
“Plan Marshall” para el Pacífico
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Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impulsó el Plan Marshall para sacar a Europa de la devastación y ponerle freno a la expansión del comunismo. La ayuda, transferida en gran parte en maquinaria, con la que por ejemplo se recuperó la industria automotriz italiana, ascendía a cerca de US$17.000 millones en 1954. Algo así: un salvavidas, un soporte para levantar la región Pacífico, es lo que quiere lograr el Gobierno Nacional con lo que el mismo Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha denominado el “Plan Marshall” para el Pacífico.
Se trata oficialmente del plan Todos Somos Pazcífico. Para hacerlo realidad se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo la consolidación de una gerencia para la región —que ya existe— y la creación de un fondo autónomo “que permitan rescatar el potencial de la región, rica en biodiversidad, recurso hídrico, cultura y etnias”, de acuerdo con el DNP. Se escogió esta región porque para el Gobierno es la que presenta mayores rezagos: la pobreza multidimensional allí alcanza el 34,6%, mientras la media nacional es 21%.
Se quiere, por ejemplo, disminuir la mortalidad infantil del 24,79% al 18,5% y aumentar la cobertura en vacunación del 81,1% al 95%. “La gerencia contará con US$400 millones, según confirmó el Gobierno durante el encuentro con las bancadas políticas”, comunicó el DNP. El plan recibió apoyo del Partido Liberal, la U, Cambio Radical, el Partido Conservador, el Verde y Opción Ciudadana.
El senador del Centro Democrático Iván Duque dijo a El Espectador que la bancada a la que pertenece ha “dado respaldo al Pacífico y apoya todo lo que tenga que ver con programas de cobertura especial” para esa región, pero que los asaltan dudas sobre las fuentes de financiación y la capacidad de instrumentación. “Que no se quede como un saludo a la bandera o algo enunciativo que luego no tenga cómo hacerse realidad”.
Sobre las fuentes de financiación, Manuel Fernando Castro, subdirector territorial y de Inversión Pública del DNP, explicó que “buena parte va a venir de recursos de préstamo con la banca multilateral, con el Banco Mundial y el BID. Alrededor de US$400 millones, se espera, van a venir de esas fuentes”. Los otros recursos, según él, provendrán del presupuesto nacional.
El patrimonio estará adscrito al Ministerio de Hacienda, que también presidirá la junta administrativa del fondo. El subdirector territorial agregó que el director ejecutivo será nombrado por la junta, que contará asimismo con la participación de dos gobernadores y dos alcaldes de la zona de influencia y tres delegados del presidente de la República. El propósito, según él, es que esos representantes sean del sector privado, “conocedores de buena parte de las necesidades y el potencial de la región”.
La estructura de dicha administración es la que precisamente tiene inconforme a la Federación Colombiana de Municipios. Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación, opinó que debería haber mayor autonomía local en el manejo del fondo, pues los mecanismos de control existen y una ejecución más directa aumenta la eficiencia. “La junta directiva debería tener presencia mayoritaria de los mandatarios locales”, dijo.
“La OCDE ha recomendado que en esos fondos no haya directamente funcionarios del Gobierno. Hay que ver cómo se va a manejar la gobernanza corporativa”, comentó el senador Duque. Por lo pronto, el DNP ha comunicado que el plan Todos Somos Pazcífico “se está construyendo entre el Gobierno Nacional, los gobernadores y los alcaldes”, y que entre las metas claras está ampliar la cobertura de acueducto y alcantarillado, electrificación y mayor conectividad para mejorar los costos y la facilidad en el transporte.
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Los artículos polémicos del PND
La Cámara de Representantes aprobó el artículo que implementa una tarifa a los usuarios de garajes o zonas de estacionamiento que incentive la utilización de transporte público.
También dio vía libre a la creación de la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, un establecimiento que reemplazará el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).
Otros artículos avalados fueron la venta de energía a través del sistema prepago y la implementación de un catastro multipropósito, con el que se pondría tope a los elevados cobros que se han venido imponiendo a los dueños de las viviendas y disposiciones para la titulación de baldíos.
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