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La semana pasada, el presidente Petro trinó sobre los recursos que Estados Unidos dejó de darles en esa política de suspender la cooperación internacional. El jefe de Estado dijo que les va a entregar ese dinero. ¿Se ha hablado del tema oficialmente?
No, pero espero que lo haya. La congelación de los recursos de Estados Unidos, que no sé si será provisional o definitiva, sí impacta algunos casos que veníamos trabajando. Pero no quiere decir que se vayan a paralizar o que entonces nunca va a haber sentencia. La JEP sigue andando y nosotros tenemos igualmente otra cooperación internacional que es muy importante. Esperamos que sea provisional, que esa decisión se reconsidere y descongelen los recursos. Nos interesa seguir manteniendo una relación de colaboración armónica con Estados Unidos.
¿Cómo va el trabajo para emitir las primeras sentencias? Hace unos meses usted mismo nos explicó que necesitaban tener claros cuáles son los proyectos que pueden tener en cuenta para consolidar las sanciones.
Estamos haciendo un trabajo muy importante en ajustar la demanda y la oferta que tenemos, respecto a las sanciones que podemos emitir. Necesitamos tener claros esos proyectos porque de ellos dependen las sanciones. Tenemos una oferta institucional que tiene cada ministerio y que nos puede servir. Hay otros proyectos que no. Lo que estamos trabajando con el Gobierno es en que ellos sepan cuál es la demanda que tenemos nosotros sobre los proyectos que necesitamos, según las exigencias de las víctimas, y que ellos nos digan qué podemos usar. Ya nos dijeron que tienen 155 que nos podrían servir. Ahí está el éxito de este trabajo, pues en el fondo hay un tema clave: que las sentencias se puedan cumplir.
¿A qué se refiere?
A que, si sacamos esas sentencias sin hacer este segundo trabajo de verificar que sí se puedan cumplir, pues no tiene sentido. Hay muchos que dicen que la JEP tiene que sacar esas sentencias como sea y ya. Que el gobierno mirará cómo las hace cumplir. Pero lo que a nosotros nos interesa, más allá de ese papel, es que todo lo que diga la sentencia se pueda cumplir. Nosotros no podemos ser así de irresponsables de no revisar eso muy bien.
¿Podría darnos un ejemplo?
Por ejemplo, la JEP condena a una persona por una ejecución extrajudicial, y parte de la sanción al compareciente, es que haga un programa de desminado. Si no verificamos que ese sea un proyecto viable y financiado, pues nunca lo va a hacer. Y, como no lo puede hacer, pues ni cumple su pena, ni las víctimas se van a sentir resarcidas. No mirar esos proyectos me parece irresponsable. Lo más fácil sería sacar la sentencia sin verificar lo que estamos haciendo. Es más, si quisiéramos, la sentencia saldría mañana, pero queremos ser responsables. Por eso estamos construyendo ese banco de proyectos para que las sentencias sean ejecutables. La JEP tiene que verificar que puede sancionar a algo que es posible cumplir. Por eso mismo, también hemos avanzado con los diálogos con el sector privado.
¿Cómo sería ese proceso con las empresas privadas?
Hay figuras como el pago de impuestos por obras. Según nos han explicado, hay $1 billón 100 mil pesos para esto y ya hay empresas interesadas en esos programas. Para ser más específico: las empresas tienen programas sociales y con ellos descuentan impuestos. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es que esas empresas inviertan en proyectos que puedan servir como sanciones y, a cambio, descuentan impuestos. Además, les damos un sello restaurativo por su compromiso con causas como estas. Queremos orientar esta oferta privada para la paz y orientada en esos territorios donde necesitamos llegar para cumplirles a las víctimas.
¿Alguien ya manifestó su interés?
EPM, algunas empresas multinacionales suizas y gremios antioqueños, entre otros. Esto no es una ciencia ficción. Esto está andando. Así como nuestro diálogo permanente con el gobierno para seguir construyendo con ellos el banco de proyectos para que podamos ajustar las sentencias. También estamos trabajando con mucho juicio con las entidades territoriales y tenemos de mesas de trabajo con Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Casanare, Huila. El que más está funcionando es Antioquia.
¿Por qué?
Porque ahí, además de que confluyen todos los fenómenos de violencia, tienen una institucionalidad que está funcionando. Hay mesas de trabajo con las víctimas y voluntad política, digámoslo claramente, de apoyar esos proyectos. Ojalá otros departamentos se sumaran y siguieran el ejemplo de Antioquia. No solo departamentos, sino también empresas privadas. Ojalá apoyen a la JEP y a esta apuesta de proyectos para las sanciones. La gran idea es contar con ese gran banco para que el juez decida qué es lo mejor para su caso. Esto es mucho más difícil que simplemente sacar la sentencia y decirle al gobierno: “Mire a ver cómo la cumplen”.
¿Cómo se define un proyecto con el privado?
Lo primero es sentarnos con ellos y explicarles cuál es nuestra necesidad. A partir de allí, ellos revisan con sus técnicos qué les conviene y qué pueden aportar. Así nace otro banco de proyectos o una base de datos, pero con las empresas. Hay empresas antioqueñas que tienen proyectos de desarrollo en el Urabá que nos interesan. Entonces lo que hacemos es que los invitamos a que los desarrollen con nosotros. Es un diálogo entre oferta y demanda.
Es clara la voluntad que tienen de que sus sentencias no se queden en el papel, como pasa usualmente en este país. Pero, cómo encontrar el punto de equilibrio entre su misión judicial en estos temas y en este rol más político de encontrar sanciones que se ajusten a sus sentencias. ¿No debería ser esa la tarea de una entidad administrativa o ejecutiva?
Nosotros tenemos que entender que los jueces transicionales cumplen un rol distinto a los jueces ordinarios. Un juez ordinario se desentiende del cumplimiento de la sentencia y simplemente condena a ciertos años de prisión y es responsabilidad del Inpec el lugar y la vigilancia de ese condenado. Ese juez no ordena construir una cárcel, por ejemplo, ni explica quién debe mantenerla. Ahí está el desafío para nosotros. Y no me refiero a que tengamos la obligación de construir esa cárcel, sino de tener proyectos viables para poder mandar a un compareciente a x o y lugar. Si ni siquiera tenemos claro a dónde podemos enviar a los sancionados, pues es muy complicado emitir esas sentencias. Por eso tenemos un rol diferente.
De alguna manera les toca ponerse en esa tarea de formular políticas públicas…
Aquí nadie está diciendo que entonces la JEP se tenga que volver un actor político. Lo importante es que entendamos que nosotros también tenemos que participar precisamente en esas políticas públicas que nos dan el universo de proyectos que podemos utilizar en nuestras sanciones. Si no asumimos ese rol, las sentencias no se van a cumplir y va a haber una gran frustración. Necesitamos asegurarnos de que la sanciones se pueden cumplir Tampoco es que estemos haciendo nada raro. El Plan Nacional de Desarrollo dice claramente que quien estructura los proyectos y los financia es el Gobierno, no la JEP. No pueden financiar cualquier cosa y en cualquier parte. Por eso estamos trabajando en lograr esa coordinación entre la oferta y la demanda. Ese trabajo lo tiene que asumir, por ley, la instancia de articulación que no se reunía desde mayo pasado. Ya logramos que se reactivara y ya está andando.
Usted hablaba de 155 proyectos que ya estarían andando con el gobierno, ¿ahí entra el proyecto para las víctimas de los falsos positivos en Bogotá?
Ese es un ejemplo. No sé si ahora está financiado, por el problema que ahora tiene el gobierno con el presupuesto. Pero es un ejemplo de un proyecto que viene manejando el Ministerio de Cultura. Al tiempo, ese mismo monumento lo han pedido las organizaciones de víctimas ante la JEP. Se llama “Un monumento posible. 6.402 razones para no olvidar Parque Memoria”. Esto es viable y se puede incluir en nuestras sanciones. Ahora lo que tenemos que hacer es ajustarlo a lo que pueden realizar los comparecientes.
Miembros del Partido Comunes, el propio expresidente Santos, Humberto de la Calle y los congresistas Carlos Lozada y Sandra Ramírez, entre otros, coinciden en que el Acuerdo de Paz habla de una sola resolución en su contra para cerrar el proceso ante la JEP. Usted ha dicho que no. Esto ha generado ruido, con carga política, porque además han dicho que más de una resolución podría ser una violación al mismo Acuerdo. ¿Qué les contesta?
Los exFarc han presentado varias solicitudes, entre ellas, la petición de que haya una resolución única. Nosotros, como lo dijimos hace unos días, estamos haciendo todo lo posible para resolver de manera rápida la situación jurídica de ellos. Pero lo que es claro es que ya no puede haber una sola resolución. Todos los magistrados que tienen casos contra las Farc se reunieron hace poco y sostuvieron que la Corte Constitucional ya dijo que sí puede haber más de una. Pero más allá de esa discusión jurídica, lo que es claro es que ya no puede haber una sola, porque ya existe una, la de secuestro. Ahora bien, estamos trabajando para unificar todos los casos que quedan contra ellos para emitir las menos posibles. Pero una única, no va a pasar. Estamos pensando en cuál estrategia elegimos para unificar todo lo que queda, los casos territoriales, el de violencia sexual y de reclutamiento, por mencionar unos. Pero no sé cuántas vayamos a tener al final. En todo caso, nuestro interés es que sean las menos posibles.
¿Dónde están las dificultades?
Primero, en que son investigaciones que cada una va a su tiempo. Segundo, porque cada proceso tiene sus propias víctimas y cada una es un universo particular. Asimismo, cada uno tiene a sus propios victimarios, ya sean altos mandos o medios. Hay que examinar eso con mucho cuidado y explicarles de la mejor manera. En todo caso, la Corte Constitucional nos faculta a sacar varias resoluciones, pero nuestra voluntad es sacar las menos posibles. Estamos viendo cómo los acumulamos. No es fácil por lo que explico sobre el tiempo y las víctimas.
Hay otro tema de polémica y son las investigaciones contra los mandos medios. Figuras como el expresidente Santos, el exsenador De la Calle y la ONU han expresado sus “peros”, pues sostienen que lo que se firmó en La Habana nunca habló de investigar a esos mandos medios. ¿Qué opina?
Primero hay que aclarar una tema: la noción de qué es un máximo responsable no la inventamos nosotros. Eso viene de la jurisprudencia penal internacional, más específicamente, en la política criminal de la Fiscalía de la CPI. Segundo, la noción de máximo responsable que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para darnos a nosotros la hoja de ruta está basado, precisamente, en esos conceptos internacionales. Entonces, aquí tenemos dos tipos de máximo responsable: uno que tiene que ver con su liderazgo en una conducta punible, que son los altos mandos.
¿Y el segundo?
El otro es por su participación en ese hecho, que no necesariamente son los líderes, sino comparecientes que tuvieron un rol esencial en la ejecución de un patrón criminal. Para nosotros esto es muy claro. Para entenderlo, pongo el siguiente ejemplo: ¿Qué pasa si nos quedamos solo con los máximos responsables, como ellos lo entienden, y lo trasladamos a los comparecientes de la fuerza pública? Aquí tenemos un problema de igualdad. Si lo aplicamos como ellos dicen, entonces solo tendríamos a generales vinculados a los macrocasos y no podríamos imputar ni a soldados, cabos, tenientes o mayores. Nosotros lo tenemos claro: aquí también hay máximos responsables por participación determinante en los hechos. Quiero insistir en algo: esa noción de máximo responsable que tenemos en la JEP no me la inventé yo ni se la inventó alguno de mis compañeros. Todo está basado en la jurisprudencia penal internacional.
Pero ahí también entra la exigencia que les han hecho las víctimas de vincular a esos mandos medios, ¿no?
Claro, porque muchas de ellas tienen claro quién fue el que dio la orden de asesinar a sus familiares y en muchos casos no fueron los del Secretariado. Los máximos responsables por liderazgo tuvieron conocimiento de los planes generales, mientras que los máximos responsables, que son mandos medios, tuvieron un conocimiento mayor de los hechos. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, en el tema de secuestro, el Secretariado tendrá conocimiento de los planes de secuestro o de los patrones. Pero ¿quién ejecutó qué y quién hizo qué? Eso no lo sabe el Secretariado, eso lo saben los mandos medios, que además nunca habían sido investigados. Eso lo sé por la Fiscalía.
¿Por que?
Porque se investigaban autores materiales, por ejemplo, quién secuestró a La Cacica o quién secuestró a Ingrid Betancurt y automáticamente se le imputaba al Secretario sin pasar por todas las cadenas de mando. Nosotros estamos haciendo lo que nunca se había hecho.
Este es un tema que cada tanto reviven los exfarc y suele coincidir con momentos en que la JEP va a emitir decisiones en su contra. ¿Cómo hacemos para avanzar en este tema?
Lo que yo diría es que en ninguna parte del Acuerdo, o que me muestren a mí, hay un artículo que dice la JEP solo era para la cúpula de las FARC. El Acuerdo es claro y dice que es para máximos responsables. ¿Qué hace un juez con eso? Lo interpreta teniendo en cuenta lo que dice el derecho penal internacional. Si quisieran que fuéramos estrictos con el término, pues entonces con la fuerza pública pasaría lo mismo y nos tocaría revisar todo lo que ya hemos hecho con ellos. Es un tema de igualdad.
¿Usted cree que Santos, De la Calle y demás se sienten dueños del proceso o de la jurisdicción?
Yo no quiero entrar a esa polémica. Simplemente diría que, si uno mira el último informe de la Misión de Verificación de la ONU, dice claramente que la JEP está cumpliendo con el Acuerdo de Paz.
Más allá del tiempo que se han tomado para emitir las sentencias, también hay otra polémica sobre lo que está tardando la JEP en sacar adelante otros macrocasos que iniciaron al tiempo. ¿En qué va ese tema?
Acabamos de firmar una estrategia para darle celeridad a todos los casos, es un acuerdo que firmamos hace poco. A partir de su adopción, se integran unos grupos de trabajo entre los macrocasos, fiscales de apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y sus investigadores para acelerar todos los casos. Lo que les quiero decir es ya estamos actuando en una estrategia que tiene varias partes para darle la mayor celeridad posible a todos los casos. La idea es que trabajen entre todos para sacarlos rápido. Es una estrategia de trabajo en equipo para, primero, centrarse en los máximos responsables y su individualización. Luego, investigar patrones y hechos ilustrativos, porque una de las críticas que nos hacen es que estamos investigando demasiado y hechos muy puntuales.
Es que además no tienen tanto tiempo para investigar hecho a hecho…
La idea con este acuerdo es que quede muy claro que vamos a investigar por hechos ilustrativos. No podemos investigar con la exhaustividad de la justicia ordinaria porque además no es nuestra labor. Es una estrategia integral, porque hay que acelerar los macrocasos. También estamos trabajando en otro acuerdo para aclarar la ruta de trabajo de las sanciones propias. Necesitamos dejar claro qué hace la JEP y qué hace el gobierno para garantizar cuáles son las competencias y las rutas para la imposición de las sanciones. Además, estamos trabajando en otra estrategia para acelerar el trabajo de la Sala de Amnistías para que los colegas de esa instancia puedan apoyar a los de los macrocasos.
¿La JEP está tranquila con los tiempos establecidos en el Acuerdo?
Tranquilos no estamos. Estamos muy estresados. Pero por eso quiero darles a todos el mensaje de que estamos adoptando una estrategia integral para acelerar los macrocasos, resolver la situación jurídica de los comparecientes y en otros asuntos jurídicos. Estamos moviendo todo para darle el cierre, digamos jurídico al proceso de paz, y lo más importante: que las víctimas se sientan garantizadas de sus derechos. Es claro que sentimos la presión del tiempo, pero para eso estamos adoptando diferentes medidas para racionalizar el tiempo y los escasos recursos en cuanto a personal y recursos que tenemos. Vamos a trabajar de una forma diferente. Hay una frase que me encanta y es “fracasar es cuestión de método” y creo que sí.
¿El Fondo de Paz ya desembolsó el dinero para pagar las sentencias?
No, todavía no lo ha dado. Estamos esperando a que eso se materialice. Hay que aclarar varias cosas: primero, esos son recursos que jamás se ha pensado que entren en el presupuesto de la jurisdicción Nosotros no vamos a administrar eso afortunadamente, porque es un problema. Faltan otros pasos administrativos del gobierno. Esos recursos no están. Esa es la realidad.
¿Y qué les han dicho?
Que está en trámite, como en los bancos. Pero estamos haciendo todo para avanzar. Aquí existe una corresponsabilidad de todos. No es que yo me quiera desmarcar de la responsabilidad de la jurisdicción, pero sí quiero ser claro en que necesitamos una voluntad política muy fuerte para que todo esto se cumpla. Lo que estamos haciendo es el reflejo de lo que podría ser otro proceso de paz. Entonces, si esto no funciona, pues va a ser un desastre. La sentencia no es lo más importante, sino el proceso que hemos tenido, especialmente con las víctimas. Aquí hemos hecho cosas que nadie había logrado. No solo en materia de reconocimiento de responsabilidades y de perdón, sino de tratar de hacer unas investigaciones completas y para que alguien las pueda cumplir.
Por eso insisto: si el afán son las sentencias, sentencias es lo que hay en Colombia. Somos el país de las sentencias. Pero pregunto: ¿Para qué le sirve a una víctima un papel, si no tuvo a oportunidad de hablar en el proceso, si no supo la verdad o no le pidieron perdón? Si el afán son las sentencias, pues cogemos las de la justicia ordinaria. Lo que necesitamos es la verdad que no se sabía, la participación de las víctimas, que los responsables acepten públicamente que cometieron los delitos. Por eso creo que las sentencias no son lo más importante.
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