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Economistas, politólogos, sociólogos, funcionarios públicos, miembros de organizaciones sociales y académicos, entre otros, cuestionaron en el pasado los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que según Naciones Unidas fueron “la principal agenda global del desarrollo, al proponerse reducir, para 2015, por lo menos a la mitad la pobreza, sus causas y manifestaciones.
Estas metas mundiales fueron acordadas por los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo en la Cumbre del Milenio (septiembre 2000)” (http://goo.gl/D6VIuZ).
Los críticos argumentaron que, frecuentemente, estos no pasaron de ser manifestaciones de buena voluntad por parte de algunos gobiernos: que las expectativas que generaron y los costos de diseño, implementación y monitoreo de los programas fueron muy superiores a los resultados obtenidos en 15 años (2000-2015), y éstos inferiores a las metas propuestas. Si bien algunas de las críticas tienen fundamento, y seguramente los logros aún están lejos de alcanzar los objetivos iniciales, es innegable que los ODM en muchos países sirvieron para delinear y poner en marcha políticas públicas para reducir la pobreza, muchas de las cuales tuvieron impactos positivos. Adicionalmente atrajeron considerables inversiones y recursos económicos, tanto del sector público como de la cooperación internacional. Pero lo que posiblemente es más importante es que pusieron el tema de la pobreza y la desigualdad en un lugar destacado de las agendas públicas.
Ahora, bajo el liderazgo de la ONU, se está construyendo la agenda de desarrollo pos-2015-2030, que pretende “acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta” (http://goo.gl/fREWL4). En este proceso han participado representantes de numerosos países, expertos y organizaciones de la sociedad civil. Uno de los objetivos que se están discutiendo plantea la necesidad de contar con instituciones transparentes, incluyentes, responsables y que rindan cuentas, como un prerrequisito para erradicar la pobreza. Es decir, gobiernos honestos, que respondan a las demandas y necesidades de los ciudadanos y que garanticen una efectiva participación de éstos en la toma de decisiones, como un paso necesario para alcanzar la igualdad social y erradicar la pobreza. Este objetivo plantea una visión mucho más integral de lo que significa alcanzar sociedades más justas y equitativas, la cual se enmarca en el reconocimiento de la importancia de una institucionalidad fuerte y transparente. Esto, en últimas, significa reconocer que la lucha contra la pobreza no requiere solamente decisiones económicas, sino reformas políticas estructurales que transformen la relaciones entre el Estado y los ciudadanos.
Por esto, no sorprende que la negociación de este objetivo no haya sido fácil y haya encontrado múltiples obstáculos en el camino de su discusión. Muchos gobernantes aún consideran que no tienen el deber de rendir cuentas sobre sus decisiones y el manejo de los recursos públicos y por ello prefieren no comprometerse con el cumplimiento de esta meta. ¿Será que el gobierno colombiano la apoyará?
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