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Un terreno que abarca más de 7.000 hectáreas ubicado en la zona norte de Cartagena, donde ya andan proyectos de conjuntos residenciales de lujo –con campos de golf incluidos–, está a la espera de una resolución de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que ponga punto final sobre los folios de 585 lotes tras una pelea judicial que involucró agentes privados y consejos comunitarios de comunidades negras en Bolívar. Y es que en 10 años que han pasado desde que se le impuso una restricción a esos predios para cualquier tipo de proceso administrativo o notarial, varios proyectos de exclusivas urbanizaciones han avanzado en un área que inversionistas extranjeros miran con interés.
La vía al mar entre Barranquilla y Cartagena recorre unos 146 kilómetros aproximadamente, y se trata de una carretera que corre paralelo a anuncios de proyectos de condominios de lujo. Más cerca de la capital de Bolívar, algunos de ellos ya se han materializado, con edificaciones que, por apartamento, no bajan de los $638 millones y con terrenos que llegaron a ser del interés de la familia del otra vez presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, después del kilómetro 26 comienza la zona en pleito, que abarca un espacio más grande que la localidad de Usaquén, la cual además ha sido “intocable” por cuenta de las afectaciones que se impusieron a través del Auto 294 del 22 de julio de 2015 de la Corte Constitucional y que, a la fecha, no han sido levantadas.
A los propietarios de esos extensos terrenos —con escrituras a las que accedió El Espectador en medio de la verificación y que tienen tradición de hace más de un siglo—, que hoy por hoy son, en algunos casos, usados para alimentar el ganado que mantiene a raya la vegetación, tampoco se les escapan las posibilidades de venta que se han perdido con esas restricciones. Llevan esperando casi tres años desde que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) —actualmente bajo la jefatura de Juan Felipe Harman, quien llegó al puesto en febrero de 2024— certificó, tras un proceso de clarificación, que esas hectáreas eran propiedad privada y no podían ser sujetas a una titulación colectiva, como habían argumentado los consejos comunitarios de Las Europas, Arroyo Grande y Amanzaguapo la década anterior.
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El proceso, de todas formas, no ha sido expedito, pues ha implicado la revisión de más de 110.000 folios y toca varios intereses que también habrían sido causa de un lento proceso administrativo que inició cuando Myriam Martínez todavía encabezaba la agencia. La labor de la ANT tendría que haber comenzado en 2016, con la sentencia T-601-16 de la Corte Constitucional, firmada por la entonces magistrada Gloria Stella Ortiz, que ordenó a la entidad realizar la clarificación –es decir, verificar la tradición de esos predios en un tiempo no mayor a dos años– después de decidir “tutelar los derechos fundamentales a la identidad étnica y cultural, al debido proceso administrativo y de petición de los accionantes” y ordenar el trámite de “las solicitudes de titulación colectiva elevadas” por los consejos comunitarios. El trabajo se dio por iniciado en 2017, con la Resolución 1344, y finalizó en 2022, con la Resolución 20223200117056.
Aunque muchos esperaban que con esto la afectación se diera por terminada, ese no fue el caso. Una persona involucrada en asuntos inmobiliarios en esa zona que habló con este medio y pidió mantenerse bajo el anonimato, contó que después de esa resolución hubo varios propietarios que estuvieron interesados en vender, pero se les informó que no podría hacerse a menos de que la ANT levantara esas afectaciones. Un documento fechado de abril de 2024, en manos de este diario, contiene la respuesta de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena sobre los cuestionamientos de los propietarios por no poder abrir folios nuevos a terrenos propios. En la misiva se lee que la resolución “no ha sido notificada formalmente a la [entidad] y, por tanto, no ha sido publicitada en los folios de matrícula inmobiliaria”.
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Cuando El Espectador le consultó a la ANT sobre las demoras en levantar las medidas, la entidad aseguró que se encuentra cerrando el proceso de respuesta a los recursos de apelación que fueron radicados frente a esa decisión –16 en total–, por lo que “la actuación administrativa aún no se encuentra en firme”. Finalizado eso, el expediente pasará a las manos de la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica para que proceda con “la cancelación de la anotación en los folios de matrícula inmobiliaria vinculados en el trámite”.
“Es de destacar que la resolución de los recursos llevó consigo un análisis exhaustivo del expediente del proceso de clarificación compuesto por 73 cajas, 551 carpetas y 110.625 folios y, a la fecha, la decisión sobre el recurso de apelación se encuentra surtiendo trámite de notificación a las partes intervinientes y de comunicación a terceros interesados”, precisó la entidad.
Ahora, cuando se finalice ese proceso, las posibilidades pueden comenzar a abrirse para los que ostentan los títulos de esos terrenos, que combinan tipos de uso suburbano, rural y protegido, y podrán incluir “usos comerciales, industriales y de servicios, así como los residenciales referidos a la vivienda campestre”. Incluso, el “estancamiento” que se evidencia en la zona por cuenta de la falta de servicios públicos, según dijeron los propietarios y personas involucradas en el sector inmobiliario que hablaron con este diario, ya está en la mira de la Alcaldía, que se encuentra formulando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
De acuerdo con un documento sobre la revisión y ajuste del POT de Cartagena, con fecha de diciembre de 2023, se identifica Arroyo de las Canoas y Arroyo Grande como zonas en los que en los próximos años llegará la cobertura de acueducto, en parte por el “acelerado crecimiento urbanístico de la ciudad”. Esas obras, como lo constató este diario, ya están en curso en la vía al mar.
Ahí no acaba, pues cerca de esos terrenos en disputa se construirá el aeropuerto de Bayunca, que se espera que sea cuatro veces más grande que el Rafael Núñez. Se trata de un proyecto de iniciativa privada que para diciembre de 2024 anunciaba una inversión de $12 billones, con una extensión de 864 hectáreas, 25 posiciones de parqueo para aviones comerciales y 22 para aviación general, de acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura.
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Pero la expansión de lujo en la zona norte de Cartagena no es lo único que queda pendiente. En esas zonas urbanas de los corregimientos de Arroyo de las Canoas, Arroyo Grande y las Europas también hay personas que están a la espera de una titulación y que han vivido en esas zonas por más de 30 años, aunque sin la posibilidad de acceder a servicios públicos. Justamente, en el artículo tercero se remitió el expediente a la Subdirección de Seguridad Jurídica para que “determine la viabilidad del inicio del proceso de formalización de la propiedad” para estos centros poblados, así como “en las demás áreas que no están representadas por un folio de matrícula inmobiliaria”.
El disgusto de la espera viene también por parte de los consejos comunitarios, las expectativas que habían obtenido con la decisión de la Corte Constitucional se fueron al piso, pues la titulación colectiva de esos predios que, según argumentaron, eran terrenos ancestrales, nunca se concretó tras el proceso de clarificación. De acuerdo con Marlon Yanez Camargo, personero delegado para la protección de las comunidades de especial protección constitucional de Cartagena, quien estuvo en todo el proceso de recolección de pruebas y a cargo de la pedagogía y garantías para las comunidades negras involucradas en el proceso, les dieron “falsas expectativas” sobre lo que se podría conseguir con esa decisión constitucional.
Yanez señala que desde su entidad tuvieron que “exigir que se le explicara a la gente el procedimiento” que tenían que llevar a cabo. En ese entonces, según Yanez, la ANT no contaba con las herramientas que permitieran que quienes hacen parte de estas comunidades, en su mayoría poco alfabetizadas, pudieran entender los procesos jurídicos, de por sí engorrosos y complejos.
Con las posibilidades de expansión urbana al acecho, y con comunidades que ven cada vez más crítica la llegada de una decisión final que pueda dar vía libre a lotear y vender esos extensos predios, o solamente tener servicios públicos en sus casas, la entidad trabaja a contrarreloj. Y tampoco pasa de agache que los vecinos de alta alcurnia que ya cuentan con propiedades ubicadas en la cercanía, así como esos inversionistas privados, ya tengan sus ojos puestos en el asunto. Mientras eso ocurre, en las montañas de esos territorios con vista al mar siguen creciendo las plantas ante la poca intervención de la mano humana.
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Por María José Barrios Figueroa
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