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Venezuela está a días de llevar a cabo las elecciones con las que se elegirán 3.082 cargos de elección popular, entre los que hay 23 gobernaciones, 335 alcaldías y 2.724 cargos para las asambleas legislativas y los concejos municipales, con 38 partidos con tarjeta electoral. El informe La salud de la democracia en Venezuela: elecciones del 21N y su impacto en la frontera, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y National Endowment for Democracy, resalta los principales aspectos que despiertan preocupación, en medio de unos comicios en los que la oposición está dividida y la victoria del oficialismo parece ser el resultado más probable. En medio de ello, el ventajismo institucional, la presencia de la comunidad internacional y las miradas de sospecha en torno a ello, así como la apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, son algunos temas centrales en estas nuevas elecciones.
Como un ejemplo de autoritarismo competitivo, entendido como un régimen en el que las instituciones democráticas formales son utilizadas por quienes ostentan el poder para llegar y mantenerse en el gobierno, teniendo una ventaja en la competencia política y electoral, impidiendo que se lleven a cabo unas elecciones legítimas, en las que la oposición no tiene forma de ganar, Venezuela ha sido escenario de maniobras políticas que han ayudado a la concentración del poder, “debilitando y cooptando la dimensión liberal de la democracia”, afirma el informe de Pares.
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Un ejemplo del ventajismo institucional, según informa la Asociación Civil Súmate, es la utilización de cargos públicos y bienes (o recursos) del Estado para favorecer las candidaturas. Además, también está el uso de la red de medios públicos por parte de Nicolás Maduro para promover campañas afines a su régimen, así como la creación de instituciones paralelas, que terminan modificando el entramado existente para hacer de estas algo favorable en términos electorales y políticos. El protectorado, como un recurso que se estableció en las alcaldías y gobernaciones en las que no ganó el oficialismo en elecciones pasadas, y con la que se ha creado una figura ad hoc con las funciones del gobernador o el alcalde, es una muestra de ello.
Ahora bien, la pandemia ha agregado un factor más al ventajismo institucional, pues desde algunas organizaciones sociales se ha afirmado que el Plan de Vacunación y la aplicación de los biológicos se ha convertido en un mecanismo de cooptación de votos del oficialismo, “al dar vacunas a cambio de apoyos políticos, atentando contra la salud pública, el voto libre y la preservación de la salud como bien común”.
Transparencia Venezuela ya lo había advertido: al margen del mercado negro, la forma en la que el Estado venezolano ha priorizado la vacunación ha sido arbitraria. Por un lado, la asignación en este campo se ha hecho a través del Sistema Patria, “una plataforma digital a través de la cual las personas se inscriben ‘voluntariamente’ para poder acceder a los servicios públicos y beneficios, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, el pago de salarios a servidores públicos y, recientemente, la vacunación”. La cuestión detrás de ello es que este instrumento está ligado al Carnet de la Patria, y por consiguiente al partido de gobierno, “que funciona como un mecanismo de identificación que opera como herramienta clientelar para administrar las necesidades de la población”, se lee en el documento.
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La situación de la frontera entre Venezuela y Colombia no proyecta un panorama alentador para los comicios. Los problemas de seguridad, asociados con la presencia de grupos armados, tráfico de personas, narcotráfico y contrabando, pueden prevalecer, en tanto los candidatos con mayor probabilidad de asegurar las gobernaciones en los estados de Zulia y Táchira, presuntamente, sostienen vínculos con los grupos y las redes ilegales de la zona.
Ante este panorama, la presencia de la comunidad internacional es considerada un avance, sin embargo, según detalla Pares, esto no es garantía de que no se cometan delitos electorales, pues lo máximo que podrían hacer las partes extranjeras es denunciar lo sucedido, como se ha hecho antes. “La presencia de la comunidad internacional puede generar una sensación de legitimidad a las elecciones, tal y como lo ha denunciado la oposición, sin que necesariamente sea así y se cumpla con la premisa de que la democracia no es solo la celebración de elecciones sino las mínimas garantías que deben cumplirse en el marco de esto, y que el oficialismo ha vulnerado en múltiples ocasiones”, concluye el informe.
A la espera de una jornada electoral en la que probablemente la victoria será del oficialismo, si además se toma en cuenta que la oposición está fragmentada y el ala gobiernista ha usado a su favor las instituciones, se espera que el abstencionismo sea menor al 69 %, teniendo en cuenta la población vacunada, aunque el clima político que vive el país no asegura una mayor participación.
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