reclamaciones de tierras. El proyecto también crea como órgano de cierre para estos temas a la “Corte Agraria Rural”, que estaría al nivel de los altos tribunales (Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y la Corte Constitucional), solo que esta se encargará de temas de reclamaciones de tierras.
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Como es un acto legislativo, el proyecto debe ser discutido en ocho debates (cuatro debates este semestre y cuatro más en el siguiente). Este era uno de los temas que había quedado rezagado en su trámite. Es más, si no se discutía esta semana, era muy probable que se hundiera ya que no tenía el tiempo suficiente para cumplir con el trámite de este semestre.
Regularización del consumo adulto del Cannabis
Estado: aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara
Este es otro de los proyectos de acto legislativo cuyo trámite está adelantado. Sin embargo, no proviene del gobierno sino del representante liberal Juan Carlos Losada. El proyecto es simple, busca introducir una excepción a la prohibición de porte, expendio y consumo de estupefacientes para así permitir la producción y distribución del cannabis para el consumo adulto. El proyecto tiene antecedentes en el Congreso pasado, con el exrepresentante Juan Fernando Reyes Kuri, pero solo hasta ahora tiene un trámite exitoso, gracias a un congreso con una mayor tendencia progresista.
A la par de este proyecto, otro acto legislativo está siendo tramitado en Cámara cuyo fin es legalizar el consumo adulto de cannabis, este es del representante liberal Carlos Ardila. La única diferencia es que el proyecto de Ardila pretende establecer desde el comienzo los gravámenes para la naciente industria del cannabis recreativo. El senador Gustavo Bolívar también tiene un proyecto similar, pero cursando por el Senado.
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Es la primera vez que un proyecto que busca legalizar la marihuana llega a más de un debate. El ambiente en Cámara y Senado hace pensar que es muy probable que el acto legislativo transite sin lío los seis debates que le quedan. El proyecto ha sido cuestionado por algunos sectores que aseguran que no es necesario ya que el consumo adulto ya está habilitado por el fallo de la Corte Constitucional sobre la dosis personal.
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