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“¿Y por qué puso el niño Dios en el pesebre si todavía no es 24?”, le preguntamos justo después de saludarlo en un salón reservado de su casa. “Es que para mí el niño Dios nació ayer (jueves)”, responde con chispa santandereana Alejandro Ordóñez Maldonado y se echa a reir mientras se apoltrona para “la indagatoria”, como él mismo calificó en algún momento la entrevista. Se refería a que su elección como nuevo Procurador General de la Nación había adelantado la Nochebuena en su casa, muy a pesar de las ácidas reseñas que hicieron de él algunos columnistas o de los rumores que pusieron a circular sus contradictores para hacerlo parecer como un “cavernícola” de la peor laya por su exagerado conservadurismo.
“Estoy muy agradecido con los columnistas que tanto me atacaron —dice Ordóñez— porque me permitieron cultivar las virtudes de la paciencia y la prudencia y porque le demostré al país que soy equilibrado. No me fastidia eso, veo casi que con cariño lo que dijeron”, y afirma desafiante: “Que me muestren una sentencia en que yo confunda lo personal con el trabajo”. Fue la defensa que se esmeró en documentarle parlamentario por parlamentario los últimos dos meses y medio en los que estuvo cabalgando solo, haciendo campaña para su elección en el Senado. “Cuando fui juez muchos homosexuales se beneficiaron con mis sentencias. Yo no soy homofóbico, quienes me acusan de eso parecen cristianofóbicos. Un católico también puede ser un buen funcionario”.
Y a renglón seguido dice que le parece insólito que lo califiquen de fanático religioso porque sus creencias nada tienen de irracionales. Y aunque trata de esquivar hipotéticos escenarios sobre asuntos tan polémicos como el aborto o la eutanasia, sostiene que el derecho a la vida es inviolable “y eso no es sólo una convicción religiosa sino constitucional y científica”. Es por ello que sin ambages se reafirma en que volvería a demandar a Soho por la recreación que hizo hace un par de años de la Última Cena, en la que la figura de Jesucristo fue reemplazada por la desnudez de Alejandra Azcárate. La justicia, sin embargo, desestimó sus pretensiones de castigos ejemplares a quienes, según Ordóñez, irrespetaron un símbolo de su fe.
Tiene 54 años, dos períodos como concejal de Bucaramanga a cuestas, una “chamuscada” en su primer y único intento de llegar al Congreso y una trayectoria como jurista que le ha granjeado no pocos enemigos que, en palabras del nuevo Procurador, viajaron a Santander para esculcar los más recónditos pasajes de su juventud o los pecados inconfesables que tiene todo ser humano. Supo que se trataba de seis personas que examinaron con lupa todas sus sentencias, desde el Tribunal Administrativo de Santander hasta las que profirió como consejero de Estado. Nada encontraron, resalta Ordóñez. “¿No cree que si lo hubieran hecho me lo habrían enrostrado en estos días?”.
“¿Y el pacto de Ralito?”, contrapreguntamos en referencia a que lideró la tesis de que el ex senador William Montes no debía perder su investidura pese a que firmó el cuestionado documento con cuatro jefes de las autodefensas para refundar la Patria, en julio de 2001, y posteriormente, en el Congreso, votó la Ley de Justicia y Paz. En tono reposado dice que fue una decisión colegiada, que no se configuró un conflicto de intereses y que actuó en derecho porque en su criterio, que acogió la mayoría, no puede colegirse per se que los “paras” se beneficiaron directamente de un acuerdo suscrito cuatro años atrás. Más allá de consideraciones legales, el ex magistrado definió el Pacto de Ralito como un “instrumento” en donde se confundieron las armas con la política, en un hecho censurable, “pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra”.
No acababa de ser proclamado como nuevo Procurador, cuando Ordóñez se aventuró a exponer una tesis que levantó polvareda. Según él, ya tiene redactado un proyecto de ley para eliminar las funciones disciplinarias del Ministerio Público respecto de los congresistas. No es una discusión nueva, pero en vista de las circunstancias sus malquerientes le
interpretaron como un favor a quienes lo eligieron. Ordóñez se atrincheró arguyendo que es un esperpento la figura de que quien es el encargado de vigilar y sancionar al Congreso sea elegido por este mismo órgano, un carrusel sin sentido que cercena la independencia porque se crean “una serie de solidaridades implícitas sobre la transparencia de cualquier proceso judicial”.
No se trata, en su concepto, de eludir responsabilidades —“si tengo que sancionar o destituir, lo voy a hacer”, sostiene—, sino de que dicha facultad le sea transferida al Consejo de Estado, un tribunal autónomo que no le debe su conformación al Legislativo. Ordóñez, flemático en todas sus respuestas y sin entrar en minucias sobre el proceso parapolítico, apoyó la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó separar la investigación y el juzgamiento a los parlamentarios en la Corte Suprema de Justicia.
Sobre la mala memoria que el endilga un magistrado actual del Consejo de Estado sobre su posición, que fue derrotada, de quitar la investidura hace ocho años al entonces senador Fabio Valencia Cossio, por sus gestiones en el fracasado proceso de paz con las Farc del gobierno Pastrana, Ordóñez responde enfático: “Lo que eso demuestra es mi independencia. Yo era de la tesis que debía sancionarse a uno de los jefes de mi partido, el Conservador”, y con este antecedente jurídico y sus sentencias en mano capoteó a congresistas de la coalición de Gobierno y de la oposición que lo pasaron al banquillo antes de darle su irrestricto apoyo.
“La doctrina constitucional no es secuestrable por una ideología específica”, dice Ordóñez, un jurista que dice que lo suyo no es la caricatura, como intentaron hacerlo con él; muy al contrario, parece un hombre tan fanático de su religión como de la ley, y si de fanatismo se trata, en sus justas proporciones, no debería reñir lo uno con lo otro. Su periplo por la Procuraduría durante los próximos cuatro años revelará si sus malquerientes previeron con justicia sus pronósticos o si se equivocaron de cabo a rabo.
Un católico racional, no fanático
“En boca cerrada no entran moscas”, responde Alejandro Ordóñez al querer conocer su opinión sobre la posibilidad de una segunda reelección presidencial. Y en cuanto a su propia reelección, dice que será un Procurador de cuatro años, que es el período constitucional para el cual fue elegido. Asumirá el cargo el próximo 13 de enero y aún no entiende la razones de las críticas a sus creencias religiosas y el por qué lo tildan de “fanático”. “El fanatismo es una adhesión irracional a una ideología o una creencia. Mis adhesiones son racionales. Yo llevo 30 años siendo profesor de Filosofía del Derecho y de Historia de la Filosofía y he dirigido departamentos de humanidades de diferentes universidades. Han querido caricaturizarme pensando en que eso tendría unos efectos políticos, pero así como un agnóstico puede ser buen funcionario público, un católico también”.
La ventaja de Alejandro Ordóñez
El jueves 11 de diciembre, la Plenaria del Senado eligió como nuevo Procurador General de la Nación al abogado bumangués Alejandro Ordóñez Maldonado. La elección no sorprendió a nadie pero sí la contundencia en los resultados de la votación.
De 85 votos, Ordóñez Maldonado obtuvo 81 a su favor, mientras que sus otros compañeros de terna, el ex comisionado de paz Camilo Gómez, postulado por la Corte Suprema de Justicia, sacó uno y el profesor Germán Bustillo Pereira, candidato del presidente Uribe, ninguno. Los otros tres votos fueron en blanco.
Para muchos esta arrolladora elección obedeció a que Ordóñez Maldonado le sacó una ventaja de dos meses a los otros dos ternados. El Consejo de Estado lo postuló el 30 de septiembre, mientras que Camilo Gómez fue nominado el 27 de noviembre y Germán Bustillo el 29 de ese mismo mes. Ese tiempo, dicen, fue valioso para convencer a los senadores de que votaran por él.