Pedagogía para la paz

Con relación al primero, los resultados de la última encuesta Gallup que se conocieron a finales de 2014 muestran un panorama preocupante, sobre todo en lo que tiene que ver con los bajos y crecientes niveles de la imagen desfavorable del Congreso (69%), de los partidos políticos (78%) y del sistema judicial (79%), el cual, a diferencia de los dos primeros, por primera vez se ubica en niveles de desprestigio tan altos. En cuanto a entidades específicas, la Corte Constitucional tiene una imagen desfavorable del 43%, la Fiscalía del 52% y la Corte Suprema de Justicia del 55%. En cuanto a los órganos de control, la Procuraduría obtiene el 46% y la Contraloría el 41% (http://lasillavacia.com/archivos/historias/encuestas/gallup.pdf).

Todas estas instituciones tendrán un papel fundamental en un eventual escenario de posconflicto. No solamente tendrán la responsabilidad de diseñar y poner en marcha los instrumentos y reformas necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos a los que se llegue en La Habana, sino para garantizarles a los ciudadanos en general, y a las víctimas en particular, así como a los diferentes actores y sectores políticos, que sus derechos serán respetados. De otra parte, serán las encargadas de vigilar que los recursos destinados al posconflicto no se desvíen para favorecer intereses particulares y que los funcionarios públicos no entorpezcan los procesos conducentes a la realización de los acuerdos. Por eso, recuperar la credibilidad y la legitimidad en nuestras instituciones es esencial.

En cuanto al segundo tema, quizás menos evidente que el anterior, tiene que ver con la desconfianza y el desconocimiento que se perciben en la opinión pública sobre el proceso de paz. Por esto es indispensable diseñar y comenzar a implementar una campaña de pedagogía ciudadana, que, sin vulnerar los acuerdos de confidencialidad pactados y requeridos para la fase en la que se encuentran los diálogos entre el Gobierno y las Farc, tenga como propósito que los ciudadanos se apropien del proceso, conozcan y entiendan los alcances del mismo, así como sus limitaciones. Es decir, que los compromisos no sean vistos como un pacto a puerta cerrada, exclusivo y excluyente, entre los delegados gubernamentales y la guerrilla, como lo ven muchos sectores del país, sino como un acuerdo que convoque al Estado en su conjunto y al mayor número posible de ciudadanos, organizaciones políticas y de la sociedad civil y al sector privado. Asimismo se debe buscar que quienes por vías legítimas y legales disientan o se opongan a los acuerdos sean igualmente respetados y escuchados.

Dos retos, difíciles de alcanzar, pero inaplazables.