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Una reciente decisión de la Corte Constitucional dejó nuevamente en el limbo a uno de los más importantes terceros civiles que han pedido entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de Edward Mattos Barrero, ganadero del Cesar y hermano del corrupto empresario Carlos Mattos. Preso en el Valle del Cauca, este reconocido empresario de ganado ha colaborado con la justicia, ha apoyado la búsqueda de desaparecidos, pero aún no es aceptado en el tribunal creado con el Acuerdo de Paz. Sin embargo, en diálogo con El Espectador, Mattos dice que aún confía en la JEP.
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Capturado en mayo 2020, Mattos ha sido señalado por la Fiscalía de ser financiador de los paramilitares en los años 90 y comienzos de los 2000. Además, es procesado por supuestamente ordenar dos asesinatos que fueron ejecutados por ese grupo criminal que era liderado por el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, hoy preso en la cárcel La Picota de Bogotá. Justo por uno de estos crímenes, el del líder sindicalista Aldo Mejía Martínez, asesinado por los paramilitares en abril de 2001 en Codazzi (Cesar), fue que su expediente aterrizó en la Corte Constitucional, donde se esperaba que se desenredara el laberinto judicial. Pero no fue así.
Desde su lugar de reclusión en Jamundí (Valle), Edward Mattos contestó un cuestionario para este diario. Sobre su responsabilidad penal señaló: “Lo primero, y más importante, es aceptar la responsabilidad que me corresponde. Nosotros dejamos que los paramilitares ingresaran a nuestra región y auspiciamos que se quedaran. Los ayudamos con recursos, con suministros, yo concretamente reconozco que financié a los paramilitares para que pudieran operar. Lo segundo que quiero decir es que me perdonen. No tengo cómo justificar mis actos, son injustificables y muy graves. Pero les puedo garantizar que estoy comprometido con el proceso de paz y con las actividades que está haciendo la JEP”.
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El caso llegó hasta la Corte porque su defensa planteó un conflicto de jurisdicciones entre la JEP y el juzgado de Valledupar en el que avanza su caso en la justicia ordinaria. Uno de los argumentos del abogado de Mattos para que ese juez no continuara con el proceso es que habían entregado a la JEP un “verdadero programa de verdad y de reparación, lo que habilitaría la competencia de esa jurisdicción especial”, con lo cual el proceso debía ir a la justicia especial. Sin embargo, la Corte Constitucional negó su pedido. Ocho de los nueve magistrados del alto tribunal señalaron que el conflicto no podía ser resuelto, ya que la JEP no ha definido si acepta el sometimiento de Mattos Barrero.
Mattos y su abogado allegaron a la Corte Constitucional ese plan de verdad y reparación para que fuera tenido en cuenta lo que ya ha aportado al Sistema Integral, compuesto por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Este diario tuvo acceso a los documentos, en los que se detalla la información que ha entregado el ganadero en los últimos meses sobre el paramilitarismo en el Cesar y el papel que ha jugado en la búsqueda de desaparecidos en esta zona del caribe colombiano. De hecho, la UBPD acreditó ante la JEP que Mattos está colaborando en casos aún bajo reserva.
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Por ejemplo, en un documento fechado de abril pasado, la UBPD indicó que Edward Mattos aportó información para comprender modalidades y el contexto de la desaparición forzada en los municipios de Codazzi, La Jagua de Ibirico y la Serranía del Perijá. “También aportó información que sirve para dar cuenta de lo acaecido en tres casos de personas dadas por desaparecidas. A través de sus acciones permitió el contacto de cinco personas que aportaron información efectiva para la búsqueda con referencia a nueve posibles lugares de disposición de al menos 45 personas dadas por desaparecidas”, señala el documento de la entidad.
Entre los datos que entregó Mattos a la UBPD está la ubicación en un mapa de varios crímenes cometidos en esta zona del departamento, como la masacre de La Victoria, el asesinato de Daniel El Negro Medina, el secuestro de la odontóloga Margarita Rodríguez y el homicidio de Donaldo Garay. Además, de manera reservada, Mattos entregó a la JEP una lista de ganaderos, que al igual que él, fueron financiadores de las Autodefensas. “Algunos son miembros de la Federación Nacional de Ganaderos, esos nombres están bajo reserva y la JEP los tiene para contrastar información”, señaló una fuente que conoce el proceso y pidió reserva.
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El abogado de Mattos, Javier Torres, le dijo este diario: “Estamos encarando procesos simultáneos en la justicia ordinaria y ante la JEP sobre los mismos hechos. La JEP tiene un componente histórico para conocer la verdad, reparar a las víctimas y reconstruir el tejido social para que la paz sea realidad. La justicia ordinaria, por su carácter inquisitivo, es más demorada y se concentra en juzgar a una persona y que cumpla una condena, así la verdad o las víctimas queden relegadas. Mattos ha concurrido a la Comisión de la Verdad y ha hecho aportes reales ante la JEP. En dos años, la JEP ha conocido más de lo que pasó en el Cesar que en 20 años de justicia ordinaria”.
Una fuente cercana al proceso de Mattos indicó, incluso, que el ganadero ha sido interlocutor entre las comunidades del Cesar y la UBPD. “Como era un hombre muy conocido en esta zona, tenía mucha información de lo que pasaba en la región y quienes podían tener conocimiento de los hechos que rodearon varias desapariciones. Mattos ayudó a acercar a personas que podrían tener información de cómo los paramilitares desaparecieron forzadamente. Desde su reclusión, en la cárcel de Jamundí, Mattos ha comparecido en cinco oportunidades, desde agosto de 2021 a enero de 2022, de manera virtual, para entregar información sobre sitios de interés para la UBPD”, dijo la fuente.
Cuando El Espectador le preguntó a Mattos si confía en la JEP, contestó que sí: “Ha dado pasos gigantescos en la búsqueda de la verdad y la satisfacción de las víctimas”. Luego añadió: “Créame que hasta que no terminemos este círculo vicioso de venganza no pararemos la guerra, y la única manera de hacerlo en centrarnos en las víctimas. Eso sí, la JEP es muy exigente porque la paz no se puede obtener de cualquier manera ni es un tema de perdón y olvido. Me preocupa la justicia ordinaria porque su prioridad es evacuar expedientes, entonces algunos jueces no reconocen las actuaciones ante la JEP y eso es inseguro para personas que como yo le hemos apostado a la promesa del Acuerdo de Paz”.
En resumen, Mattos tiene abiertos dos procesos en la justicia ordinaria relacionados con los homicidios del ganadero Disnaldo Perpiñan y Carlos López (perpetrado en noviembre de 2001) y el de Aldo Mejía, líder de la Central Unitaria de Trabajadores (en abril de 2001). Por ahora, el ganadero espera que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP se pronuncie de fondo sobre su caso, espera en la que cumple cuatro años, pues pidió pista desde noviembre de 2018. A pesar de sus aportes a la justicia, a la Comisión de la Verdad y a la UBPD, y aunque hasta la Procuraduría presentó un concepto pidiendo que el ganadero sea aceptado, el caso sigue en el limbo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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