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El presidente de la Cámara, Julián López, empezó la campaña para su reelección como representante por el Valle con una imagen atípica en el Congreso: amarrado a la silla de su curul en el Capitolio y con un trapo rojo que tapaba su boca tras una serie de castigos que el partido de La U interpuso en su contra. Los hechos fueron el culmen de una disputa entre uno de los legisladores que más respaldo tiene del gobierno de Gustavo Petro, y las directivas de una colectividad que está dividida entre mantener su respaldo a la Casa de Nariño o dar el salto a la oposición en plena época electoral.
Tal es el nivel de disputa que hay entre el legislador valluno y las directivas de la U, entre quienes se encuentra la gobernadora de su región, Dilian Francisca Toro, que el caso ya saltó a estrados judiciales. De hecho, hay expectativa sobre la ruta que tomará la Procuraduría en torno a un asunto que tiene que ver con la suspensión de la voz y voto de un congresista, la autonomía disciplinaria de una colectividad y, entre otros, la puja interna entre los petristas y contradictores que hay en ese partido.
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¿Qué es lo que está pasando? El Comité de Ética de la U sancionó el pasado 28 de octubre sancionó a López intentar formar una “disidencia” dentro de la colectividad, a la cual incluso llegó a bautizar ‘La Nueva U’. Esto, para las directivas de ese partido es una violación a sus estatutos internos, por lo que por un espacio de tres meses no podría seguir representándolo en la Cámara.
Esta pelea, que también toca a los codirectores de la colectividad, Clara Luz Roldán y Alexander Vega –quienes fueron los primeros en pedir las sanciones contra López–, lleva más de tres años por la disputa del poder en un departamento con un potencial electoral de casi cuatro millones de votantes.
La disputa ha generado interés en otras toldas, al punto que representantes de esa región como Duvalier Sánchez (Verde) y Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), quienes han expresado públicamente su oposición a la gobernadora Toro y a su grupo político, tomaron partido en favor de López.
Y aunque el hoy presidente de la Cámara le aseguró a El Espectador que su intención es construir un movimiento en el seno del partido –en el que además ejerce como directivo– sin la intención de generar división o escisiones a futuro, la cúpula de esa fuerza política recibió ese tema como un golpe a su autoridad, por lo que tomaron acciones.
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En documentos a los que tuvo acceso este diario, que también reposan en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la defensa del representante López impugnó las medidas en su contra, sustentado en el artículo 11 de la Ley 1475 del 2011. En esos informes se hace alusión a la calidad de directivo de partido que, según la normativa, le permite exigir una medida para mantener sus derechos políticos vigentes.
El congresista explicó que con este movimiento podría seguir ejerciendo sus funciones legislativas, incluyendo la presidencia de la Cámara que hace parte de los móviles para su campaña de reelección al Congreso. En ello también se basó la mesa directiva del Cámara, que el 11 de noviembre notificó a La U la decisión de no acatar la sanción que le quitaba la voz y el voto sustentados en la normativa citada.
Sin embargo, para el secretario de este partido, Jorge Luis Jaraba, existe una malinterpretación tanto de la situación del congresista como la aplicación de la norma, que incurriría, bajo su concepto, en el delito de extralimitación de funciones. Según le dijo a este diario, “ellos (la Cámara) lo que deben esa darle cumplimiento, ellos no están llamados a hacer alguna valoración del oficio porque ellos no son ningún actor jurídico o judicial”.
Aunque Jaraba manifestó que las medidas cautelares no implican la suspensión de sus funciones como presidente en la Cámara, sí lo hace como representante de esta colectividad. A pesar de ello, López siguió con sus intervenciones y votos como congresista de La U tanto en la Comisión Sexta -a la que pertenece- como en la plenaria. Desde ese 28 de octubre han sido más de una decena de proposiciones y participaciones en las sesiones a las que tanto la secretaría general como el Comité de Ética ya solicitaron a la Cámara para adelantar las respectivas acciones disciplinarias contra la corporación.
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Y en esa misma línea, López ya jugó su carta en los despachos. En efecto, la defensa del representante que encabeza el abogado Mauricio Pava remitió una queja disciplinaria ante Procuraduría bajo el sustento de presunta desviación de poder “para neutralizar a un miembro electo constituye un empleo de funciones con finalidad ajena al mandato normativo”. La pretensión jurídica también incluye al secretario Jaraba y al presidente del Comité de Ética, Antonio Abel Calvo.
Sobre esta situación, en el partido aseguraron que aún no han sido notificados, a pesar de que los oficios se radicaron ante Procuraduría el pasado 14 de noviembre, para responder en la misma línea contra López y con el secretario general de la Cámara, Jaime Luis Lacouture. Este último por presunta extralimitación de funciones al no ejecutar la sanción de la colectividad.
Ni Roldán ni Toro se han expresado de manera pública al cierre de esta edición. Sin embargo, Vega manifestó que la disputa, si bien lleva el nombre de La U y de uno de sus directivos, “el tema es del comité de ética, es un procedimiento interno. Es poco lo que pueda opinar al respecto, más cuando solicitamos la investigación”. Asimismo, este diario consultó a Calvo en su condición de presidente del Comité de Ética, quien tampoco se ha pronunciado.
Este caso hace parte de las prioridades de la colectividad porque tienen que definir sus listas a Senado y Cámara en todas las regiones donde tienen presencia antes del 8 de diciembre próximo, cuando cierran las inscripciones de lista ante Registraduría. De hecho, ante las revelaciones de este diario el pasado viernes sobre la negativa de acatar las sanciones que fueron remitidas desde la Cámara, los codirectores, el secretario general y el Comité de Ética se reunieron para abarcar medidas para adoptar frente a esta división dentro de la colectividad.
Esta fue la respuesta de la Cámara a la U
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
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