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El mundo está inmerso en guerras que dominan los titulares, pero existe una más silenciosa y persistente que cobra tantas vidas como cualquier conflicto: la violencia contra las mujeres. Se estima que 840 millones de ellas, es decir, una de cada tres en el planeta, han sufrido violencia de pareja o agresión sexual a lo largo de su vida, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Esta cifra es profundamente significativa porque confirma, con datos irrefutables, la magnitud global de un problema que históricamente ha permanecido silenciado. Que 840 millones de mujeres hayan sufrido violencia de pareja o sexual evidencia un patrón masivo de agresión directa y revela cómo las estructuras sociales, económicas y culturales siguen permitiendo que estos abusos persistan”, explicó María Carolina Herrera, experta en género y construcción de paz del Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz de la Universidad Javeriana.
La crisis humanitaria afecta a la mayoría de los países. Según la OMS, Norteamérica registra un 27,9 % de mujeres que han sufrido violencia, cifra similar a Europa y Asia Central (27,7 %), y cercana a Oriente Medio y Magreb (26,8 %). Latinoamérica (23,5 %) y Asia Oriental-Pacífico (18,5 %) presentan tasas inferiores al promedio mundial.
En Latinoamérica, el 22,8 % de las mujeres han sufrido agresión por parte de sus parejas, con Bolivia (52,8 %), Costa Rica (34,2 %), Argentina (33,8 %) y Colombia (29,8 %) entre los países con mayor incidencia.
“Estas cifras funcionan como un megáfono estadístico que demuestra que las violencias de género no son un asunto privado ni doméstico, sino una crisis global de derechos humanos”, afirmó Herrera.
Aunque los datos ya evidencian que las agresiones basadas en género constituyen un problema mundial y de salud pública, los gobiernos y sus dirigentes no han reaccionado con la contundencia necesaria. En 2022, solo el 0,2 % de la ayuda global al desarrollo se destinó a programas para combatir esta problemática.
“Si apenas el 0,2 % de la ayuda global se dirige a programas contra las violencias que sufren las mujeres, ¿qué dice esto sobre el compromiso internacional? Este dato revela una brecha brutal entre el discurso y la acción: mientras el sistema internacional declara que el tema es prioritario, el financiamiento demuestra lo contrario”, afirmó Herrera.
A pesar de la existencia de estrategias efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres, la OMS advierte que la financiación para estas iniciativas está disminuyendo, lo cual incrementa el riesgo para millones de mujeres y niñas.
De hecho, aun con evidencia, investigaciones y organizaciones dispuestas a trabajar, solo se ha reportado un descenso anual insuficiente del 0,2 % en casos de abuso sexual desde el año 2000.
Por su parte, Erika Parrado Pardo, profesora de Historia en la Pontificia Universidad Javeriana, planteó una pregunta clave: ¿cuál ha sido realmente el papel de la comunidad internacional en las políticas adoptadas y en las respuestas frente a estas agresiones?.
Según ella, uno de los problemas radica en concebir esta problemática como un asunto de minorías, cuando en realidad responde a estructuras de poder que permiten que las desigualdades se mantengan en la mayoría de los contextos.
“En 2025, una desfinanciación global del ecosistema de derechos humanos ha afectado especialmente la justicia de género, generando nuevas brechas, vulnerabilidades y revirtiendo avances, incluyendo la ampliación de la brecha salarial entre hombres y mujeres”, afirmó Catalina Ruiz-Navarro, directora del medio Volcánicas.
Otro aspecto es la financiación de estas políticas. Según Parrado, esta problemática no se soluciona únicamente con conferencias y espacios con enfoque de género en las Naciones Unidas, porque no se ha evidenciado un cambio estructural.
La falta de recursos también ha debilitado a las organizaciones sociales. Un informe de ONU Mujeres publicado en octubre denuncia que los fondos destinados a organizaciones que luchan contra la violencia de género se limitaron durante 2025, lo que ha dejado a más mujeres expuestas a sufrir agresiones.
El documento, titulado En riesgo y sin financiación suficiente, subraya que el 34 % de las 428 organizaciones entrevistadas tuvieron que suspender o cerrar programas para erradicar la violencia contra mujeres y niñas.
Navarro advierte que el sector privado tampoco se compromete con los derechos de las mujeres: “La acumulación de capital depende de mantener y hacer crecer la desigualdad, restringiendo derechos, especialmente los de las mujeres”.
Entonces, ¿cómo se combate esta problemática?
Las expertas coinciden en que la raíz del problema es la profunda desigualdad entre hombres y mujeres, mediada también por raza, clase y etnia. Según Herrera, persisten normas patriarcales que legitiman la subordinación y control masculino, así como sistemas económicos y laborales desiguales que limitan la autonomía femenina.
Además, la OMS indica que aunque todas las mujeres son vulnerables a la violencia por su género, en ciertas regiones su impacto es desproporcionado, especialmente en zonas conflictivas o vulnerables al clima. Por ejemplo, en Oceanía —excluyendo Australia y Nueva Zelanda— el 38% de las mujeres sufrieron violencia de pareja en el último año, más de tres veces la media mundial del 11%.
Las consecuencias físicas y emocionales de las agresiones afectan la vida plena y libre de las mujeres. Muchas quedan embarazadas sin planearlo y enfrentan riesgos de infecciones de transmisión sexual y depresión. Por ello, los servicios de salud sexual y reproductiva son esenciales para brindarles atención integral y de calidad, según la OMS.
Asimismo, Navarro enfatizó que para superar esta problemática es necesario cerrar la brecha de desigualdad y garantizar el acceso real a todos los derechos. Para muchas mujeres que viven violencia, una renta básica universal, vivienda digna y educación pública gratuita y de calidad serían claves para romper la dependencia económica.
Parrado concluyó que la violencia debe entenderse no como un problema individual, sino como la expresión de un sistema amplio que atraviesa a toda la sociedad.
Finalmente, Herrera agregó que la agenda internacional debe incorporar enfoques con financiamiento sostenido, prevención desde edades tempranas que transformen normas machistas y una perspectiva interseccional que reconozca cómo la violencia afecta de forma desigual a mujeres rurales, indígenas, migrantes, LGBTQ+ y con discapacidad, considerando los cuerpos y los territorios que habitan.
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Por Laura Henao Arévalo
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