Política fiscal y desarrollo

Con suficiente razón, el sector privado ha advertido las consecuencias de este aumento de impuestos que demuestran unas contradicciones en términos de los objetivos de la política económica de mediano y largo plazo, como deben ser la competitividad, el pleno empleo, la mejora en la distribución del ingreso, el crecimiento industrial y agropecuario, el mejoramiento de la formación del capital humano y, en general, los temas de inversión e investigación tecnológica.

Pero el tema de fondo no es gravar con mayores impuestos el capital, por las distorsiones y desviaciones que esto genera, ahuyentando la inversión a otros países, con lo cual seguirá beneficiándose Asia, y así seguiremos en América Latina con la desigualdad y la pobreza sostenida.

De lo que se trata, entonces, es de una concertación con nuestros empresarios para que no sigan invirtiendo sus capitales en fábricas en Asia, y es claro que hay que eliminar el impuesto a las transacciones financieras que han distorsionado el manejo del efectivo, pero a la vez exigirle a nuestro sector bancario oligopólico que sea más eficiente y reduzca el costo del crédito y mejore la rentabilidad de los ahorradores, ya que son injustificables el margen de 15% de intermediación financiera y los altos costos administrativos del manejo de cuentas bancarias.

El Gobierno Nacional debe entender que el crecimiento de los gastos no puede seguir sin control, porque no hay por dónde exprimir más a los contribuyentes, y se hace imperativa una revisión de las finanzas territoriales de departamentos y municipios, porque la ineficiencia del gasto es creciente y la corrupción está desbordada.

La regla fiscal ha servido para reducir el endeudamiento de mediano plazo, pero mientras no existan un verdadero control y planeación del gasto, en nada contribuirá al ordenamiento de las finanzas públicas.

Es injustificable la manera como el Estado se ha vuelto promotor de los subsidios y dádivas sin una evaluación permanente de éstos en términos de su contribución a la mejora en la distribución del ingreso y la reducción de la desigualdad. Es aberrante que un subsidio como el de Familias en Acción se haya elevado a ley de la República, con lo cual se vuelve inmodificable y rígido su manejo. Debe existir mayor flexibilidad de estos instrumentos para que no se constituyan en recurrentes y permanentes. Le corresponde a Planeación Nacional evaluar su impacto y permanencia.

El gasto debe tener un techo y estar en función de la rentabilidad de la economía y no de los gastos desbordados y crecientes de un Estado ineficiente y confiscatorio, que sólo se preocupa por su cuatrienio.

Es muy preocupante cuando se cuantifican las inversiones que Colombia necesita para los acuerdos de la paz: ¿imaginarse de dónde van a salir los recursos de más de $90 billones?

Resulta inaplazable una reforma al Estado que involucre una reducción del gasto y una mejora en la eficiencia del Estado, empezando por el gasto de las Fuerzas Armadas, que han presentado un crecimiento exagerado desde 2002.

El costo de no intervenir de fondo en el gasto público consistirá en una mayor deuda, mayores tasas de interés y bajas en las calificaciones de nuestra deuda pública. Todo esto inducirá más inflación, devaluación y desempleo. Entonces nuestra débil economía no está blindada en el mediano plazo, como muchos optimistas creen.

Colombia debe promover, en los diferentes escenarios internacionales de América Latina, políticas que incentiven la inversión en la región y que eviten la salida de capitales hacia Asia. Llevamos más de 20 años criticando la apertura económica y comparándonos entre nosotros. Esta miopía no deja ver que los asiáticos son nuestros reales competidores, con economías más competitivas y eficientes.

Luis Alberto Correa *