Las trabas a fiscales antimafia

Así lo revela un completo informe preparado por la Unaim de la Fiscalía, conocido por El Espectador, que ha sido puesto en conocimiento, caso por caso, ante el Consejo Superior de la Judicatura. Uno de los hechos que mayores complicaciones tuvo, por los riesgos de seguridad que implicó para funcionarios de la Fiscalía y la Policía, ocurrió en mayo de 2008 en el Urabá antioqueño. Cuatro personas fueron capturadas llevando más de veintidós kilos de heroína en dos lanchas y les fueron incautados cerca de $2’000.000.

Los detenidos fueron trasladados al municipio de Apartadó y allí la Fiscalía se comunicó con una jueza de control de garantías de Carepa, quien estaba disponible. Sin embargo, contestó que el caso no era de su competencia, sino de la juez de Turbo. Los investigadores se comunicaron con la otra funcionaria y ella respondió que estaba incapacitada. Por eso se vieron en la necesidad de volver a llamar a la jueza de Carepa, quien dijo que ya eran las 6:30 de la tarde y que su turno había terminado a las 5:00 p.m.

Ante la premura y la amenaza de un probable vencimiento de términos, la Policía debió trasladar a los detenidos hasta el municipio de Chigorodó, luego de que el juez de esa población aceptara realizar la audiencia en su contra. Pese a los riesgos por el desplazamiento nocturno, finalmente la diligencia se pudo llevar a cabo.

Otro de los casos que causó indignación en la Unaim fue una audiencia celebrada en abril de 2008 en Bogotá. Un ciudadano español, que se dirigía a Barcelona, fue detenido en al aeropuerto Eldorado llevando en su maleta de doble fondo más de ocho kilos de cocaína. Según la Fiscalía, una vez el detenido fue puesto a disposición del juez de control de garantías, la audiencia se prolongó por más de ocho horas. El funcionario pidió además que le fuera puesto de presente el pasabordo con el que pretendía abordar el avión el detenido y el video en el que se registró desde la detención hasta que fue trasladado a la respectiva estación de Policía.

Después de todo, determinó que la captura fue ilegal porque el extranjero no fue trasladado de inmediato a la URI, sin contar que antes había que solicitar el equipaje del detenido, realizar prueba técnica para saber qué tipo de sustancia transportaba y ser sometido a rayos X para descartar que llevaba estupefacientes en su organismo. Aunque son muchos los hechos, un caso más que provocó rechazo por parte de la Fiscalía ocurrió en mayo de 2009 en Puerto López, Meta. La Fiscalía demostró que un vehículo había sido utilizado para el transporte de insumos para la producción de narcóticos. Después de escuchar los argumentos del ente acusador y del defensor del propietario del automotor como si tratara de un partido de fútbol, el juez manifestó que había habido “un empate” y pese a que contra el automotor se había iniciado trámite de extinción de dominio, el funcionario ordenó la entrega provisional del automotor.