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Con sus más de cuatro millones de hectáreas, el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete es la joya de la corona de las áreas protegidas del país. No solo porque es el PNN terrestre más grande de Colombia, sino porque alberga una enorme cantidad fauna y flora, así como un valioso patrimonio arqueológico que ha llevado a que se conozca como la “Capilla Sixtina de la Amazonía”, además de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
A pesar de su nivel de protección, que mantiene cerrado el parque a la visita de la ciudadanía, Chiribiquete es uno de los parques de la Amazonia más afectados por la deforestación en los últimos 15 años, según informes de la iniciativa Parques Cómo Vamos. A pesar de que el presidente Gustavo Petro aseguró en agosto de 2024 que no dejarían destruir este PNN, “un patrimonio cultural y natural de la humanidad”, la deforestación sigue avanzando en el área protegida.
Ante el complejo panorama que vive Chiribiquete, al que se le suman cultivos de hoja de coca, aumento de la ganadería y construcción de vías ilegales, más de 4.000 campesinos de 26 veredas de Calamar (Guaviare) están cerca de lograr lo que, a ojos de varios investigadores e incluso el mismo Gobierno Nacional, sería un hito en la historia de conservación ambiental del país: constituir una Zona de Reserva Campesina (ZRC) en la zona de amortiguación del PNN, la primera en una zona de reserva forestal, establecidas por la Ley 2.ª de 1959 como una figura de conservación.
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Pero la ZRC Guardiana del Chiribiquete, como han denominado los campesinos amazónicos a este proceso que lleva más de cinco años, no solo busca ayudar a detener la deforestación en el área protegida y en el Guaviare —el tercer departamento con más deforestación en las últimas dos décadas—, sino también frenar la expansión de la frontera agrícola y transitar de la ganadería a actividades económicas menos impactantes. Sobre todo, dicen, buscan que haya un reconocimiento a que el modo de vida campesino no es excluyente de la conservación ambiental, como por décadas lo ha planteado el Estado.
Este miércoles 26 de noviembre se espera el último paso que definirá el futuro de este proceso: el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) deberá discutir la creación de la ZRC. Aunque los campesinos y varias organizaciones que los han asesorado esperan un apoyo de varios de los representantes del Gobierno Nacional (siete de diez), no están seguros de cuál será la posición de los otros representantes del Consejo.
Una figura inédita
Véiler Peña, un joven campesino de poco más de 20 años y que hace parte de una de las 26 veredas que buscan constituirse como ZRC, dice que tanto él, como sus demás compañeros, quieren que dejen de ver al campesino amazónico “como el terrorista de la selva” para pasar a ser los “guardianes de esta”. Para Daniel Dueñas, abogado, politólogo e investigador del Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES), una asociación interdisciplinar de profesionales que ha asesorado a los campesinos de Calamar, el llamado de Peña resume las “dos visiones contrapuestas sobre el modo en el que debería usarse la Amazonía”.
Al mismo tiempo que el Estado promovía la colonización dirigida en varios de los departamentos de la Amazonia a finales de la década de los 70 para que se trabajara la tierra, expedía leyes con un objetivo de conservación, como la Ley 2.ª de 1959, el Código de Recursos Renovables en 1974, mientras consolidaba “el auge de la política de la conservación con los Parques Nacionales Naturales”, complementa Catalina Oviedo, bióloga y coordinadora de la regional Amazonas de CEALDES.
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Esta fragmentación del Estado, como la califican Dueñas y Oviedo, dejó como resultado políticas “que abiertamente insistían en el retorno a zonas rurales, mientras había normas que hacían más restrictivo el uso del suelo”. En el medio, coinciden los investigadores, quedaron miles de campesinos, entre esos los que, a mediados de la década de los 70, empezaron a llegar a las orillas de los ríos Unilla e Itilla, en la zona rural de Calamar, en el centro occidente del Guaviare.
Tras décadas atravesadas por el conflicto armado, distintas bonanzas económicas como el caucho, el tigrilleo (caza de felinos), la hoja de coca y, de manera más reciente, la ganadería, los campesinos de Calamar vieron, luego del Acuerdo de Paz, firmado en 2016 por el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, “la necesidad de organizarnos bajo una figura que nos representara como campesinos y trabajadores sin tierra”, dice Peña. Ese mismo año, nació la Asociación Campesina de Trabajadores de los Ríos Unilla e Itilla (ASCATRUI).
Aunque el Acuerdo de Paz generó expectativas de inversión y de un nuevo relacionamiento con las entidades estatales, “la reconfiguración de poderes territoriales ante la acción fragmentada y diferenciada de instituciones del Estado llevó a un aumento sin precedentes en la deforestación y a la consolidación de una economía productiva basada en la ganadería extensiva” generó nuevos retos, reconocen los campesinos de ASCATRUI.
Con ese nuevo panorama, CEALDES y la Fundación Luterana Mundial empezaron en 2022 un acompañamiento a la Asociación para buscar cómo gestionar los nuevos conflictos socioambientales. La respuesta, recuerdan ahora Peña y los investigadores, fue la constitución de una Zona de Reserva Campesina “como estrategia para acompasar la conservación del bosque amazónico con los derechos y las economías campesinas”. En palabras de Oviedo, esta figura, que surgió en 1994, puede armonizar las dos visiones que el Estado tiene sobre la Amazonia y los campesinos que la habitan.
Sin embargo, esta figura de ordenamiento social, productivo y ambiental que busca, según el Ministerio de Agricultura, “el cierre de la frontera agropecuaria a través de la estabilización de la economía campesina, la formalización de la propiedad rural y superar los conflictos sociales en el campo”, no se podía establecer en territorios de Ley 2.ª, como Calamar. Eso cambió en 2023, cuando la Agencia Nacional de Tierras, a través del Acuerdo 337, habilitó la constitución de ZRC aun cuando exista un traslape con una Zona de Reserva Forestal.
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Meses después de esa decisión, ASCATRUI, junto a otras asociaciones campesinas, conformaron el comité de impulso y le solicitaron a la ANT que les permitiera conformar la ZRC Guardiana del Chiribiquete, con una extensión de 183.000 hectáreas que conforman 26 veredas de Calamar. De aceptarse la solicitud, será la primera Zona de Reserva Campesina que se traslapa, casi en un 100 % (99,5 %) con una zona de Ley 2.ª.
A finales de octubre de este año, en una Audiencia Pública adelantada en Calamar y a la que asistieron representantes de varias entidades del Gobierno Nacional que deberán decidir el futuro de la ZRC, los campesinos presentaron su Plan de Desarrollo Sostenible, un requisito para que el proceso siga adelante.
En este documento, que fue aprobado en la Audiencia Pública, los campesinos aseguran que le apostarán a un proceso de reconversión productiva con la ganadería. Aunque en el Plan reconocen que esta es “una de las actividades económicas más importantes del territorio”, advierten que es “a la vez uno de los principales motores de la deforestación en la Amazonia”, por lo que concentrarán sus esfuerzos en hacer “que esta actividad se realice de forma más eficiente y sostenible para evitar que la selva siga siendo talada para el establecimiento de praderas”.
En un 35 % de la ZRC, se llevarían a cabo estas y otras actividades que califican como “Desarrollo Sostenible”, como la agricultura y los sistemas silvopastoriles, mientras que otro casi 48 % del terreno estaría dedicado exclusivamente a protección y conservación. En otra porción, correspondiente al 14 %, adelantarán procesos de restauración para el uso sostenible.
Tras la Audiencia Pública, José Luis Quiroga, Viceministro de Desarrollo Rural (e) del Ministerio de Agricultura, aseguró que la constitución de la ZRC “es entender, para nosotros como Estado y para la sociedad en su conjunto, que campesinos y campesinas de esta zona están trabajando permanentemente para aportar en la conservación de áreas estratégicas, como el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete”.
Aunque la constitución de la ZRC permitiría, a los ojos de los campesinos de ASCATRUI, “armonizar la conservación y los derechos campesinos”, lo inédito de la figura también representa una de sus principales limitantes. “Esta zona no resuelve de fondo el conflicto alrededor de la titularidad de la tierra”, señala Oviedo, de CEALDES, haciendo alusión al segundo conflicto que se busca gestionar con estas figuras. Al estar en zona de Ley 2.ª, la tierra (baldíos en su mayoría) siguen siendo inadjudicables, es decir, que no se pueden entregar.
Si bien hay proyectos de ley que buscan atajar esta limitación, Oviedo reconoce que la ZRC tendría dos impactos positivos en este sentido: garantizaría la permanencia a pesar de no tener resuelto el tema de la tierra y aumentaría la inversión en la zona. A ojos de Marisela Silva, campesina integrante de ASCATRUI, esto es clave para superar una barrera histórica en sus territorios: la baja inversión de las entidades estatales en vías, educación, salud, entre otros sectores.
Todos los ojos de los campesinos e investigadores que llevan años trabajando en este proceso están puestos en el Consejo Directivo que se reúne este miércoles. Luego de que el camino se cayera cuatro veces en la consulta previa que los campesinos tenían que adelantar en dos resguardos indígenas con los que limita la zona propuesta, en octubre de este año lograron, por fin, que las comunidades dieran su visto bueno.
Con la consulta previa adelantada y el Plan de Desarrollo Sostenible aprobado, la decisión recae en diez personas: los representantes de los ministerios de Agricultura, Interior, Justicia y Ambiente, un delegado del Presidente, los representantes del Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, así como tres delegados de comunidades indígenas, negras y agropecuarios. Nadie se anima a anticipar el resultado de la votación.
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Mientras se conoce el resultado de la sesión, Dueñas y Oviedo hacen una última anotación: la constitución de la ZRC Guardiana del Chiribiquete sería un primer paso y no significa que la deforestación se detendrá en el corto plazo. El éxito, concluyen los investigadores, dependerá de la inversión que todas las entidades competentes realicen en la ZRC y de las dinámicas del conflicto armado que siguen afectando a parte de este territorio.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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