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Contraloría sancionó a Hernán Martínez Torres, exministro de Minas

La entidad además profirió un fallo de responsabilidad fiscal por $60.023 millones contra el exdirector del entonces Ingeominas Mario Ballesteros, el director técnico de dicha entidad José Fernando Ceballos, así como la firma Prodeco.

Edgardo Maya Villazón, contralor general de la República. / Archivo - El Espectador
Edgardo Maya Villazón, contralor general de la República. / Archivo – El Espectador

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De acuerdo con la Contraloría, todos ellos estuvieron comprometidos en el detrimento patrimonial que le representó al Estado el ajuste que se hizo, mediante el otrosí N° 8 del 23 de enero de 2010, al contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito por Ingeominas con C.I. Prodeco. En el  otrosí se establecieron  modificaciones en relación con la liquidación de regalías y otras contraprestaciones económicas, que significaron la disminución de las mismas. “Tal situación causó un daño a los intereses del Estado, dado que, como consecuencia de los cambios realizados en el cálculo de los ítems de regalía básica, regalía adicional y compensación por ingresos brutos para la producción del año 2010,  el Estado dejó de percibir $52.214 millones”, indicó la Contraloría. Una suma que  ajustada a la fecha alcanzaría los  $60.023 millones. Antes de implementar los cambios consagrados en el otrosí 8, el Estado recibía $129.512 millones, y tras este ajuste se pasó a $77.298 millones, para el período de transición.Con esta acción fiscal se  busca resarcir a las regiones que se vieron afectadas por no recibir las regalías y contraprestaciones económicas.  Tales regalías estaban destinadas a satisfacer necesidades  básicas de salud, educación y saneamiento básico de los pobladores de los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico y El Paso, del departamento del Cesar. La Constitución Política de Colombia establece  que toda explotación de un recurso natural causará en favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía. Por esta razón la Contraloría argumenta que desde que se  detectó la irregularidad se advirtió que el otrosí N° 8 era contrario a la Carta Magna. 

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