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Un ciudadano afectado por un fallo de tutela del Consejo Superior de la Judicatura, revocando su reintregro como funcionario de la Defensoría del Pueblo, precisó que denunciará a los magistrados, teniendo en cuenta una nueva decisión del Consejo de Estado que le da la razón.
Se trata de Enrique Bejarano, el ex jefe de control interno de la Defensoría, quien había presentado su renuncia formal al cargo que ocupaba, según dijo, tras estar sometido a la permanente presión del entonces Defensor Eduardo Cifuentes.
Poco tiempo después, el ciudadano acudió al Consejo de Estado para presentar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que al ser fallada por la magistratura, le otorgó la facultad de regresar a ocupar el cargo y ordenó el pago de una indemnización a ese organismo estatal como producto de los salarios que dejó de percibir durante ese tiempo.
Pese a que el actual Defensor Wolmar Pérez lo reintegró, acatando la sentencia, siete meses más tarde fue destituido nuevamente por acción de tutela que presentó el abogado Eduardo Cifuentes ante el Consejo Superior de la Judicatura y que determinó que en el fallo del Consejo de Estado se generó una violación al debido proceso.
El afectado se dirigió nuevamente al alto tribunal de lo contencioso administrativo, a través de una acción de tutela, mediante la cual pretendía que se restableciera la vigencia de lo actuado inicialmente por esa corporación.
Tras decidir la acción, el Consejo de Estado manifestó que, efectivamente, los magistrados que habían tomado esa decisión, se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones y ratificó la orden de reintegro del ex funcionario de la Defensoría del Pueblo.
"El juez natural del asunto desbordó la competencia y que la misma se impuso como juez constitucional", fueron algunas de las consideraciones expuestas por la colegiatura en este nuevo fallo de tutela que, para el afectado, constituye un evidente ‘choque de trenes’.
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