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Los cuatro protagonistas del último giro conocido dentro de la historia de corrupción de Odebrecht en Colombia parecen no tener nada que ver. Sin embargo, sus hilos se han entrecruzado desde hace años, pues tienen un común denominador: el contrato que, en 2014, prometió la tan anhelada navegabilidad del río Magdalena. Las cabezas de esta nueva historia son: la multinacional brasileña, la familia Gerlein, la Contraloría y el FBI. Seis años después de que estallara el escándalo de corrupción que develó todo un entramado de coimas de la constructora para quedarse con millonarios contratos de infraestructura, esta semana revivió el caso de Navelena, del que poco o prácticamente nada se sabe.
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El muerto lo revivió el recién posesionado contralor, Carlos Rodríguez. Por recomendación de dos dependencias de la entidad, el alto funcionario declaró que este capítulo de la historia de Odebrecht es uno que debe tener carácter de interés nacional. La consecuencia directa y más inmediata de esta determinación es que la investigación por presuntas irregularidades en la contratación no va a archivarse. Horas antes de que el caso prescribiera, Rodríguez firmó el auto en el que quedó claro que existen dudas sobre la contratación, pagos, diseños y estructuración del proyecto que, en 2014, Cormagdalena le entregó a Odebrecht y a la firma Valores y Contratos (más conocida como Valorcon) de la familia barranquillera de los Gerlein.
Quien encendió las alarmas por la decisión de la Contraloría fue el periodista Daniel Coronell, quien agregó en su reporte que el FBI ha estado siguiéndola la pista en Colombia a varias investigaciones sobre el caso de Odebrecht. Según la publicación, la Unidad Internacional Anticorrupción de esa agencia federal comisionó al agente especial Michael Lewandowski como el encargado del capítulo colombiano. Se trata de un funcionario de altísimo perfil, pues se le atribuye el éxito de la extradición de los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quienes terminaron confesando que recibieron más de US$28 millones de dólares de sobornos de la multinacional. Todo, dijeron, por orden de su padre.
La presencia de Lewandowski y de sus hombres en Colombia se ha reportado desde hace varios meses. Fuentes cercanas a esas investigaciones le confirmaron a este diario que su objetivo central es determinar si la justicia colombiana dejó de investigar episodios del entramado de corrupción de Odebrecht y si todavía hay sobornos a altos funcionarios que han pasado de agache en la Corte Suprema de Justicia, pero especialmente, en la Fiscalía. Precisamente, uno de los episodios de interés del FBI habría sido el de Navelena y su expediente en la Contraloría, entidad que ha estimado que existió un detrimento patrimonial de al menos $189.000 millones.
¿Qué tiene que ver la familia Gerlein en este asunto?
Cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y Cormagdalena abrieron la licitación para dar con el contratista que pudiera hacerse cargo del soñado proyecto para hacer navegable el río Magdalena, al proceso llegaron cuatro propuestas. Uno de ellos fue el consorcio Navelena, conformado por Odebrecht en un 85 % y por Valorcon, en un 13,3 %. Según la composición societaria de esta última empresa al momento de la adjudicación del contrato, Julio Gerlein, hermano del exsenador conservador Roberto Gerlein, era el principal propietario, pero hace unos años entró a reorganización y el consorcio ya fue liquidado.
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La unión entre la multinacional brasileña y la empresa de Gerlein terminó siendo la ganadora de la licitación de un contrato de más de $200 mil millones. No porque su propuesta fuera la mejor, sino porque los otros concursantes se retiraron del proceso. En agosto de 2014 se adjudicó oficialmente el contrato y, dos años después, los problemas en su ejecución se hicieron evidentes. El más grave ocurrió en mayo de 2016, cuando el interventor encontró que los contratistas no habían podido acreditar cómo iban a financiar la obra (esto en el mundo de los contratos se conoce como el cierre financiero). Para Navelena, la dificultad radicó en que no hubo quién le prestara la plata para el proyecto.
En la búsqueda de esos créditos, apareció el Banco Agrario, quien autorizó la entrega de $120.000 millones, que se destinaron a pagar las obligaciones de la etapa de preconstrucción y que recibió la fiduciaria del proyecto, en cabeza del Banco de Occidente, del Grupo Aval. Pero no fue suficiente. Para diciembre de 2016, a Navelena se le apareció un ángel: Sumitomo Mitsui Banking Corporation, un grupo japonés que estaba dispuesto a poner lo que faltaba. Pero ya era demasiado tarde. Seis días después del visto bueno de los nipones, Estados Unidos reveló los pormenores del entramado de corrupción trasnacional cuyo protagonista era el socio mayorista del contrato para la navegabilidad del río Magdalena: Odebrecht.
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Lo que siguió ya es historia judicial. Como Colombia estaba mencionado como uno de los países en el que los brasileños habían pagado millonarias coimas para quedarse con contratos de infraestructura, en cuestión de semanas empezaron a caer las primeras fichas. El exviceminsitro Gabriel García Morales confesó que recibió un soborno de US$6,5 millones para que Odebrecht se quedara con el contrato de la Ruta del Sol 2 en 2010. El siguiente fue el exsenador Otto Bula, quien también le contó a la justicia que la multinacional le entregó coimas para interceder por ellos en varias licitaciones.
Después cayeron los exsenadores Musa Besaile y Bernardo el Ñoño Elías y no tardó mucho en estallar el escándalo por el hecho de que el exfiscal Néstor Humberto Martínez no hubiera hecho público que había asesorado jurídicamente al Grupo Aval, que tenía intereses detrás de los proyectos de la Ruta del Sol y de Navelena. Aunque la justicia logró determinar quiénes estuvieron detrás de las irregularidades del contrato para la vía que buscaba conectar el centro del país con la costa Caribe, ese no fue el caso del contrato en el río Magdalena. Seis años después de que iniciara esta historia de corrupción, no hay una sola persona vinculada a una investigación penal por presuntas irregularidades en la entrega de ese contrato.
En contraste, la Procuraduría sí le metió el diente a indagar si funcionarios públicos pudieron cometer irregularidades en ese proceso de contratación. En junio de 2019, el Ministerio Público sancionó a varios antiguos altos funcionarios del Banco Agrario y, aunque dos años después el fallo absolvió a siete de ellos, en el fondo quedó claro que varios empleados sí cometieron faltas disciplinarias. Lo que reprochó la Procuraduría es que la junta de la entidad bancaria autorizó un millonario desembolsó de dinero a favor del consorcio de Odebrecht y los Gerlein, sin tener en cuenta que ya era de público conocimiento las movidas corruptas de la multinacional, al menos en Brasil.
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El hecho de que, hasta ahora, las investigaciones penales no hayan avanzado fue tenido en cuenta en una reciente decisión clave en este caso, que casi coincide con la decisión de la Contraloría de no dejar que su investigación prescribiera. Se trata de un laudo arbitral que se firmó el pasado 30 de agosto en el que se definió cuánta plata debe pagarle el Estado al consorcio Navelena por la liquidación del contrato que fracasó. Ese pleito comenzó en 2018, pues ninguna de las dos partes se puso de acuerdo en cuánta plata debía ganar los contratistas por el trabajo hecho.
Mientras que Navelena pedía más de $347.000 millones, el Estado le dijo que solo respondería por $233.904 millones y, en conclusión, la posición que terminó ganando fue la de este último. Por eso, para el gobierno actual, se trata de un fallo histórico en el que “se salvaguardaron los intereses y el patrimonio de la Nación”. Aunque la decisión ya está tomada, a la luz de la reciente decisión de la Contraloría de reactivar el caso, en el aire queda la pregunta: ¿Si el ente fiscal llegara a probar un detrimento patrimonial, el laudo habría sido todavía más beneficioso para el Estado?
Pero más allá de estas irregularidades, lo cierto es que la justicia nunca avanzó en determinar si, como en la Ruta del Sol, también mediaron coimas para la entrega del contrato. Ahora, la Contraloría tiene la posibilidad de esclarecer si en el fallido contrato para la navegabilidad del río Magdalena se perdió dinero público, lo que, en consecuencia, podría traer consecuencias penales para quienes participaron de ese negocio.
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