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Por cuenta de la emergencia sanitaria que causó el coronavirus, desde el Congreso de la República –que recién este lunes reanudó sesiones– propusieron que con plata de la Nación se subsidie el pago de los servicios públicos de las poblaciones más vulnerables y de menores ingresos.
La iniciativa, de la senadora Ana María Castañeda –pero que cuenta con el respaldo de la bancada de Cambio Radical y congresistas de otros partidos–, pretende que la Nación, través de entes territoriales y de las propias empresas prestadoras de servicios públicos, pague servicios como acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas y telecomunicaciones.
Para la financiación de esta medida, se propone la creación del Fondo Especial de Auxilio para la Prestación y Acceso de los Servicios Públicos Esenciales, el cual estará vigente durante el tiempo que permanezca la contingencia. “Dicho Fondo estará compuesto por los recursos provenientes de las empresas prestadoras de servicios públicos en un porcentaje definido de acuerdo con el estado de sus utilidades, como por los recursos de libre destinación que la Nación y las entidades territoriales dispongan”.
Según la congresista, se trata de un auxilio que abarcará el valor no cubierto por los porcentajes de subsidio establecidos por los concejos municipales, hasta el límite del consumo por usuarios de los estratos 1 y 2.
“En este momento, la salubridad pública es inherente al derecho a la vida, como forma ineludible para garantizarla. A su vez, el acceso a los servicios de energía y las telecomunicaciones son determinantes en la garantía de los derechos a la educación y al trabajo en esta nueva realidad”, se argumenta en la carta firmada por los congresistas dirigida al presidente Iván Duque.
Si bien en la misiva se argumenta que la pandemia implica la mayor crisis económica, financiera y social del siglo XXI –tras el 11 de septiembre y la crisis financiera mundial de 2008–, la senadora Castañeda admitió que no conoce el costo de la propuesta. Sin embargo, dijo que demanda una acción coordinada de mandatarios regionales y Gobierno.
“Habrá lugares donde el ente territorial tiene la capacidad de asumir estos pagos, pero debemos estar en pro de solucionar el problema y no decir que todo se cobrará cuando pase la crisis”, manifestó la parlamentaria en diálogo con la emisora W Radio.
En la carta dirigida a Duque se argumenta que el presidente tiene las facultades para sacar adelante las iniciativas por cuenta de la declaratoria del estado de emergencia, y se citan cifras como que el 42,4% de los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia y 56,4% no son asalariados.
“Los ingresos de este tipo de trabajadores y sus dependientes dependen de su trabajo diario y esta actividad se ha visto repentina y sorprendentemente restringida por las medidas necesarias para controlar el escalamiento de la pandemia”, agrega la misiva.
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