Crimen del Gobernador de Caquetá fue contra el DIH: Fiscal

“Las Farc van a hacer cualquier cosa estos días. Hay que cuidarse”. Paradójicamente, esta advertencia hizo parte de las últimas conversaciones que Luis Francisco Cuéllar Carvajal, el gobernador de Caquetá cuyo asesinato se conoció el pasado martes 22 de diciembre —el mismo día en que cumplía 69 años—, sostuvo con su familia. Así lo relató Luis Fernando, uno de sus hijos, quien agregó que uno de los policías que protegían a su padre también mencionó, horas antes del secuestro de Cuéllar, que había rumores de un posible atentado contra el gobernador.

La suerte que corrió el mandatario regional, al final, fue la más negra de todas. “Miserablemente degollado”, como expresó el presidente Álvaro Uribe. Su ejecución despertó la indignación de Caquetá, de todo el país y de la comunidad internacional. Pronto, voces de todo el mundo se unieron al rechazo nacional por este crimen, cuyos detalles se siguen divulgando. Se supo, por ejemplo, luego de practicarse la necropsia al cuerpo de Cuéllar, que murió aproximadamente una hora después de su secuestro, es decir, el mismo lunes 21 de diciembre.

Desde Bruselas, la Presidencia de la Unión Europea condenó la muerte de este dirigente político y del patrullero que lo custodiaba, Javier García. José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, dijo que “este acto de atrocidad y barbarie merece el rechazo de la comunidad internacional que apoya a Colombia en sus esfuerzos por lograr la paz”. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, tampoco ahorró críticas contra la guerrilla: “Con este salvaje crimen, las Farc muestran una vez más su actitud despiadada y su total indiferencia por el Derecho Internacional Humanitario y el bienestar de la población civil”.

A esta posición se sumaron diversas naciones. Francia lo llamó un “crimen odioso”; el canciller de Chile, Mariano Fernández, manifestó que “este inhumano acto de violencia conmueve al mundo entero y nos convoca a renovar nuestro compromiso de lucha contra el terrorismo”; la Cancillería ecuatoriana rechazó enérgicamente el crimen y expresó solidaridad con los familiares del gobernador y los de los policías; mientras que el gobierno estadounidense “inequívocamente condena el uso del secuestro y el asesinato como actos políticos, militares o económicos”.

La familia del gobernador Luis Francisco Cuéllar sigue cuestionando cómo un hombre que había sido objeto de cuatro secuestros previos por las Farc contaba con un esquema de seguridad tan lánguido. Por qué el Ejército o la Policía no le brindaron una protección acorde a esos antecedentes. El hecho sigue siendo atribuido a la sanguinaria columna móvil Teófilo Forero de las Farc y organizaciones como las Naciones Unidas ya han calificado públicamente el hecho de “crimen de guerra”, a la vez que siguen exigiendo de las Farc respeto hacia la vida e integridad de la población civil.

El fiscal general (e), Guillermo Mendoza Diago, quien mencionó que contra Cuéllar cursaban tres investigaciones en su organismo, dijo que este podría ser un crimen contra el Derecho Internacional Humanitario, “por la forma bárbara como se cometió”. Tanto él como el procurador Alejandro Ordóñez señalaron que éste caso lo podría conocer la Corte Penal Internacional, en caso de que las investigaciones colombianas resultaran ineficaces. Pero lo que los familiares de Cuéllar, del patrullero García y demás ciudadanos esperan es que haya prontitud en las actuaciones de las autoridades. Y, por encima de todo, justicia.