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Lo que ocurre en Santurbán es consecuencia de múltiples inconsistencias legales y de dinámicas sociales que, si no las enfrentamos ya, se multiplicarán a lo largo y ancho del país.
La legislación colombiana provoca este conflicto y por ello, hoy, no solo los ambientalistas sino también muchos gobernadores y alcaldes se oponen a que se adelante minería en sus municipios o departamentos.
La riqueza en minerales e hidrocarburos no es una condena; es una oportunidad. Su disponibilidad no obliga a su extracción; abre escenarios donde pueden tomarse decisiones adecuadas sobre cómo manejar dicha oportunidad. Para definir si extraer o no un recurso, debemos siempre evaluar el impacto social, económico y ambiental de la actividad propuesta. Si se decide extraerlos, la sociedad participa para definir cuáles son las condiciones de su extracción, uso y venta. Pero, si es el caso, debe tomar la decisión de mantenerlos bajo tierra. Lo segundo ocurriría si se considera que el efecto neto de su extracción y uso es negativo. También se puede decidir postergar su explotación hasta cuando el país ofrezca las condiciones adecuadas para beneficiarse en mayor medida de esta actividad.
Una sociedad bien informada y con instituciones públicas sólidas debe ser capaz de tomar decisiones adecuadas que, ante circunstancias cambiantes, pueden y deben ser periódicamente revisadas. El precio del mineral, las condiciones técnicas de su extracción y sus impactos ambientales y sociales cambian tanto como la capacidad institucional, los valores sociales y las circunstancias económicas que definen la evaluación costo-beneficio.
Para evitar mayores confrontaciones debemos comenzar por reformar el Código Minero y revisar el carácter de interés público y beneficio social que éste concede a la minería, pues ahí descansa la razón por la cual esta actividad atropella decisiones sociales de uso del territorio.
Es urgente reglamentar el Plan Nacional de Ordenamiento Minero, que contiene interesantes propuestas, entre ellas que todo proyecto minero requiere un análisis costo-beneficio como parte de su estudio de impacto ambiental, para comparar sus beneficios con los costos sociales y ambientales.
El proceso de titulación minera debe incluir un concepto previo de la autoridad ambiental regional que advierta tempranamente al inversionista de posibles incompatibilidades para la extracción minera en el área o porciones del área solicitada.
Igualmente, se debe restablecer la licencia ambiental para la fase de exploración de los proyectos mineros y para la fase de sísmica de los proyectos petroleros. Es urgente formalizar la minería artesanal tradicional, generar incentivos y definir tiempos para mejorar sus estándares ambientales. Además, debemos erradicar la minería ilegal mecanizada, conocida como minería criminal, adelantada por actores armados.
No solo en Santurbán sino en todo el país, las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos deben ser georreferenciadas y excluidas del área sujeta a titulación minera. Se debe ratificar la exclusión de la minería en los páramos, en todo el territorio nacional.
Evitemos que la confrontación armada se siga desplazando a los lugares ricos en minerales e hidrocarburos, reformemos y armonicemos la legislación.
*Miembro Consejo Nacional de Planeación
Twitter @Juparus
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