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Desde hace un año y cinco meses, la Fiscalía tiene cientos de archivos, documentos, correos electrónicos, audios, chats y fotografías que serían prueba de una alianza criminal entre el Ejército, un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y agentes del ente investigador y de la Policía con las disidencias de las Farc. No obstante, pese a la gravedad del voluminoso y detallado paquete de pruebas, y de que esa alianza estaría más que vigente, el ente acusador no ha puesto en marcha una línea de investigación para desentrañar los alcances de la que sería una de las peores redes de corrupción al servicio de ese grupo armado. Hasta ahora solo se han revelado dos nombres de altos funcionarios, pero hay más involucrados.
La información que fue revelada por Noticias Caracol la tiene una fiscal de Medellín desde el pasado 23 de junio de 2024, luego de un operativo en Anorí, Antioquia, en el que la fuerza pública en un retén de al menos nueve camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) detuvo a varios jefes disidentes, entre ellos, el máximo líder del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), alias “Calarcá Córdoba”. En esa diligencia fueron incautados más de cien dispositivos electrónicos con las pruebas de ese posible entramado criminal que no solo le habría servido a la disidencias para fortalecerse militarmente, sino que demostraría una filtración de sus miembros en entidades como la Dijín de la Policía, la Fiscalía y la DNI.
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Un oficial reincorporado con sombras y alertas
Entre los archivos que se encontraron dentro de los computadores portátiles y las memorias USB incautadas resalta un nombre que sería clave para esclarecer la presunta colaboración entre altas esferas militares y de inteligencia con ese grupo armado. Se trata del general Juan Miguel Huertas Herrera, quien actualmente lidera el Comando de Personal en el Ejército, que se encarga de nombrar, retirar y ordenar traslados de cualquier integrante. Según la información del noticiero, el general Huertas habría sido el artífice de proponerle a la disidencia la creación de una empresa de seguridad como fachada para que se pudieran movilizar en vehículos blindados y portar armas de manera legal. Además, a través del uniformado, el grupo armado también habría accedido a información de inteligencia.
Huertas Herrera tendría un pasado también presuntamente vinculado con grupos criminales. El alto oficial salió del Ejército en marzo de 2022, durante el gobierno de Iván Duque, por “llamamiento a calificar servicios”, esto luego de que se conociera información de agencias de inteligencia de Estados Unidos que habrían advertido al gobierno colombiano sobre serias sospechas de presuntos nexos del general con grupos delincuenciales y disidentes. Así lo señaló el exministro del Interior y actual candidato presidencial, Daniel Palacios. Pese a esa sombra, el general Huertas fue reintegrado durante el actual gobierno, luego de expresar su respaldo a la campaña en 2022.
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El funcionario de la DNI con un puesto en la Universidad de Antioquia
El otro nombre involucrado en el entramado es el de Wilmar de Jesús Mejía, director de inteligencia de la DNI. En varios audios y documentos, disidentes hacen mención a Mejía como “El Chulo”, una referencia que los disidentes usan para señalar a uniformados del Ejército. “Aquí me presentó lo que fueron coroneles, estaciones de Policía, comandantes de estación de Policía, de CAI (…) le decimos ‘Chulo’ por lo que él se encontraba con todos esos chulos que son de Ejército, por eso nosotros le pusimos así”, señaló un disidente en uno de los chats que reveló el noticiero. En una de las comunicaciones, los hombres de Calarcá cuentan como oficiales de esa institución entregaron códigos de frecuencias radiales para evadir controles y garantizar su movilidad.
Wilmar Mejía es licenciado en Educación Física, pero con la llegada del gobierno Petro se convirtió en una ficha clave en cuanto a inteligencia se trata. Según el informe de Caracol, Mejía sería “el verdadero poder” al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia. El director general de la DNI, Jorge Lemus, señaló que Mejía ingresó a la entidad el 10 de mayo de 2024, casi un mes después del retén, por lo que las fechas de las reuniones reveladas en el informe periodístico no coinciden. Un año después, fue designado como director de inteligencia. Según el informe periodístico, fue el responsable y mano derecha del presidente Petro en una purga de altos oficiales de la fuerza pública que no eran afines al gobierno.
A Mejía lo describen como el hombre encargado de definir traslados, ascensos o destituciones en las instituciones militares y de Policía. Pero su nombre ya sonaba en las esferas de poder, principalmente en Antioquia. En marzo de 2024, Mejía fue designado por el presidente Petro como su representante ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. En 2004 también fue representante de los estudiantes en esa instancia, incluso fue el último en ese asiento hasta este año que volvieron las elecciones y se eligió un nuevo representante. En el año 2018 intentó llegar a la Cámara de Representantes, pero su aparición fue fugaz y se quemó en las votaciones.
Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2025
Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en la Guajira y…
La respuesta del presidente Gustavo Petro
El presidente Petro, después de casi un día de conocerse la información, salió en defensa de Wilmar Mejía –funcionario de su entera confianza dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia– y del general Juan Miguel Huertas –a quien Petro reintegró en el Ejército a mediados de 2025–, quienes terminaron salpicados por una serie de archivos digitales en los que se habla de sus posibles nexos con ese grupo ilegal. El mandatario argumentó que los informes de inteligencia revelados por Noticias Caracol son “falsos” y que, supuestamente, se trata de una persecución a funcionarios que “me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos”.
En medio de esto, Petro aseguró que el supuesto origen de esta información sería la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA): “Hoy la CIA tiene razones para atacar a mi gobierno, desprestigiándolo, las órdenes vienen desde su gobierno. No he querido sacarla del país, esperando que el gobierno de Trump reaccione y se de cuenta que los informes que recibe vienen del mismo narcotráfico buscando romper las relaciones”. El presidente aseguró que, en una reunión con funcionarios de la CIA, le mencionaron a Huertas y sus supuestos vínculos con un grupo armado, “pero mencionaron otro diferente al de hoy”. También que “de Wilmer no se dijo nada”.
Lo cierto es que toda esta información está en los escritorios de la Fiscalía General de la Nación desde hace más de un año, pero no hay avance sobre una investigación, por el contrario, la fiscal Luz Adriana Camargo aseguró que desconocía completamente la información revelada por el noticiero y que apenas ahora están verificando la información correspondiente, pero advirtió que no actuará con “precipitud”. Por su parte, la Procuraduría General anunció también la apertura de una indagación a ambos funcionarios para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de cada uno.
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