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Un grupo de organizaciones civiles, lideradas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, presentaron una propuesta en la que sugirieron una reformulación de la estructura de escogencia de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Constitucional.
Según un informe, producido por investigadores de la talla de Germán Burgos, los integrantes de la Judicatura deben ser seleccionado por cuestiones de mérito y los de las cortes a partir de una mayoría cualificada de nivel constitucional, capaz de hacer contrapesos al Ejecutivo y sus mayorías en el Congreso.
Para los defensores de derechos humanos, la plataforma de elección actual ha contribuido a que el Presidente y sus copartidarios en el Congreso de la República no tengan el control absoluto de todas las instituciones.
"Los vacíos institucionales más críticos que dificultan una mayor independencia remiten a la falta de un sistema de carrera judicial para los integrantes de las Altas Cortes de la jurisdicción ordinaria y contencioso-administrativa", señala el aludido informe.
El documento, titulado "Justicia bajo presión", también hace referencia a los atentados y persecuciones de los que han sido víctimas jueces y otros funcionarios del poder judicial en el último tiempo.
Además, se sugirió que se apruebe un tope presupuestal para la Justicia a nivel constitucional, con el fin de promover una mejor administración de los recursos, basado en la organización de los gastos y la inversión en la Rama.
Para las organizaciones, es de vital importancia defender la independencia de los poderes, como quiera que lo consideran como uno de los grandes logros de la Carta Política de 1991, y de allí que respalden de manera manifiesta, las objeciones de la Corte Suprema frente a la elección del nuevo Fiscal General de la Nación.
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