Falsos positivos en Chocó

A pesar de que ocurrió el 12 de febrero de 2004, hasta el día de hoy la Fiscalía no ha logrado establecer cómo murieron José Ulises Pérez Pérez, Luis Armando Campo Mercado, Edwin Enrique Arias Chávez y Alberto Mario Arias Manjarrés. Estos cuatro hombres de Sincelejo (Sucre) recibieron una oferta de un hombre conocido como El Soldado para trabajar en una finca bananera del Urabá y, el 10 de febrero de 2004, partieron con Cristóbal Mestra Támara en un taxi. Dos días más tarde fueron reportados como bajas por una unidad del batallón Francisco de Paula Vélez —adscrito a la brigada XVII— en Unguía, municipio del Urabá chocoano.

Lo que la Fiscalía ha construido hasta ahora parece un gran rompecabezas. Un día después del enfrentamiento, que acreditaron los militares, el Juzgado 94 de Instrucción Penal Militar abrió una investigación previa y en ese estado permaneció por tres años. El entonces capitán Jorge Mauricio Ramírez, el sargento William Agudelo Soto, el cabo Fausto Alejandro Lozada y seis soldados profesionales testificaron en esta instancia que, en el marco de la operación ‘Fugaz’, habían sostenido un combate contra integrantes del frente 57 de las Farc en el que murieron los cuatro hombres. El juez, en 2007, resolvió inhibirse de iniciar una acción penal contra ellos.

No obstante, en 2008, por solicitud de los familiares de las víctimas, el juez penal militar reabrió el caso y lo remitió a la Fiscalía.

El CTI estableció que los cuatro sincelejanos, a quienes sus familiares denunciaron como desaparecidos, habían sido enterrados como N.N. en el cementerio de Carepa (Urabá antioqueño). En mayo de ese año, los uniformados fueron llamados a indagatoria. Pero las declaraciones ya no coincidían con las entregadas al Juzgado Penal Militar 94, ni siquiera coincidían entre sí. Los investigadores, además, revisaron con lupa los informes del CTI, las necropsias y las bitácoras militares de 2004, y hallaron más irregularidades.

La Fiscalía estableció, por ejemplo, que Edwin Arias Chávez fue reportado como baja en combate no una sino dos veces y ante el mismo Juzgado Penal Militar 94: el 12 de febrero de 2004, en la operación ‘Fugaz’, y cuatro días después, en un enfrentamiento con un batallón contraguerrilla también adscrito a la brigada XVII. Se determinó que Pérez fue soldado profesional, entre 2000 y 2002, en el mismo batallón que en 2004 lo reportó como baja. Y en los informes de los levantamientos de los cuerpos quedó plasmado que los hombres, debajo de los camuflados, vestían ropa de civil. La misma con la que sus familiares los vieron por última vez.

Aunque los nueve militares declararon ante el Juzgado Penal Militar 94 que el combate sí había tenido lugar, en indagatoria ante la Fiscalía, algunas inconsistencias surgieron a flote. Unos aceptaron que tal enfrentamiento no había tenido lugar, pero que su superior, el hoy mayor Jorge Mauricio Ramírez, les había indicado qué decir a las autoridades. Ninguno admitió haber visto los cuerpos de los hombres muertos. Varios se contradijeron en las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos. Todos mencionaron un tiroteo, pero no quedó claro si los hombres murieron antes o después de que la tropa llegara, o si hubo disparos por parte de ésta.

Cuando Ramírez terminó su indagatoria, la sorpresa en la Fiscalía fue mayúscula. Explicó que él, como oficial de inteligencia, solía recurrir a las autodefensas en busca de información. Que para esa época un ganadero había sido asesinado y otro secuestrado. Que ambos eran amigos del presidente Uribe, por lo que la presión por conseguir resultados era aún mayor. Que los paramilitares le indicaron una fecha y un punto donde estarían los guerrilleros responsables de estos delitos. Que para desplazar a su tropa, omitió el origen de la información. Que al llegar a la zona se encontró con un guía ‘para’, quien lo condujo hasta el punto donde aparecieron los cuerpos.

Para la Fiscalía no cabe duda de que esos hombres fueron asesinados a sangre fría. Las circunstancias en que esto sucedió, sin embargo, resultan para este organismo una verdad empantanada. Los nueve militares fueron asegurados y recluidos en el Cantón Sur de Bogotá, pero es la actuación del mayor Ramírez, sobre todo, la que más interesa a la Fiscalía, por el cargo superior que ostentaba frente a sus hombres y por la admiración que parecía sentir por las autodefensas. Los uniformados permanecen en la guarnición militar en espera de saber si son llamados a juicio por los delitos de homicidio múltiple agravado, desaparición forzada y falso testimonio.